16. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES

16.1 La intervención de las secciones especializadas de personas con discapacidad y mayores durante la pandemia

El Ministerio Fiscal ha desarrollado una actuación tuitiva sin precedentes -como lo ha sido la excepcional circunstancia que lo ha motivado-, en particular en relación con el colectivo de personas mayores y con discapacidad que viven en centros de vida comunitarios. La estructura jerárquica de la Institución, permitió desplegar una actuación unificada y coordinada a través de las respectivas jefaturas de las Fiscalías superiores, provinciales y de área, así como de los y las delegados/as autonómicos y provinciales encargados de la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad y mayores.

Esta intensa actividad se expone en las distintas memorias y queda extramuros de la fría estadística que refleja un número concreto de diligencias preprocesales, que no alcanza a plasmar los innumerables oficios, llamadas telefónicas, correos electrónicos, videoconferencias, etc., que se generaron en las distintas fiscalías para recepcionar, clasificar y transmitir la información, así como para atender las solicitudes, consultas, quejas y denuncias. Todo ello exigía en ocasiones el estudio de situaciones jurídicas ciertamente complejas. Además, la plantilla, mermada como consecuencia de bajas, algunas directamente relacionadas con la COVID-19, resultó muy tensionada. Ilustra la magnitud de dicha actuación la desarrollada por el delegado provincial de discapacidad y mayores de Sevilla, que da cuenta de los 8 tomos de la pieza principal abierta en las diligencias informativas 102/2020 (marzo-julio 2020), las 22 piezas separadas con más de 5.000 folios y los aproximadamente 3.500 correos electrónicos.

Ese torrente de indagaciones y la laboriosa recopilación de datos ha permitido a los/as fiscales encargados/as de esta tarea tener una visión cualificada sobre la incidencia del COVID-19 en los centros de vida comunitaria de personas mayores y de personas con discapacidad.

La red de contactos, existente o constituida ex novo, entre las secciones especializadas y las autoridades administrativas del ramo de la salud o políticas sociales, servicios de inspección, policías autonómicas o locales, servicios sociales municipales y los propios centros de mayores y discapacidad, ha mejorado notablemente los mecanismos de comunicación. Este entramado merece ser conservado y abonado para un mejor desarrollo de las funciones tuitivas y de garantía de los derechos de las personas con discapacidad y mayores.

Asimismo, a través de los canales telemáticos abiertos por las fiscalías, se recibieron denuncias y quejas de ciudadanos que no podían acudir personalmente a las respectivas sedes, lo que motivó habitualmente la apertura de diligencias preprocesales. Del mismo modo se actuó cuando se tuvo constancia por otras vías, incluso noticias periodísticas, de determinadas residencias con fuerte impacto de fallecimientos. Es decir, la información tuvo un amplio alcance y variado espectro, y los/as fiscales mostraron una implicación y dedicación que merece ser subrayada, por sobresaliente.

La nota general ha sido la práctica ausencia de inspecciones presenciales motivada por la situación de pandemia a excepción de los primeros meses del año (enero- febrero) y a su finalización, en algunos territorios. Son reseñables las 23 visitas presenciales desarrolladas hasta marzo de 2020 en la fiscalía de Huelva. Nos congratulamos del reconocimiento concedido en octubre de 2020 a la coordinadora del servicio en el II Congreso Internacional de Salud Mental, organizado por FEAFES Andalucía, los días 21 y 22 de octubre de 2020, por la labor, esfuerzo y dedicación de los y las fiscales y funcionarios/as que integran la sección de discapacidad y mayores.

Esta necesaria cautela adoptada, siguiendo las instrucciones indicadas en los Decretos de la FGE de 30 de abril, 3 de junio y finalmente el de 27 de octubre de 2020, sobre acomodo de la organización del trabajo “al seguimiento escrupuloso de las prescripciones marcadas por las autoridades sanitarias”, ha determinado la búsqueda de otras formas de supervisión y seguimiento de los centros como fórmulas alternativas que se han revelado de gran utilidad. El Ministerio Fiscal se ha reinventado para seguir estando al lado de los vulnerables y a la altura de las circunstancias, estableciendo inspecciones telemáticas e, incluso, “virtuales”.

Cabe destacar la experiencia realizada por la Fiscalía provincial de Cáceres, a finales del mes de diciembre, mediante el sistema de webinar con todas las residencias de la provincia. Se considera una buena práctica, que abre un cauce de comunicación bidireccional que permite que la fiscalía pueda aclarar dudas, dar información, apoyo, a la vez que, de retorno, puede reclamar informes, protocolos, etc. A través de estas reuniones colectivas se consigue: (i) cierta homogeneidad en un campo heterogéneo en lo que se refiere a salvaguarda de derechos fundamentales dentro de un marco geográfico concreto; (ii) fomentar la percepción de la fiscalía desde una supervisión no tan inquisitiva como colaborativa; (iii) poner en común buenas prácticas a fin de que sean compartidas por otros; (iv) mantener contacto con todas las residencias de un territorio al menos una vez al año; (v) transmitir la presencia e implicación de la fiscalía en relación con colectivos en situación de vulnerabilidad; (vi) centrar prioridades.