11.5 Cuestiones de interés suscitadas por los Fiscales coordinadores
Por razones de espacio no es posible referirnos a todas las cuestiones de interés suscitadas en las Memorias de las distintas Fiscalías sino solamente a las que acumulan mayor carga de preocupación y comentario.
La fiscal de VP de Madrid, indica que el número total de expedientes realizados por la sección de vigilancia penitenciaria, correspondientes a los seis juzgados de vigilancia penitenciaria durante el año 2021 ha sido de 52.646. Se consolida, con ello, el progresivo aumento de informes que ya se había generado durante el año 2020 con 43.784 asuntos, frente a los 38.876 despachados en el año 2019. Han sido notificados a los efectos del artículo 107 del Reglamento Penitenciario, 1.171 acuerdos de clasificación de grado. Es de destacar que se ha producido un significativo aumento de expedientes gubernativos originados por las clasificaciones en tercer grado en relación con el año anterior, que se despacharon 1.001 expedientes.
Entre las cuestiones jurídicas se señala que una de las que mayor incidencia y repercusión ha sido la relativa a la libertad vigilada. Se da cuenta de la necesidad de elaborar un protocolo de actuación para la ejecución de la medida de libertad vigilada. Hay que reseñar que en las Jornadas de 2022 se ha abordado este tema y alcanzado Conclusiones que, junto a las de 2019, servirán de orientación en las distintas fiscalías sobre los problemas, especialmente competenciales, que se suscitan frecuentemente.
Da cuenta, finalmente, del avance en programas de justicia restaurativa. La fiscalía ha tratado de fomentar la implementación de estos talleres. Un total de 170 personas internas han participado en los programas impartidos en los centros penitenciarios y de inserción de la Comunidad de Madrid.
En la Memoria de la Fiscalía provincial de Barcelona, el delegado de Vigilancia Penitenciaria, recoge en su Memoria que la población reclusa en Cataluña (7.738 internos) se mantiene estable prácticamente con el mismo número que el año anterior. Se ha producido un espectacular aumento del trabajo en el servicio; de los 21.544 dictámenes realizados en el año 2020, se han pasado a realizar 25.091 dictámenes en el 2021. Destaca que la cuestión de competencia acerca de quién debe resolver la apelación contra la concesión del artículo 86.4 RP ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en Auto de 25 de mayo de 2021, otorgando la competencia al Tribunal Sentenciador y acogiendo, pues, la tesis del Ministerio Fiscal. Posteriormente, dicho criterio fue ratificado por el Tribunal Supremo en el Auto de 8 de septiembre de 2021, siendo esta resolución de enorme transcendencia en el ámbito de Vigilancia Penitenciaria.
En la Memoria de la Fiscalía provincial de Alicante, por el fiscal de VP se señalan diversos temas. De los 16.601 dictámenes, el mayor número se corresponde con los TBC (4185), en consonancia con el mayor número de expedientes incoados por el Juzgado, que ha duplicado los datos de 2020 (de 907 a 1.857), recuperando así la dinámica anterior a la aparición de la pandemia COVID. Destaca también, por los mismos motivos, el aumento de tramitación de permisos, en los que la suma de los propuestos por las juntas y las quejas de los internos lleva el número total a 3.091 dictámenes, frente a los 1.665 del pasado ejercicio. Se indica que se ha recuperado este año judicial –en lo que es la tónica general de las distintas fiscalías– la normalidad en el despacho de asuntos, pero que se han mantenido los contactos con las autoridades penitenciarias e internos de forma no presencial, por razones sanitarias.
La Memoria recoge la preocupación por dos temas –LV y tratamiento médico inconsentido– que han sido llevados a las Jornadas de 2022 y en las que se han adoptado importantes y clarificadoras Conclusiones.
Respecto de los terceros grados notificados a fiscalía en aplicación de lo previsto en el artículo 107 RP, el número de comunicaciones, bien de los centros penitenciarios de la provincia, en los supuestos del artículo 103.7 RP, o de la SGIIPP en los restantes, asciende a 420, habiendo detectado un uso razonable y razonado de la institución de la semilibertad por la Administración penitenciaria, pues solo han sido recurridos dos de los acuerdos.
Por el fiscal de Castellón, se señala como significativa la actuación que ha tenido el Ministerio Público frente a los acuerdos administrativos de clasificación de los penados con aplicación del artículo 86.4 del RP, evidenciando la diferencia de criterio en esta materia del Ministerio Público frente a la Administración penitenciaria. En 2021 las notificaciones de resoluciones de clasificación en tercer grado fueron 103 y se interpusieron por el Ministerio Fiscal 8 recursos contra tales resoluciones.
Informa el fiscal de Badajoz, que las instalaciones de la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria son insuficientes, puesto que las dimensiones e instalaciones generales de la Fiscalía no permiten la ubicación de instalaciones específicas para esta materia. De otro lado se señala que, si bien la implantación de la Fiscalía Digital en el ámbito de la vigilancia penitenciaria ha sido el acontecimiento más importante del año en la actividad de la fiscalía de vigilancia penitenciaria de Extremadura, la forma de implantarse en la práctica no ha sido acertada. El principal problema se ha suscitado respecto de los expedientes digitales relativos a presos que tuvieron alguna entrada en Centros Penitenciarios de Extremadura antes de la implantación del expediente digital (1.200 expedientes aproximadamente). En estos casos, solo el gran esfuerzo de funcionarios e informáticos han permitido solventar muchos problemas, en la medida que al ser el programa informático del JVP distinto al programa informático de la Fiscalía, en numerosas ocasiones el expediente remitido por el juzgado no llega correctamente a la FVP, por lo que debe repasarse continuamente el estado de tramitación en que se encuentran múltiples expedientes.
La Fiscalía de Santander, a través de la coordinadora da cuenta de la queja que los trabajadores de los centros penitenciarios transmiten de forma reiterada, esencialmente la Subdirección médica y que influye en la organización de la vida penitenciaria. Se trata de la disminución del personal y la edad cada vez más avanzada de los funcionarios, con varias jubilaciones los dos últimos años no cubiertas, déficit que se ha suplido, parcialmente, a través de telemedicina, sobre todo en consultas de psiquiatría, estomatología y tratamientos de desintoxicación de drogas y alcohol.
Se indica, por otra parte, que el número de expedientes del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha descendido ligeramente en relación a años anteriores, alcanzando un total de 1.948, reduciéndose tanto los de permiso de salida (los más numerosos) como los de clasificación, debido al menor número de internos por las obras de acondicionamiento para que las celdas dobles, debido a la antigüedad de más de 100 años de la prisión del Dueso, pasen a ser individuales, así como para aumentar la seguridad.
Por el fiscal de A Coruña, se señala que el grueso del trabajo de la Sección se concentra como en años anteriores en los expedientes de permiso de salida, puesto que en el año 2021 se emitieron un total de 1.746 dictámenes mientras que en el año 2020 la cifra por este concepto fue la de 1.811 dictámenes. A pesar del número elevadísimo de permisos concedidos el número de quebrantamiento de los mismos es muy bajo, puesto que en el año 2021 sólo se han contabilizado 7 casos de no reingreso después de disfrutar de un permiso de salida, frente a los 11 casos del año 2020 y los sólo 4 quebrantamientos que se detectaron el año 2019.
La Fiscalía de Bilbao recuerda que por Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria y Decreto 169/2021, de 6 de julio, tuvo lugar la conocida como transferencia de prisiones al País Vasco, transferencia que se materializó el 1 de octubre de 2021. Por Ley 3/2021, de 30 de septiembre del Parlamento Vasco se creó Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social, con la finalidad de acometer como empleador, todo lo referente al trabajo, la formación ocupacional o la inserción socio-laboral de las personas condenadas a penas privativas de libertad. Por último, derivado de la transferencia de la competencia en materia de prisiones, se ha procedido al cambio de denominación de los tres centros penitenciarios, la cual coincide en cada caso con la de la provincia en la que radican. Se indica asimismo que la cifra global de 1.387 internos en esa Comunidad Autónoma es similar a la del año 2020.
Por la fiscal de Las Palmas, se recoge en la Memoria que durante el ejercicio 2021 estuvieron bajo la jurisdicción del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria un total de 2.151 internos, frente a los 2.116 internos del año anterior; ligero aumento del número de internos que, sin embargo, distribuidos en tres centros penitenciarios, ha permitido descongestionar en alguna medida el centro de Salto del Negro (CP Las Palmas I), lo que en años anteriores todavía no se había conseguido. El número total de dictámenes emitidos por la Fiscalía en asuntos procedentes de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria ascendió a 4.486 sin contar con los dictámenes en materia de tercer grado de los internos provenientes del Centro Directivo, que son 233 frente a los 298 del año pasado. Por tanto, han disminuido los dictámenes con respecto al año pasado en que se emitieron un total de 5.074 dictámenes. Sigue pendiente la creación de una Unidad de Madres en la Islas, puesto que no existe ningún módulo específico a tal efecto, de manera que las internas tienen que ser trasladadas a la península y el aumento de medios personales en todos los Centros Penitenciarios de las islas.
La Fiscalía de Tenerife da cuenta de que se emitieron un total de 4.023 dictámenes (por los 3.129 dictámenes del año 2020), un total de 11 visitas de inspección a los Centros Penitenciarios y que se observa estabilidad en el número de internos recluidos en los tres establecimientos existentes.
Por el fiscal de Burgos se señala que durante el año 2021 se ha completado la tramitación digital de todos los asuntos competencia del Juzgado de Vigilancia. El expediente digital ha permitido la desaparición de forma total del papel. El trabajo de esta forma se agiliza notablemente excepto a la hora de revisar las resoluciones finales dictadas por el Juzgado puesto que para ello es necesario acudir caso por caso al Visor documental. Se indica también que durante el año 2021 se ha producido la inauguración del nuevo Centro Penitenciario de Soria abandonando las instalaciones anteriores.
La Fiscalía de Sevilla, por medio del fiscal delegado, informa del elevadísimo número de expedientes (10.008 incoados durante el año 2021) que se registran a diario en la Fiscalía procedentes de los dos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria –los núm. 2 y 11 de Andalucía–. Muchos de los expedientes incoados por los dos JVP exigen varios dictámenes sucesivos, por lo que el número de los dictámenes de cada una de las seis fiscales que integran la Sección ha sido elevadísimo en el año 2021 (un total de 26.900). Informa que desde esta Sección se han promovido durante el año 2021 un total de 73 expedientes de acumulación jurídica de condenas.
Por el fiscal de Cádiz se indica que el nuevo régimen de libertad condicional apenas se aplica, dado que la mayoría de los internos a los que les sería propuesta la libertad condicional renuncian a la misma, prefiriendo continuar en régimen de tercer grado. El establecimiento de un plazo de suspensión que en muchos casos sería notablemente superior al tramo de cumplimiento restante y, sobre todo, la circunstancia de que en caso de la revocación de la libertad condicional el tiempo transcurrido en la misma no compute como tiempo de cumplimiento, lo que introduce un elemento de incertidumbre en la fecha de licenciamiento definitivo, determinan a la mayor parte de los internos a optar por continuar en tercer grado, muchos de ellos en régimen de control telemático del artículo 86. 4 del RP. Por ello, tanto en la Fiscalía provincial como en las Fiscalías de área de Algeciras y Ceuta, la mayoría de los expedientes de libertad condicional tramitados en este ejercicio se corresponden con hechos cometidos antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015.
Se da cuenta, por otra parte, de que por Auto de 13 de octubre de 2021 la Audiencia Provincial de Cádiz estimó el recurso interpuesto por la Fiscalía, concediendo el permiso extraordinario de cuatro días, al considerar que el día 17 de agosto de 2021 concurrían los presupuestos para el disfrute del permiso penitenciario aunque no fuera posible la asistencia al sepelio que ya había pasado. La cuestión pone de relieve la importancia de la conclusión 2.ª de las Jornadas de 2022 alusiva a que «Los permisos extraordinarios de internos que deban ser aprobados por razones de urgencia y en los que el Juzgado o Tribunal competente para autorizarlos no se encuentre operativo, ni sea posible esperar a que lo esté, deberán ser autorizados por el Juzgado de Guardia del que dependa territorialmente el Centro Penitenciario donde se encuentre el interno». En este sentido menciona la citada Memoria el Acuerdo de la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de septiembre de 2021, que se pronunció a favor de la competencia de los Juzgados de Instrucción en servicio de guardia en asuntos urgentes en materia de Vigilancia Penitenciaria fuera de las horas hábiles de los días laborables.
De otra parte, se informa de que son frecuentes las quejas de los internos por la prohibición de adquirir determinados objetos del exterior, los cuales deben ser comprados a través del economato de los centros penitenciarios, sobre lo que se ha pronunciado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz en el sentido de que dichas prohibiciones son razonables y están fundamentadas en la seguridad de los centros penitenciarios y que las mismas no afectan a los derechos penitenciarios de los internos (Auto de 30 de septiembre de 2021, Expediente de Queja n.º 503/2021 del JVP n.º 10 de Andalucía y Auto de 28 de mayo de 2021, Expediente de Queja n.º 271/2021 del JVP n.º 10 de Andalucía).
Por la fiscal de Huelva, se informa que fueron despachados un total de 5.770 dictámenes (4.913 el año anterior) sin que quepa sino remitirse a su detallada Memoria en la dación detallada de la estadística y causas despachadas. De otra parte, indica que, en relación a la justicia restaurativa, no consta aún el desarrollo de programas específicos de tratamiento en sentido estricto sobre ello, pero sí se han de destacar programas del CP en los cuales, durante al año 2.021, se ha trabajado con los internos el desarrollo de empatía en relación a las víctimas.
La Fiscalía de Navarra, a través de la delegada, destaca el funcionamiento del centro penitenciario de Pamplona que en este año sigue mejorando las prestaciones y tratando de que las actividades que se programan se puedan llevar a cabo. Observa un ascenso de la población interna del Centro con relación al ejercicio 2020 (282 en 2020 y 346 a final de 2021). Da cuenta de que, tras la firma de los correspondientes convenios entre la SGIIPP y la Consejería de Justicia del Gobierno de Navarra, se han implementado el Programa para el Control de la Agresividad Sexual y el de Justicia Restaurativa, desarrollado éste último por Mediación Navarra. Las sesiones del taller han sido individuales y han participado 2 mujeres y 6 hombres, todos ellos clasificados en segundo grado. En tres casos se cerró el programa, ya que no había reconocimiento del delito tras haber realizado 2 o 3 sesiones. Indica que el inicio del programa debería pasar por un mínimo reconocimiento de los hechos. Se concluye que se está en el inicio de una nueva experiencia que será beneficiosa para internos y especialmente para las víctimas.
La Memoria de Toledo con carácter general señala que considera imprescindible afrontar la regulación de un derecho procesal penitenciario superando la consolidada anomalía representada por la disposición adicional quinta LOPJ.
Resalta que se ha avanzado decisivamente y desde enero de 2022 se ha implementado Fiscalía Digital de forma que ya se trabaja plenamente con las aplicaciones vinculadas al sistema integral digital.
De otra parte, da cuenta de que existen tres materias en las que la actuación del Ministerio Fiscal es más intensa: trabajos en beneficio de la comunidad (con 2112 entradas y 864 dictámenes, más los correspondientes «Vistos») permisos de salida (con 2649 entradas y 1399 informes, más los correspondientes «Vistos») y grado (con 496 entradas, entre Centro Directivo y Juzgado, y más de 300 informes). Es cierto que peticiones y quejas o expedientes disciplinarios son también relevantes, pero el alcance de los dictámenes es de menor intensidad argumental.
Señala que se mantiene lo que en la Memoria del año anterior se describió como «una notable flexibilización tanto de las Juntas de Tratamiento como del Centro Directivo en la concesión de tercer grado», incluso de manera reiterada tras ser revocados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria tras el oportuno recurso del Ministerio Fiscal. Así, de los 114 expedientes recibidos desde el Centro Directivo, frente a los 78 del año anterior, se ha interpuesto recurso en 27, siendo en su práctica totalidad estimados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria primero y confirmados después vía recurso, sin perjuicio de que la estimación haya sido total o parcial, revocando el tercer grado, pero aplicando un segundo grado flexible conforme al artículo 100.2 RP.
La Fiscalía Provincial de Zaragoza, a través de la fiscal coordinadora da cuenta de que Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Aragón han firmado en 2021 un convenio de colaboración para mejorar la atención sanitaria en los centros penitenciarios aragoneses, se ha abordado el acceso telemático a las historias clínicas informatizadas de los internos y la implementación de la telemedicina que permitirá la realización de consultas a distancia de algunas especialidades mediante un sistema de telecomunicaciones.