2. VIOLENCIA DE GÉNERO
Antes de comenzar a exponer los datos estadísticos sobre el volumen de diligencias penales incoadas por violencia de género (en adelante VG) y, en general, el trabajo global desarrollado por la red de fiscales especialistas, como siempre es imprescindible realizar algunas reflexiones sobre la evolución y situación en la lucha contra la VG desde esta Unidad Coordinadora, que nos permite tener una visión general de la respuesta judicial, de sus fortalezas y debilidades, de sus progresos, de sus puntos pendientes y de los retos de futuro que debemos afrontar.
Este análisis requiere inexcusablemente comenzar por la incidencia que la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19, la declaración del estado de alarma y el posterior desconfinamiento han tenido sobre el trabajo de la Unidad especializada en VG y, especialmente, el gran impacto que ha tenido en el colectivo de las mujeres víctimas de violencia de género, tema además de obligado tratamiento en esta memoria. Sus efectos han sido analizados con mayor detalle en las daciones de cuentas remitidas a lo largo del año, por lo que aquí se realizará un resumen.
La enfermedad de COVID-19 ha sido definida como una pandemia por la OMS que ha producido importantísimos efectos en nuestra vida social, laboral, económica y privada, limitando nuestros derechos y, en especial, nuestra libertad de deambulación.
Esta excepcional situación de crisis ha hecho que diversos organismos internacionales hayan llamado la atención sobre el impacto que la misma provoca en las mujeres o niñas y, por ello, en la necesidad de anticiparnos y arbitrar medidas de asistencia, apoyo y protección.
Así, el Parlamento Europeo ha señalado que «este periodo es especialmente peligroso para las mujeres. Todos nos enfrentamos a importantes riesgos psicológicos debido al aislamiento o la cuarentena, pero las mujeres y a veces también los niños en domicilios no seguros viven una situación particularmente delicada. Debemos prestar atención a esta cuestión y ampliar las medidas para atajar la violencia contra las mujeres». «No dejaremos a las mujeres europeas solas», e insta a todos los Estados miembros a tomar medidas.
La Resolución 1/20 de la Convención interamericana de Derechos Humanos, recuerda la importancia de mantener los principios de proporcionalidad y pro persona en estos estados excepcionales de crisis.
ONU Mujeres señala que está aumentando «otra pandemia en la sombra», ya que ha producido impactos diferenciados por género. Así las cosas, es más probable que sean más las mujeres trabajadoras sanitarias de primera línea (a nivel mundial, el 70% de los trabajadores del sector de la salud son mujeres) o personal de servicios en instalaciones sanitarias (por ejemplo, limpiadoras y lavanderas) y, como tales, tienen más probabilidades de estar expuestas al virus y de tener que hacer frente a un enorme estrés al tener que equilibrar las funciones de trabajo remunerado y no remunerado. Las restricciones de movimiento, combinadas con el miedo, la tensión y el estrés, pueden poner a las mujeres y niñas en un mayor riesgo al estar confinadas con sus abusadores.
La publicación en el BOE del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha repercutido, entre otros ámbitos, en el trabajo desarrollado hasta la fecha por la Fiscalía, tanto en sus actuaciones ante los órganos judiciales, como con las instituciones con las que trabaja diariamente. Igualmente, el trabajo diario de la FSVM y su red de fiscales se ha visto afectado por esta situación.
Mediante Decreto de la FGE de 10 de marzo de 2020 se estableció el modo de cumplimiento del servicio ante la situación provocada por la COVID-19, instando la aplicación del sistema de teletrabajo. A pesar de la paralización de los plazos procesales y administrativos, se estableció como actuaciones esenciales y urgentes todas las relacionadas con la protección de las víctimas de VG y sus hijos, a través de los juzgados de guardia, carácter esencial que se amplió a las víctimas de trata y explotación sexual y a los servicios de atención y asesoramiento jurídico, de instalación y mantenimiento de dispositivos telemáticos de control de penas y medidas cautelares y a los servicios de acogida, como centros de emergencia, de acogida, pisos tutelados, pudiendo incluso disponer de establecimientos hoteleros para atender a las víctimas, de acuerdo con el RD-L 12/20, de 31 de marzo, que, además, habilita los fondos necesarios a favor de las CCAA, permitiendo la utilización de fondos trasferidos en virtud del Pacto de Estado y no comprometidos, y estableciendo la necesidad de llevar a cabo campañas institucionales para facilitar el acceso de las víctimas a los servicios de asistencia, además de sensibilizar al entorno familiar y social de la víctima para que denuncie. Se ha facilitado el acceso a la vivienda de las víctimas de VG y otros colectivos vulnerables.
En esta línea se han puesto en marcha dos números de WhatsApp a través de los cuales pueden realizarse consultas y recibir atención psicológica, que han recibido un importante número de comunicaciones, habiéndose constatado un aumento de un 250% de consultas online.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han mantenido su compromiso y esfuerzo con las víctimas, y se dieron instrucciones en orden a incrementar la vigilancia y control sobre aquellas víctimas incorporadas al sistema VioGén, con comunicaciones más frecuentes y actualizaciones de la valoración del riesgo, trabajo que ha supuesto una proximidad y una mayor sensación de seguridad para ellas. También se ha mejorado la aplicación ALERTCOPS que las víctimas pueden instalar en sus teléfonos: si se pulsa más de cinco segundos se recibe alerta en la policía con la geolocalización de la víctima lo que facilita la rápida actuación policial.
Por último, a través de los administradores de fincas, se difundió la campaña: «Si escuchas violencia de género, actúa y denuncia: no la dejes sola».