8.2 Escritos de acusación del Ministerio Fiscal

Los datos que se ofrecen en este apartado y también los correspondientes a las diligencias de investigación que se examinaran a continuación, pese a su limitado alcance en el análisis de la evolución general de la ciberdelincuencia, tienen un valor significativo por su especial precisión, al referirse a información sobre actuaciones que tienen su origen en la propia Fiscalía. Además, la decisión del Ministerio Fiscal de formular escrito de acusación implica necesariamente un profundo estudio de los resultados de la instrucción judicial y una valoración técnico-jurídica, reflexiva e imparcial, de los hechos que han sido efectivamente acreditados, de sus consecuencias y de la adecuada tipificación de los mismos. Por ello, la información obtenida en esta fase de los procesos penales se encuentra más aquilatada y ajustada a la realidad que la que resulta de las anotaciones estadísticas sobre incoación de procedimientos que, aun ofreciendo una visión más amplia de la actividad criminal en su conjunto, presentan una clasificación de los hechos en las distintas tipologías delictivas que resulta muy imprecisa, como corresponde a una fase incipiente de la investigación en la que los contornos del delito son todavía difusos.

Aun así, hemos de reconocer que por deficiencias y disfunciones en el sistema interno de registro no nos encontramos en condiciones de facilitar información sobre estos extremos con la amplitud y detalle que sería deseable. Lamentablemente, en los supuestos frecuentes en que la acusación se formula por una pluralidad de actividades delictivas de igual o diferente naturaleza por lo general solo se deja constancia estadística del delito más significativo de los diversos que se reseñan en la acusación, desechándose la información sobre los restantes. En consecuencia, los datos que facilitamos a continuación se refieren al número de escritos de acusación presentados y a la figura delictiva principal o más grave por la que se formuló acusación y, por tanto, no permiten obtener conclusiones válidas sobre el volumen total de delitos –ni de las categorías típicas a las que pertenecen– que fueron objeto de acusación por el Ministerio Fiscal en el año 2020.

A partir de esos parámetros y según resulta de la información facilitada por las fiscalías provinciales, el número de escritos de acusación formulados por el Ministerio Fiscal en el año 2020 respecto de actividades ilícitas online incluidas en nuestro ámbito de competencia, fue de 3.207, es decir, 387 más que en 2019. Por consiguiente, pese a la ralentización en la tramitación procesal generada con ocasión de la pandemia y de las medidas de confinamiento adoptadas, se mantiene la tendencia ascendente que venimos constatando desde la puesta en funcionamiento de esta área de especialización, cuya evolución se muestra en los datos que ofrecemos a continuación:

Anualidad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Acusaciones	906	1092	1.262	1.275	1.242	1.648	1.715	1.955	2.847	3.207

En el año 2020 se produjo un aumento del 12,64 %, respecto del periodo anterior en el número de escritos de acusación por ciberdelitos presentados por la Fiscalía. Se trata de un incremento significativo, si bien más moderado que el registrado en el periodo interanual 2018-2019, en el que dicho índice fue de casi el 40 %. Esta circunstancia puede tener su justificación en la paralización de una parte de la actuación judicial durante aproximadamente dos meses, que, no obstante, no ha sido suficiente para frenar totalmente la creciente progresión en la actividad del Ministerio Fiscal en este ámbito.

Los resultados en atención a las tipologías delictivas que dieron lugar a la presentación de escrito de acusación son los siguientes:

Delitos informáticos		Calificaciones	%
Contra la libertad	Amenazas/coacciones a través de TICs (art. 169 y ss. y 172 y ss.)	389	12,13
	Acoso a través de TICs (art. 172 ter)	149	4,65
Contra la integridad moral	Trato degradante a través de TICs (art. 173)	14	0,44
Contra la libertad sexual	Pornografía infantil/discapaces a través de TICs (art. 189)	288	8,98
	Acosos menores a través de TICs (art. 183 ter)	102	3,18
	Otros delitos c/libertad sexual a través TIC	121	3,77
Contra la intimidad	Ataques / interceptación sistemas y datos (art. 197 bis y ter)	16	0,50
	Descubrimiento/ revelación secretos a través TIC (art 197)	198	6,17
Contra el honor	Calumnias/ injurias autoridades a través TIC (arts. 215 y ss.)	59	1,84
Contra el patrimonio y el orden socio-económico	Estafa cometida a través de las TICs (art. 248 y 249)	1.463	45,62
	Descubrimiento secretos empresa a través de TIC (art. 278 y ss.)	6	0,19
	Delitos c/ servicios de radiodifusión/ interactivos (art. 286)	151	4,71
	Delitos de daños informáticos (arts. 264, 264 bis y 264 ter)	17	0,53
	Delitos c/ propiedad intelectual a través TIC (art. 270 y ss.)	142	4,43
De falsedad	Falsificación a través de las TICs	84	2,62
Contra Constitución	Discriminación a través TIC (art. 510)	8	0,25
Total		3.207	100,00

Como puede constatarse, el volumen más elevado de escritos de calificación corresponde a los delitos de estafa en sus distintas manifestaciones, que sumaron un total de 1.463 –331 más que en 2019– lo que supone un índice porcentual del 45,61 % del total de las acusaciones formuladas por la Fiscalía por ilícitos online. La comparación de este dato con el relativo a las causas penales incoadas por estos mismos delitos en idéntico periodo anual –aunque carezca de la rigurosidad exigible dado que un número no determinado de acusaciones se refieren a expedientes iniciados en años anteriores– ofrece un porcentaje del 11,94 % cifra que puede servir de indicador de la escasa efectividad de la instrucción criminal frente a este tipo de conductas, especialmente si valoramos dicho resultado junto con los de 13,15 % y 12,41 % obtenidos respectivamente, por ese concepto, en 2019 y 2018.

Las acusaciones formuladas en 2020 por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ascendieron en conjunto a 511, un 15,93 % del total de las elaboradas en el año por la Fiscalía. La cifra más alta corresponde a las que tuvieron por objeto delitos de pornografía infantil y/o de personas con discapacidad que suman 288, cifra significativamente inferior a los 372 registrados por este mismo concepto en 2019. Dicho descenso del 22 % puede atribuirse, al menos en parte, a las comentadas disfunciones en el ritmo ordinario de tramitación procesal, pero también a la dificultad creciente de estas investigaciones dado que los/las delincuentes ejecutan sus acciones a través de sistemas de comunicación cada vez más sofisticados y dotados de fuertes mecanismos de protección, complicando de esta forma el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus responsables. Por el contrario, aunque de forma leve, se detecta un aumento de un 13 % en las acusaciones por child grooming, repunte, por otra parte, perfectamente explicable a la vista del crecimiento de un 55 % en los procesos judiciales por dichas tipologías delictivas.

A su vez, desde la Fiscalía se presentó escrito de calificación provisional por delitos contra la libertad y seguridad de las personas en 539 procedimientos, cifra que también da cuenta de un ligero ascenso del 9,7 % respecto de los elaborados por estos ilícitos en 2019. No obstante, el incremento es llamativo en las acusaciones por delitos de amenazas y coacciones en las que la diferencia porcentual con 2019, se eleva a más del 31 %, en tanto que, por el contrario, las referentes a ilícitos del art. 172 ter CP se reducen en un 23 %.

También se detecta un levísimo incremento del 5,3 % respecto del año 2019, en las calificaciones por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos sancionados en el artículo 197 CP, en tanto que las correspondientes a los tipos penales del art. 197 bis y ter de ese mismo capítulo se reducen de forma más acusada, en un 35 %, al igual que las relativas a daños informáticos que registran un descenso del 29 % en relación con las presentadas en 2019.

Finalmente son de obligada referencia las acusaciones por delitos contra la propiedad intelectual, que sumaron 142 en el año 2020, y también las relativas a los ilícitos contra los servicios de radiodifusión e interactivos que alcanzaron la cifra de 151. En relación con los primeros, el resultado obtenido da cuenta de un descenso del 25 % respecto de los 190 escritos elaborados en 2019, por el contrario, en los segundos se produce un incremento de más del 80 % en igual comparación. En cualquier caso, ha de indicarse que se trata de cifras muy superiores a las habituales por estas tipologías delictivas y que, sin duda, son el resultado de la natural evolución procesal de los numerosos expedientes iniciados tras la operación realizada a finales de 2018 respecto de múltiples establecimientos públicos en los que se difundían en forma no autorizada encuentros deportivos sometidos a régimen de acceso condicionado.