2.4 La desescalada
El fin del confinamiento y la desescalada judicial nos exige enfrentarnos al problema común del considerable atasco y preocupante pendencia producida como consecuencia de la suspensión de las vistas, comparecencias, informes de peritos, etc. Las medidas sanitarias establecidas para evitar la concurrencia masiva de personas en los órganos judiciales impone distanciar más los señalamientos e impide la necesaria agilidad para solventar el retraso producido.
La insuficiencia e inadecuación de muchas dependencias judiciales, unido a la falta de incremento de medios personales en juzgados y fiscalías, dificultan la resolución del problema.
Ante ello, entre las normas y criterios establecidos para la llamada desescalada judicial, e impulsadas desde la FGE, se contempla como un mecanismo especialmente práctico y adecuado a la situación originada no solo el uso de las nuevas tecnologías y la utilización del sistema de videoconferencia previsto en el art. 229.3 LOPJ, evitando en la medida de lo posible la actividad presencial, sino también el fomento de la justicia pactada, es decir, de la mediación y particularmente de las conformidades en las distintas fases procesales, promoviendo a tal fin la suscripción y desarrollo o, en su caso, actualización, de protocolos entre las distintas fiscalías y los respectivos colegios de abogados, que ya se refleja en un ligero incremento de las conformidades.
No obstante, sin negar su eficacia, en muchos casos adquiere unos matices especiales cuando hablamos de VG. El desequilibrio y dominación que define esta delincuencia es poco propicia a un acuerdo libre y voluntario, razón por la que no cabe la mediación. Además, las peculiaridades de la víctima, del agresor y del contexto que la rodea invitan, por un lado, al acuerdo para evitar su declaración y revictimización, pero por otro apelan a la prudencia.
En otro orden de cosas, anticipar que el número total de víctimas mortales ha bajado a 47, siendo una de las cifras más bajas registradas en los últimos años. Ello no significa que la violencia que se ejerce sobre las mujeres por sus parejas o ex parejas haya disminuido, solo ha cambiado, las circunstancias han favorecido otros tipos más invisibles, fundamentalmente la psicológica y de control haciendo innecesaria la violencia física. La imposibilidad de salir del domicilio donde se produce el maltrato ha servido a los agresores para perpetuar la dominación en la que basan su relación agresiva y para las víctimas ha supuesto una mayor vulnerabilidad, en cuanto el hogar donde estaban obligadas a permanecer no era un refugio sino un lugar peligroso.