12. DELITOS ECONÓMICOS

12.1 Introducción

Se inicia este apartado haciendo una sentida mención a la enorme pérdida que en el año 2021 sufrió la especialidad de delitos económicos con el fallecimiento en el mes de diciembre del Fiscal de Sala que hasta ese momento se encontraba al frente de la misma, el Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Campos, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. Esta ausencia ha repercutido profundamente no solo en esta materia y en los fiscales a ella dedicados, sino que se hace extensiva a toda la carrera fiscal, al ser Juan Ignacio Campos un compañero tan querido como respetado por sus cualidades humanas y profesionales; una persona que concitó con extraordinaria naturalidad los valores de dimensión personal y los de carácter institucional. Su incontestable valía jurídica, su capacidad de estudio y trabajo, el sesgo reflexivo y mesurado de sus posicionamientos jurídicos y la lealtad que durante muchos años enriquecieron a todos los que con él trabajaron, sin duda facilitarán el que su ausencia no implique el olvido del legado que deja a la carrera y que no es otro que su franca imagen como servidor público, ajena al ruido y a los reconocimientos, lo que constituye, sin duda, la esencia de la función de todo buen fiscal.

El memorial de 2020 se centró en la repercusión que en la vida social y política de la nación supuso la grave crisis sanitaria conocida como COVID-19. Consecuencia de dicha pandemia, como ya se alertó, ha sido un deterioro de la situación económica de muchos ciudadanos, y como ocurre en toda crisis económica, al acrecentamiento de las desigualdades entre los mismos, lo que de suyo afecta a esta materia.

Es por ello que la delincuencia económica en la actualidad ha adquirido una dimensión que no puede ser ignorada, pues afecta a los recursos del Estado y al correcto funcionamiento de la economía en general, y porque procurará un detrimento en el ciudadano que es quien sufre sus últimas consecuencias. Es evidente que la respuesta a estos delitos será esencial para poder mantener el Estado social y democrático de derecho instaurado por la Constitución, norma que proporciona las reglas básicas de convivencia de todo orden, constituyendo el quebranto de las de naturaleza económica, germen no solo de desigualdades individuales sino también del surgimiento de estados sociales de insatisfacción y de rechazo si no se percibe dicha respuesta.