2.1 Actuaciones de la Unidad Coordinadora de violencia de género

Desde el inicio, la Unidad fue consciente de la mayor vulnerabilidad de las mujeres y menores en esta crisis sanitaria y, en consecuencia, se alertó a las/os delegadas/os de la situación excepcional que se nos presentaba, las dificultades para desarrollar nuestro trabajo y los riesgos de incremento de la VG derivada del confinamiento mediante una carta remitida el 18 de marzo, señalando entre otras reflexiones que «es un hecho constatado que la convivencia prolongada y forzada acrecienta los conflictos familiares y provoca crisis y explosiones de mayor o menor violencia. Junto a ello, las dificultades para llevar a cabo una guardia presencial por la falta de medios adecuados, el cierre de determinados servicios y recursos como algunos centros de acogida, ciertos tratamientos psicológicos, los puntos de encuentro familiar, anuncian posibles situaciones y nuevas necesidades de no fácil solución que preocupan a esta Unidad, y ante las cuales, la sensibilidad y el firme compromiso del MF supone un soporte y un aliado importante para encontrar soluciones a las mismas y asegurar la prestación de la protección adecuada a las víctimas que denuncian».

Uno de los problemas que inmediatamente comenzó a plantearse fue la incidencia del confinamiento en la ejecución de los regímenes de visitas acordados judicialmente, que requerían una interpretación del Decreto de declaración del estado de alarma, especialmente las realizadas a través de los PEF. Ello motivó una nota de régimen interno, remitida el 22 de marzo de 2020, para intentar unificar la postura de la Fiscalía ante las diferentes incidencias que pudieran surgir y con ella la de los órganos judiciales. En ella se establecían una serie de pautas de actuación basadas en el interés superior del menor y en no exponerle innecesariamente a riesgos de contagios, lo que necesariamente conllevaba la suspensión de muchas visitas, sin que realmente se lograse la uniformidad pretendida.

Por otra parte, a lo largo de estos meses se trabajó en contacto con la FGE y otras instituciones, recabando datos y resolviendo consultas de los/as Fiscales delegados/as. Junto a esta actuación a nivel nacional hay que poner de relieve el intercambio de información, experiencias y campañas con los Ministerios Públicos de los países iberoamericanos y Portugal, integrantes de la red de género de la AIAMP, que igualmente ha difundido un comunicado señalando la preocupación por la incidencia que la COVID-19 va a tener en mujeres y niñas.