11. DELITOS ECONÓMICOS

Una palabra ha centrado el eje de la vida social y política de la nación –incluso, sería preciso añadir que del mundo entero– en los últimos meses, y desde luego, en el periodo de tiempo al que se contrae el presente estudio: pandemia.

En efecto, la enfermedad infecto-contagiosa no solo ha provocado (y ello ya supondría argumento suficiente) la muerte de decenas de miles de personas, provocando sufrimiento mayoritariamente en las más vulnerables por edad y/o patologías previas, además de costosas y duraderas secuelas a otras muchas, sino, y sobre todo, la sensación de fragilidad en la totalidad de la comunidad, con la constatación de que la forma de vida, tal y como hasta entonces la veníamos concibiendo, se había extinguido definitivamente.

Consecuencia directa de la pandemia ha sido un deterioro claramente perceptible en el nivel de vida de las españolas y los españoles, con incidencia especial en las clases más desfavorecidas, aun cuando sería más correcto afirmar que el propio concepto de clase desfavorecida ha aumentado exponencialmente. Las denominadas colas del hambre se han convertido en un fenómeno harto frecuente en nuestras calles, con el agravio añadido de que muchos de sus componentes eran hasta poco tiempo antes personas con trabajo estable y bien remunerado.

Señalar que la situación descrita ha afectado al ámbito de nuestra sección parece una obviedad. Al tiempo que desaparecían o, cuando menos, se hacían más infrecuentes aquellas infracciones que requieren del contacto físico para su perfección, proliferaban formas comisivas realizadas bajo el cobijo de las denominadas nuevas tecnologías.

Resulta fundamental perseverar en el esfuerzo por mejorar en la persecución de aquellas actividades defraudatorias que ocasionan pérdida de puestos de trabajo o perjuicios a pequeños ahorradores, lo que en la circunstancia actual de emergencia sanitaria y económica adquiere sin duda un punto álgido de vigencia.