Capítulo V. ALGUNAS CUESTIONES DE INTERÉS CON TRATAMIENTO ESPECÍFICO - 8. COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

8. COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

Las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia han alterado de forma muy significativa la actividad de la Unidad de Cooperación Internacional durante el año 2020. La imposibilidad de realizar reuniones presenciales tanto nacionales como internacionales ha afectado definitivamente a la actividad de la Unidad y aunque las nuevas tecnologías han permitido utilizar la vía virtual para mantener gran parte de las reuniones y actividades, otras han sido pospuestas o directamente canceladas. No ha ocurrido lo mismo con la actividad procesal relacionada con la ejecución de solicitudes de auxilio judicial internacional que ha mantenido el ritmo habitual, con un incremento de la actividad procesal de ejecución de órdenes europeas de investigación –en adelante OEI– habida cuenta de que corresponde al Ministerio Público la competencia principal para la ejecución de este instrumento de reconocimiento mutuo conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.

Este crecimiento de competencias de los fiscales en relación con OEI y otras solicitudes de asistencia judicial mutua ha determinado que la mayor parte de las fiscalías provinciales hayan ido ampliando el número de fiscales que integran las secciones especializadas junto a los delegados de la especialidad. De esta forma, contar con más de un especialista permite una mejor atención y una mayor eficacia para poder atender las tareas de la especialidad, compatibilizándolo con la atención a otras cuestiones y asegura la debida cobertura en periodos vacacionales de los delegados. La incorporación de nuevos fiscales a las secciones de cooperación evidencia la necesidad creciente de formación previa de estos especialistas, una formación que ha sido demandada por la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional y que debe ser asegurada, priorizando el acceso de los nuevos especialistas a cursos de formación virtual. Este año ha podido finalizar la preparación de un curso online, aprobado desde 2018, que no había podido comenzar debido a distintas circunstancias y que comenzó a impartirse ya en 2021.

Es importante destacar que el sistema de registro de cooperación internacional (conocido como CRIS) permite cada vez más la completa tramitación electrónica de gran parte de los expedientes, de forma que actualmente la mayoría de las OEI se reciben directamente por correo electrónico, lo que ha permitido que la ejecución de las mismas haya podido seguir realizándose en gran parte sin necesidad de presencia física en las fiscalías. No obstante, parte de ellas sufrieron retrasos durante los primeros meses de confinamiento debido a la imposibilidad de realización de actividades presenciales, algo que afectó de forma generalizada a todos los países europeos y que fue advertido a todas las fiscalías y autoridades judiciales europeas a través de la Secretaría de la Red Judicial Europea (RJE) a la que, el 15 de marzo, la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional remitió un escrito en el que se advertía de la posibilidad de retrasos en la ejecución de las OEI. Otros países remitieron, a su vez, notas informativas similares sobre la afectación de las oficinas judiciales y las dificultades y retrasos en las ejecuciones de solicitudes. En la citada nota se proporcionaba el correo corporativo de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado –UCIF– para la recepción de cualquier cuestión urgente, y se indicaba la necesidad de que las autoridades de emisión destacaran la urgencia en los correos a través de la señal de prioridad. Lo cierto es que se produjeron algunos retrasos especialmente los tres primeros meses de la pandemia, pero la mayoría las ejecuciones retrasadas se pudieron acelerar y cumplimentar durante el segundo semestre del año.

Sin duda, pese a todas las dificultades experimentadas por la limitación de movimientos, el resultado no ha sido especialmente negativo en la tramitación y ejecución de solicitudes de auxilio internacional, y, por otro lado, ha servido como oportunidad para sumar nuevos trámites al ámbito digital y para extender el uso por las/os fiscales de Cooperación Internacional de los instrumentos de trabajo electrónico a distancia. No ha ocurrido igual con los/as funcionarios/as que tramitan este tipo de expedientes en las diferentes fiscalías y así, mientras que todos los/as funcionarios/as de la UCIF consiguieron rápidamente el acceso remoto a sus escritorios y pudieron seguir con su actividad de gestión y tramitación desde sus domicilios, otros/as de fiscalías especiales y provinciales no tuvieron igual acceso remoto a las aplicaciones, lo que deja patente la necesidad de una mejor previsión y gestión de medios que asegure que también las/los funcionarios/as de auxilio y gestión puedan realizar las tareas de tramitación procesal y de registro desde sus domicilios.

Durante este año, las organizaciones internacionales han estado atentas a las disfunciones y problemas que la pandemia ha provocado, especialmente en el área de la cooperación internacional, y tanto la UE, a través de Eurojust, como el ámbito iberoamericano, a través de la AIAMP, han recopilado en distintos cuestionarios informaciones sobre experiencias, dificultades y soluciones que las administraciones de justicia de los distintos países han vivido y aportado para mantener una práctica razonable de la asistencia judicial internacional, incluidos especialmente los problemas provocados por los cierres de fronteras y limitaciones de movimientos en los traslados de personas privadas de libertad, tanto en relación con las OEDE y las extradiciones como con el traslado de condenados. Con las respuestas e informaciones proporcionadas por los distintos países, que en España fueron recogidas y resumidas por la UCIF, se han ido elaborando informes de la situación en la UE, en el ámbito iberoamericano, que siguen siendo actualizados en 2021 y que son expuestos en esta memoria.

La habitual participación en las diferentes cumbres, reuniones, redes y asociaciones regionales y mundiales de fiscales se vio directamente afectada ya que la mayoría de estas reuniones fueron pospuestas o directamente canceladas. Todas las reuniones regionales o mundiales de alto nivel entre Fiscales Generales fueron canceladas, con la única excepción de la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos –AIAMP– que tuvo lugar en noviembre de modo virtual. En el mantenimiento de la actividad en formato virtual de esta Asociación, la Fiscalía española, que ejerce la Secretaría General de la AIAMP, ha tenido un protagonismo esencial junto a la presidencia chilena, permitiendo que todas las posibilidades de la tecnología se aprovecharan para mantener una agenda activa, tanto en reuniones plenarias como las del Comité Ejecutivo y de las distintas redes especializadas y grupos de trabajo.

La realización de asistencias técnicas y asesoramiento jurídico dentro del marco de lo que tradicionalmente se conoce como cooperación al desarrollo, también se ha visto alterado por la restricciones de movilidad Los proyectos de la Unión Europea, El PAcCTO o EurosociAL, suspendieron viajes y actividades presenciales en marzo pero establecieron mecanismos de adaptación, de forma que, a partir de abril, la mayoría de las actuaciones programadas se realizaron a distancia, de la misma forma que todas las actividades posteriores fueron programadas en este formato. En este ámbito de actuaciones, es importante destacar la adjudicación a la Fiscalía española del Proyecto de hermanamiento con Marruecos, MA 18 ENI JH 01 19 para el apoyo a la Presidencia del Ministerio Público de Marruecos» que comenzará a ejecutarse en 2021.

En definitiva, la UCIF ha realizado este año un enorme esfuerzo de adaptación a las nuevas tecnologías, tanto para la coordinación de la actividad de los/as delegados/as de cooperación judicial internacional como para mantener su presencia en distintos foros internacionales a través de formatos digitales, de forma que puede decirse que la facilidad de reunión virtual ha aumentado el número de actividades internacionales celebradas con presencia de la Fiscalía española.

Durante el año 2020 se tramitaron solo 27 comisiones de servicio para la participación de fiscales en distinto tipo de actividades internacionales, todas ellas antes de marzo. De conformidad con el Decreto de la FGE de 10 de marzo, que contiene una llamada a evitar los desplazamientos conforme a las alertas de las autoridades sanitarias, el mismo 10 de marzo la Fiscal de Sala remitió una nota suspendiendo todos los viajes programados, de forma que 28 viajes fueron suspendidos en esa fecha. A partir de entonces no se ha producido ningún desplazamiento al extranjero de fiscales durante el año 2020. Sin embargo, han sido realizadas 35 asistencias técnicas a distancia por fiscales españoles en proyectos de mejora de la administración de la justicia gestionados principalmente por FIIAPP.