6. UNIDAD DE APOYO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

6.1 Gobernanza

6.1.1 Oficina Fiscal

A pesar del tiempo transcurrido desde la activación del modelo, todavía hay territorios sin implantación y con unos ritmos muy heterogéneos. Se halla pendiente en La Rioja, Andalucía (parcial), Asturias, Cataluña y Navarra. Las dificultades en la implantación de la oficina fiscal se deben a la falta de priorización dentro de los proyectos de la administración correspondiente, que se relaciona con problemas concretos, como la falta de previsión presupuestaria, la pretensión de ligar su implantación a la de la oficina judicial o una infructuosa tramitación de los instrumentos legales autonómicos que tienen que dar cobijo a la oficina.

6.1.2 Transparencia

La Fiscalía General del Estado está comprometida con las obligaciones dimanantes de la legislación sobre transparencia, ofreciendo a los ciudadanos información periódica y actualizada para garantizar la transparencia de sus actividades. En los ámbitos institucional, organizativo y de planificación da lugar a la publicación de información relativa a las funciones que se desarrollan, la normativa que resulta de aplicación y la estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento.

Tras recibirse el informe de evaluación del Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno, en el que se ponían de manifiesto las líneas de actuación para una plena convergencia con sus directrices, en este momento se han ejecutado todas las actuaciones precisas, de manera que se accede a la sección de trasparencia desde la home de fiscal.es, distribuyéndose la información en cuatro áreas estratégicas: institucional y organizativa y registro de actividades de tratamiento, información de relevancia jurídica, información económica, presupuestaria y estadística e información patrimonial. Además, se establece un canal para la solicitud de información pública. En toda la información consta traza de actualización.

Durante el año 2021 se han atendido motivadamente 14 solicitudes de información pública (9 el año anterior), todas ellas contestadas en plazo, siendo 11 estimatorias y 3 estimatorias parciales de la información solicitada.

En el apartado sobre solicitud de información pública se relaciona el conjunto de expedientes tramitados desde 2014 en la forma prestablecida por el Consejo, con acceso, en su caso, a la resolución desestimatoria, debidamente anonimizada.

6.1.3 Relaciones con las Administraciones (comisiones mixtas)

Las comisiones mixtas articulan una parte importante del marco de relaciones entre el Ministerio Fiscal y las Administraciones que le proveen de medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su función. Ello se articula en el día a día con la relación que se mantiene entre la Unidad de Apoyo y el Ministerio de Justicia y el resto de las Comunidades con competencias en la materia.

Durante el año anterior se celebraron nueve comisiones mixtas con las Comunidades de Aragón, País Vasco, Galicia, Cantabria, Andalucía y Aragón.

En ellas se abordaron cuestiones sobre:

– Medios materiales e infraestructuras.

– Medios personales, fundamentalmente el personal al servicio de la Administración de Justicia que compete a estas Administraciones y otro personal que presta la colaboración y que igualmente depende de las mismas.

Ante evidencia de que las fiscalías, en general, dedican entre una cuarta y la tercera parte de sus funcionarios exclusivamente al servicio de menores, este año se ha hecho un estudio pormenorizado de las ratios cuando se excluyen esos funcionarios. El resumen de la situación en 2021 se concreta en las siguientes ratios:

	Ratios Fiscalías Nacional
Funcionarios / órgano judicial	0,40
Funcionarios / órgano penal	0,64
Funcionarios sin Menores / org. judicial sin Menores	0,37
Funcionarios sin Menores / org. sin Menores.	0,58
Funcionarios / fiscal	0,68
Órganos judiciales / funcionario	2,58
Fiscales / funcionario	1,58

– Organización de las fiscalías, con especial incidencia sobre la oficina fiscal, modelo diseñado hace tiempo, pero todavía pendiente de implantación en múltiples territorios.

– Soporte tecnológico a los órganos fiscales, con especial incidencia en las aplicaciones de gestión procesal y las relacionadas con el ejercicio de la función fiscal.

– Oficinas de atención a las víctimas, cuya competencia corresponde a estas Administraciones, pero cuyo ejercicio interacciona de forma relevante con la función fiscal.

– Integración y participación de las fiscalías en determinados convenios u órganos autonómicos.

– Presupuestos ejecutados en lo que concierne al Ministerio Fiscal.

– Protección de datos, especialmente en base a la posición de las Administraciones como encargadas de algunos tratamientos y como suministradoras de medios materiales para propiciar entornos adecuados.

6.1.4 Atención ciudadana y defensor del pueblo

El número de nuevos expedientes incoados por el servicio de atención ciudadana se recoge en los siguientes cuadros, donde también se hace referencia al tipo de reclamaciones a las que corresponden.

Expedientes de Atención Ciudadana incoados en 2021

Tipo reclamación	Total
Por correo electrónico	609
Por correo ordinario	107
Por derivación interna dentro de la institución	6
Por fax	0
Presentación personal en registro	7
Total	729

Por tipo de reclamación Comunicación Ciudadana en 2021

Tipo reclamación	Quejas	Denuncias	Peticiones de información	Otros	Total
Por correo electrónico	137	284	170	18	609
Por correo ordinario	27	56	11	13	107
Por derivación interna dentro de la institución.	2	1	2	1	6
Por fax	0	0	0	0	0
Presentación personal en registro	1	5	1	0	7
Total	167	346	184	32	729

Por tipo de reclamación Comunicación Ciudadana referentes a la Ley de Transparencia en 2021

Tipo reclamación	Ley de Transparencia
Por correo electrónico	7
Por correo ordinario	5
Por derivación interna dentro de la institución.	2
Por fax	0
Presentación personal en registro	0
Total	14

Comunicaciones recibidas del Defensor del Pueblo en 2021

Tipo	Total
Expedientes abiertos durante 2021	104
Expedientes pendientes al 01/01/2021	108
Expedientes pendientes al 31/12/2021	93

Orden jurisdiccional al que se refieren las reclamaciones formuladas por el Defensor del Pueblo en 2021

Orden jurisdiccional	Total
Civil	2
Contencioso administrativo	0
Militar	0
Penal	4
Social	0
Otros.	1
Total	7

6.1.5 Indicadores sociológicos de la Carrera Fiscal

Los indicadores sociológicos de la Carrera Fiscal tienen por objeto proporcionar, de forma gráfica, información sobre el perfil de sus miembros. Al principio de cada año se publica en la página web un amplio estudio actualizado con la situación a 31 de diciembre.

Además de las presentaciones y parámetros habituales, en desarrollo del Plan de Acción 2019-2020 del Plan de Igualdad, se introducen elementos para ofrecer un estado de los parámetros que tienen incidencia en ese ámbito.

En relación con los procesos selectivos para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, se proporciona información, desagregada por sexo, de la composición y presidencia de los tribunales de acceso y de los directores, ponentes y profesores de los programas de formación continua e inicial.

Con abstracción de la amplia exposición que obra en nuestro portal, en este apartado se hace referencia únicamente a los datos más significativos.

– Hay 2.620 fiscales de los cuales el 65% son mujeres.

– En relación al número de fiscales por cada 100.000 habitantes y tomando los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, la media nacional en 2021 fue de 5,14 fiscales/100.000 habitantes frente al 5,02 de 2019. La ratio más alta está en las Fiscalías de Canarias, con 5,75 y de les Illes Balears con 5,63 y la más baja en la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra, con 3,33.

– El porcentaje más elevado de fiscales se encuentra en el tramo de edad de 40 a 49 años, con un 33% de la plantilla, seguido del tramo de 50 a 59 años, con un 28 %. Los fiscales de edad inferior a 30 años representan el 3%. En cuanto a la relación edad/antigüedad, las fiscalías de órganos centrales y no territoriales presentan las medias más elevadas (59 años de edad y 32 años de antigüedad). En el sentido opuesto, las fiscalías de Cataluña, Canarias y País Vasco presentan la media de edad más baja (42 años la primera y 44 las otras) y la inferior media de antigüedad (13 años Cataluña, 14 Canarias y 15 País Vasco).

– En cuanto a la distribución por sexo, del total de fiscales, el 65% son mujeres. El porcentaje más elevado se encuentra en las fiscalías de País Vasco, Madrid, Cataluña, Navarra y Baleares, con índices superiores al 70% (el 77% en las dos primeras). En cuanto al rango de edad, el mayor porcentaje de mujeres se encuentra en los tramos de 40 a 44 años, donde su presencia supera el 71%. En los nuevos ingresos, que ocupan el menor rango de edad (25 a 29), el porcentaje de mujeres es del 72%. Por otra parte, en cuanto a cargos directivos, hay una mayor presencia de hombres: en la categoría de Fiscales de Sala 68%, frente al 71% del año anterior; en las jefaturas de Comunidad Autónoma 59%. frente al 63% del año anterior; en las jefaturas provinciales 59% frente al 63% el año anterior. Por el contrario, en el caso de las jefaturas de las Fiscalías de Área, son mujeres el 72% (el 67% el año anterior).

6.1.6 Protección de datos

La Instrucción 2/2019 de la FGE, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal señala especiales responsabilidades a esta Unidad en la materia.

Las líneas en las que ello se lleva a cabo se resumen fundamentalmente en lo siguiente:

– En la relación habitual con las Administraciones, fundamentalmente en el marco de las comisiones mixtas, se ha abordado la cuestión tanto en lo que concierne a los soportes tecnológicos como en lo que afecta a las infraestructuras materiales.

– Se ha plasmado en la web fiscal.es su adecuación a la normativa de protección de datos, con la generación de un espacio propio, con información general, ejercicio de derechos, registro de actividades de tratamiento y normativa.

– Se ha mantenido actualizado el registro e inventario de actividades de tratamiento, haciéndolo accesible a través de la propia sección de protección de datos y de la de trasparencia.

– Se ha abordado la cuestión en la implantación de concretas herramientas en el seno de la Fiscalía General del Estado, cual es el caso del registro y control de acceso a edificios.

– Se ha emitido comunicación a todos los órganos del Ministerio Fiscal relativa a las buenas prácticas relativas a la seguridad en el intercambio y portabilidad de la información.

– En el seno del CTEAJE, se participa activamente en el subcomité de seguridad.

– Se han despachado puntualmente expedientes instados por ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos en esta materia, fundamentalmente lo que se refiere al acceso a la información propia, oposición o supresión.

– Se colabora con el Delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal en cuanto es menester. Tiene especial continuidad la revisión, tanto por este como por la red de adjuntos, de las cláusulas que tratan sobre esta materia en los convenios que se firman.