12. DELITOS DE ODIO Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Los dramáticos efectos de la pandemia han condicionado en buena medida la evolución de la criminalidad en esta materia y explican algunas variaciones que se detectan en los datos recabados a lo largo del año.

Las actividades de todo orden que desarrollan los ciudadanos y las ciudadanas se vieron intensamente limitadas y la interacción social fuertemente restringida, particularmente durante la vigencia de las medidas más estrictas de confinamiento. Y a causa de ello, buena parte de las relaciones entre las personas y los grupos sociales se desarrollaron no de forma directa y personal sino a través de las TIC y redes sociales.

La consecuencia es lógica y se aprecia en los datos que proporcionan las fiscalías territoriales. A partir de la información que estas facilitan, especialmente de la que proviene de aquellas de mayor tamaño y que concentran el grueso de la actividad del Ministerio Fiscal en esta materia, se detecta un doble efecto. Por un lado, una apreciable disminución en el número total de diligencias de investigación y procedimientos judiciales incoados y tramitados por delitos de odio. Por otro y en paralelo, un incremento en el número de aquellos que han tenido por objeto delitos de odio cometidos a través de las TIC.

Al mismo tiempo, con el dictado del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decreta el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se paralizaron durante semanas los procedimientos y apenas se registraron denuncias por estos hechos. La situación fue progresivamente normalizándose a lo largo del año, en paralelo al relajamiento de las medidas de confinamiento, y al final del año 2020 ya se apreciaba una práctica total normalidad en línea con años precedentes en lo que se refiere al número de diligencias y procedimientos incoados y tramitados por estos delitos.

Es claro que la pandemia de la COVID-19 va a implicar un cambio sustancial e irreversible en muchos aspectos del funcionamiento de la sociedad y de la vida cotidiana de la ciudadanía. Entre ellos se encuentra el uso cada vez más intenso de las TIC en todos los ámbitos, el de las relaciones personales y económicas, el de la información y la expresión de opiniones o el del debate político. Ello hace prever que se producirá un aumento de los delitos de odio que se producen a través de las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Es una situación a la que el Ministerio Fiscal deberá hacer frente profundizando en el conocimiento del funcionamiento de estos entornos de comunicación digital y en las herramientas legales de investigación que esta requiere.