4.3 Tratamiento de residuos hospitalarios
En un procedimiento seguido por el Juzgado de Instrucción n.º 7 de Arganda del Rey, según refiere la Fiscalía de Madrid, se investiga un posible delito contra el medio ambiente y delito contra los trabajadores por el almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos altamente infecciosos, catalogados como biosanitarios, entre los que se encuentran los residuos relacionados con la COVID-19. El objetivo de esta investigación es una empresa especializada en la gestión de residuos generados en los hospitales y centros sanitarios que perseguía ahorrar costes. A consecuencia del inicio de esta operación, se llevó a cabo la detención e investigación de veinte personas en las sedes empresariales de Catalunya, Valencia, Baleares y Madrid, además de en Portugal. La empresa reducía costes en el proceso, almacenando los residuos en la calle y sin los envases adecuados, asumiendo un volumen y tipo de residuos muy por encima de la previsión realizada con base en su capacidad. Ello ha repercutido en tratamientos incorrectos que no conseguían neutralizar la carga vírica y el riesgo de infección o posible riesgo de contagio. Esta operación llamada Ribio se enmarca dentro de las campañas operativas y preventivas desarrolladas por Europol en el marco de la emergencia COVID-19.
La gestión deficiente de los residuos sanitarios procedente de enfermos de COVID-19 también ha tenido su reflejo en una investigación encargada al SEPRONA de la Guardia Civil a instancia de la Fiscalía de Barcelona, y que derivó en la interposición de una querella contra empresas y sus responsables que depositaban aquellos residuos en vertederos no acondicionados para su recepción, máxime teniendo en cuenta que esa no puede ser la forma de eliminación de tales residuos.
La Fiscalía de Granada detalla una interesante iniciativa en relación con este tema, instando al SEPRONA a llevar a cabo la pertinente investigación. Como resultado de la misma se elaboró un amplio informe, tras realizar inspección ocular en la Planta de tratamiento de residuos sanitarios granadina, así como en las distintas dependencias de la mercantil encargada de la gestión de los referidos residuos. Los agentes actuantes detectaron graves irregularidades, tales como la falta de señalización de riesgos, de identificación de riesgo o advertencia en el paso de la zona limpia a la zona sucia de la industria, falta de separación entre los residuos inertes y los peligrosos, observando que algunos residuos se encontraban en cajas de cartón abiertas. En el informe pericial, entre otras cuestiones, se hacía constar el incumplimiento del Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) al no emplearse el embalaje preceptivo. Los incumplimientos detectados suponen un transporte inseguro de materiales infecciosos (categoría 6.2) y, por tanto, ponen en peligro la salud de los trabajadores y demás personas que pudieran entrar en contacto con los residuos sanitarios peligrosos. En definitiva, el incumplimiento de la normativa relativa a la gestión y transporte de residuos peligrosos procedentes de hospitales, ambulancias, laboratorios y establecimientos que hayan estado en contacto con COVID-19 podrían poner en grave peligro la salud de las personas. En consecuencia, la Fiscalía acordó la incoación de diligencias de investigación por si existieran indicios de delito contra el medio ambiente del art. 326 CP por parte de los responsables de la empresa gestora de los residuos y encargada del transporte de los mismos.
La memoria de Baleares se refiere a un procedimiento del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Palma, que se sigue, sin embargo, no por medio ambiente sino por delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, por hechos relacionados con el tratamiento de residuos procedentes de material sanitario en contacto con COVID-19, procedimiento en el que se investiga a una empresa que opera en Mallorca y con conexiones de otras empresas en la península a donde se exportaban estos residuos.
También Baleares alude a una investigación y recogida de vestigios por un posible delito del art. 326 CP, solicitándose medidas de intervención telefónica que, a pesar de ser informadas favorablemente por el Ministerio Fiscal, sin embargo, no fueron acordadas por la juez instructora, siendo acordadas entradas y registros en la sede empresarial. Este procedimiento se encuentra en fase de instrucción y las últimas diligencias consisten en el oficio remitido por el juzgado a la mercantil para que facilite información sobre el cargo o empleo, funciones y demarcación territorial de una serie de trabajadores de la misma.
Según la Fiscalía de Alicante, se han llevado a cabo dos investigaciones relacionadas con la gestión y tratamiento de residuos relacionados con la COVID-19 que, como se informó en el Expediente Gubernativo 162/20, dieron lugar a las DP 852/20 del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Alicante, y las DP 1182/20 del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Alicante, en ninguna de las cuales se ha apreciado responsabilidad penal por delito medioambiental, acordándose el sobreseimiento provisional de las primeras y continuando la tramitación de las segundas por posible falsedad documental.
La Fiscalía de Las Palmas refiere un caso de gestión irregular de residuos sanitarios en una nave del polígono industrial El Goro, estando pendiente de la práctica de determinadas diligencias.