Capítulo III. FISCALES COORDINADORES Y DELEGADOS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 4. EXTRANJERÍA

4.5 Control de Centros de internamiento de extranjeros (CIE)

Durante el año 2020 han funcionado por periodos de tiempo limitados siete CIE: Algeciras (cerrado desde principio de mayo 2020 a enero de 2021), Barcelona (cerrado desde marzo a principios de octubre 2020), Las Palmas (cerrado mediados de marzo hasta finales de septiembre 2020), Madrid (cerrado desde marzo a octubre 2020), Murcia (cerrado desde finales de marzo hasta finales de septiembre), Tenerife y Valencia (cerrado desde principios de abril hasta la actualidad). Los FDE han girado un total de 8 visitas De la información recibida se puede señalar como relevante los siguientes datos:

CIE de Madrid. Sintetizando el informe de la FDE cabe afirmar que, aunque presentan un aceptable estado de conservación y limpieza, es lo cierto que no es un edificio idóneo para acoger al número de personas que –en situación de normalidad sanitaria– acoge. Este hacinamiento debe ser solventado mediante la construcción de un nuevo centro de mayores dimensiones, compuesto de instalaciones amplías adecuadas a las necesidades de los internos, para garantizar sus derechos y bienestar.

Muchas deficiencias denunciadas en años anteriores permanecen sin solventar (falta de distribución modular de los internos, falta de espacios adecuados para la práctica de ejercicio físico y deporte y de la dotación idónea para ello, ausencia de respaldos en los asientos del salón de ocio y comedor de hombres, el formato de las rejas de las habitaciones –horizontal y vertical– no impide la posibilidad de suicidios por ahorcamiento). Se asegura por el director que se han tomado iniciativas para resolverlas y que está previsto llevar a cabo a finales de este año 2021 una obra de rehabilitación total del centro, incardinada dentro de un proyecto global de SIEPSE que afecta a todos los CIES.

Durante este año 2.020 lo más destacado ha sido un brote de tuberculosis en el mes de febrero que motivó que tuvieran que suspenderse por unos días las salidas al exterior de los internos.

En octubre fueron acogidos medio centenar de ciudadanos argelinos (Juzgado de Instrucción Núm. 4 de Palma de Mallorca). Durante el tiempo que estuvieron internados, tales ciudadanos plantearon multitud de quejas y reclamaciones, como alegaciones de minoría de edad que en la mayoría de los casos se demostraron infundadas, así como quejas sobre el servicio médico, produciéndose también huelgas de hambre e intentos de autolesiones, de todo lo cual se dio debida cuenta al Juzgado de Control.

Se ha dado cuenta al Juzgado de Control de Estancia de los escasos supuestos de positivo a Covid detectados entre los internos, con la consiguiente activación del protocolo de aislamiento y seguimiento médico.

Por otra parte, durante dos meses los listados de internos que diariamente remite el Centro a las ONG se estuvieron entregando en papel, al haberse detectado que la seguridad de algunas cuentas de correo de las mismas se había vulnerado, aunque una vez solventado el problema el Juzgado de Control acordó la vuelta al sistema anterior.

Por último, el 23 de noviembre varias ONG presentaron un escrito solicitando la puesta en libertad de todos los internos con el fin de proteger la salud publica dada la, a su juicio, deficiente atención prestada por el servicio médico del CIE y la falta de aplicación de las recomendaciones emitidas por la OMS y la CAM en relación al Covid; tras recabar los informes oportunos, el Juzgado de Control dio respuesta a esta cuestión por auto de fecha 28 de enero de 2.021, afirmando que la decisión de cierre del centro y puesta en libertad de los internos excede de las funciones legalmente asignadas al Juzgado de Control, a pesar de lo cual realiza una valoración positiva de las medidas adoptadas por el CIE en relación a la detección y prevención del Covid.

En relación a las alegaciones de minoría de edad por parte de internos en el CIE, la respuesta que se viene dando por parte de los tres juzgados de control sigue siendo idéntica o muy similar: comprueban si existe respecto al interesado decreto de determinación de edad y si se le practicaron ya las oportunas pruebas médicas, y sólo en el caso de que no sea así acuerdan practicar las mismas y el reconocimiento forense del interno, poniendo su resultado en conocimiento de la Dirección del Centro y del Órgano Judicial que acordó su internamiento, así como de la sección de Extranjería. Durante el 2.020 se detectaron 43 supuestos en los que personas ingresadas en el CIE han alegado ser menores de edad, de los cuales en diez casos no se ha podido afirmar con seguridad que tuvieran los 18 años cumplidos, habiéndose acordado el cese inmediato de la medida y el traslado del interno al centro de protección correspondiente.

CIE de Barcelona. Aprovechando el periodo de cierre por la pandemia se iniciaron las obras de mejora ya programadas con anterioridad (en instalaciones de zonas comunes y habitabilidad de las habitaciones, así como la reforma del servicio médico). Se ha concluido la adaptación y acondicionamiento del módulo F (hasta ahora en desuso), tanto sus habitaciones como sus zonas comunes y patio, para el ingreso de mujeres. Un espacio totalmente diferenciado y separado físicamente de los módulos destinados al ingreso de hombres. No obstante, no consta efectuado ingreso alguno de mujeres y la incidencia Covid-19 como se verá a continuación ha determinado destinar las habitaciones y espacios de dicho módulo a las separaciones y aislamientos preventivos de internos positivos de Covid o con contacto estrecho previo.

Con carácter general, el funcionamiento y equipamiento del CIE de Barcelona se adecua a las prescripciones del Real Decreto 162/2014 por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.

El número total de ingresos registrado en el CIE de Barcelona durante el año 2020 asciende a 374, todos ellos hombres.

La pandemia ha obligado a adoptar por el CIE medidas para la prevención de transmisión y contagio del virus en su interior, para prevenir y proteger, conforme a la normativa y pautas de las autoridades sanitarias, la salud de quienes conviven y trabajan en el Centro. Algunos de los reflejos de dichas medidas en la dinámica del funcionamiento del CIE son los siguientes: reserva de estancias para el aislamiento preventivo por Covid-19, turnos de los grupos estables de convivencia para el uso de zonas comunes y uso de duchas, ventilación continua, dotación a internos de equipos de protección individual (mascarillas y solución hidroalcohólica), restricción judicial de las visitas y pruebas para la detección precoz de Covid al ingreso de los internos, practicadas por personal del Servei Català de la Salut.

La incidencia de la pandemia ha obligado a reforzar aún más las comunicaciones de la Fiscalía con el Centro de Internamiento y los Juzgados de Control de estancia en aras de garantizar con mayor celo un efectivo control de estancia, velar por el estricto respeto de los derechos fundamentales y mirar por el adecuado equilibrio entre el derecho a la salud pública y los derechos y obligaciones de los internos; ha añadido al difícil contexto del Centro de Internamiento un factor inédito y sin precedentes que ha obligado a reajustar la actividad, la dinámica de convivencia y los derechos y las obligaciones de los internos, todo ello conforme a las exigencias de un complicado contexto sanitario. De todo ello se ha dado cuenta oportunamente a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal y se han ido incoando las diligencias que han resultado necesarias para la toma de decisiones en ámbito competencial del control de estancia.

Por último, la FDE indica que no se han detectado durante el año 2020, posibles víctimas de TSH en el Centro, habiéndose registrado un total de 25 alegaciones de minoría de edad, siendo finalmente todos ellos considerados mayores tras las pruebas correspondientes determinantes de la edad, siendo los Jueces de Control de estancia los que tramitan y resuelven estas alegaciones.

CIE de Las Palmas de Gran Canaria, (Barranco Seco). Según informa la FDE de Las Palmas, no se ha realizado ninguna visita de Inspección al CIE de Barranco Seco, que estuvo cerrado desde mediados de marzo hasta el 25 de septiembre de 2020. Sin embargo, sí se realizaron por aquellas dos importantes visitas de inspección a dos lugares que no han estado exentos de polémica.

La primera de ellas se realizó el 30 de septiembre al Muelle de Arguineguín, lugar de desembarco de los inmigrantes que son rescatados en el mar por Salvamento Marítimo y que se convirtió en el lugar en el que permanecían más de 72 horas, si bien con una notificación de un decreto de devolución que los dejaba en libertad hasta que fueran realojados en recursos específicos de acogida. De la citada visita, se realizó el correspondiente informe que fue remitido el 2 de octubre a la Fiscalía de Sala de Extranjería y al Delegado del Gobierno en Canarias. Efectivamente el Muelle de Arguineguín no era un lugar adecuado para acoger y albergar a los inmigrantes, que incesantes seguían llegando a Gran Canaria y acumulándose en el lugar, sobre todo en los meses de octubre y noviembre, y a los que se les mantenía en el Muelle bien hasta obtener los resultados de las pruebas PCR que detectaran la presencia de Covid-19 en los inmigrantes, bien para aislar a aquellos contactos estrechos que junto a un positivo en Covid-19 había llegado en la misma patera o cayuco, bien en espera de una plaza de un recurso asistencial. Se trataba de un lugar totalmente improvisado que adolecía de deficiencias básicas que se hicieron constar en un informe a tal fin que fue posteriormente remitido por la Fiscalía de Sala de Extranjería a la Secretaría Técnica de la FGE para su puntual conocimiento.

La segunda visita tuvo lugar el día 18 de diciembre al CATE de Barranco Seco, remitiendo igualmente el correspondiente informe a la Fiscalía de Sala de Extranjería, al Fiscal Superior del TSJ de Canarias y al Delegado del Gobierno en Canarias el día 21 de diciembre. Tras el cierre del Muelle de Arguineguín como lugar de acogida inmediata de extranjeros, se abrió un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa, cerca del CIE de Barranco Seco. Si bien las condiciones de acogida son algo mejores que en el Muelle de Arguineguín, también el CATE puede ser muy mejorado en cuanto a instalaciones, puesto que sigue siendo un lugar improvisado, remitiéndonos en cuanto a las impresiones que sobre el mismo constató el Ministerio Fiscal al informe de 21 de diciembre. No obstante, hemos de poner de manifiesto que, en el CATE de Barranco Seco sigue habiendo personas que superan las 72 horas y siguen a la espera de un recurso residencial, o bien realizando cuarentenas como consecuencia de ser positivos en Covid-19 o ser contacto estrecho de algún positivo. Esta cuarentena que se debe de cumplir en el CATE ha sido avalada por el auto firme de fecha 27 de noviembre de 2020 dictado por la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Canarias.

En otro orden de cosas, la FDE informa que no se han detectado posibles víctimas de trata ni en el CIE de Barranco Seco, ni en los lugares de llegada y acogida a los que nos referimos en el apartado anterior, Muelle de Arguineguín y CATE de Barranco Seco.

Por último, la FDE señala que la coordinación con el Juez de Control de Estancia se realiza generalmente de forma fluida y directa. Las dos resoluciones más importantes que han sido dictadas por el Juez de Control fueron las siguientes: la resolución de 31 de marzo de 2020, en la que el Juez de Control ordenó el desalojo y cierre del CIE por razones de salud pública al no poderse garantizar la distancia social en el CIE y que dio lugar con posterioridad a una cascada de resoluciones en iguales términos por los Jueces de Control de CIE de España y la resolución de fecha 8 de octubre de 2020 por la que el Juez de Control reduce la capacidad del CIE de Barranco Seco a un número total de 42 internos cuando su capacidad es de 112 personas.

Ninguna de esas dos importantes resoluciones contó con el conocimiento previo ni el informe del Ministerio Fiscal. La resolución sobre el desalojo del CIE no era más que una consecuencia lógica de la imposibilidad de materializar las devoluciones de las personas internas en el CIE, y sobre las que ya había habido algún contagio de Covid-19. Como ya se avanzó, la limitación en la población del CIE ha hecho que las solicitudes de internamiento que se dirijan a los jueces de la provincia de Las Palmas, en el caso de ser acordadas y estar el CIE al límite de la capacidad que el Juez de Control determinó adecuada sin ningún informe técnico, determinen un traslado del extranjero internado a otro CIE y más concretamente al de Tenerife, bien en barco, bien en avión.

CIE de Tenerife (Hoya Fría). En 2020, se ha llevado a cabo, conforme informa la FDE de Tenerife, una única visita de inspección al CIE de Hoya Fría. El Centro que dispone de 238 plazas, ha visto temporalmente reducidas las mismas a la mitad, a raíz de la petición formulada por la dirección del centro y con el seguimiento y acuerdo del juez de control de CIE, para lo cual se remitieron todos los protocolos existentes para garantizar la integridad física y la salud de los internos, aspecto éste que preocupa a todos los involucrados en su protección y muy especialmente en un año tan difícil desde el punto de vista sanitario. La doctora del centro expresó su temor a que pudieran detectarse o expandirse casos de positivos Covid pues pese a que a los internos se les realice test PRC, el riesgo de contagio puede venir del contacto con personal del centro. En la Memoria de 2019 se informó de que estaba planeado el cierre del centro para reforma integral, pero la situación actual ha impedido que se llevara a cabo. No se detectaron dentro del CIE incidencias de especial gravedad más allá de las necesarias obras de mantenimiento ni a lo largo del año se produjeron quejas de los internos. Asimismo, no se ha detectado ningún supuesto de potenciales víctimas de trata entre los ingresados.

En cuanto al Juez de Control de Estancia, se mantiene una comunicación fluida, siendo las resoluciones más relevantes dictada por el mismo, las concernientes a la necesidad de adoptar medidas precisas para garantizar la salvaguarda de los derechos de los internos, especialmente el derecho a la salud, motivo por el cual, a solicitud de la dirección y con los informes recabados, se autorizó judicialmente una reducción del aforo máximo como medida de garantía de control sanitario, al ser necesario reservar espacios para realizar la cuarentena en los casos que fuera preciso, y a tal efecto se recabaron informes tanto de la Unidad Central de la que depende funcionalmente el CIE como de la Consejería de Sanidad, verificando la existencia de protocolos adecuados que permitan conjugar tanto la salud de los internos como la garantía de sus derechos en caso de ser necesario adoptar medidas de aislamiento.

Se han realizado 6 alegaciones de minoría de edad en el CIE que dieron lugar a que la Fiscalía de Las Palmas autorizará pruebas médicas de determinación de edad. Sólo en un caso, el resultado de las mismas fue de minoría de edad.

CIE de Algeciras. Este centro se cerró el día 6 de mayo de 2020, momento en el que se puso en libertad al último de los internos con motivo del Covid-19, iniciándose el siguiente día 11 las obras de acondicionamiento del mismo, las cuales han consistido en una mejora de las instalaciones ya existentes (baños, habitaciones, sala de visitas y comedores), así como la habilitación de nuevas zonas, tales como un nuevo módulo de descanso habilitado para los internos y una nueva área de despachos. Las obras terminaron a finales de diciembre de 2020, siendo así que, desde el día 1 de enero de 2021 este centro se encuentra abierto nuevamente.

La sede de Algeciras del CIE, durante el pasado año, ha ceñido su ocupación a un pequeño número de plazas, en todo caso inferior a 30, debido al cierre de patios y habitaciones a causa de su estado, no habiéndose ingresado mujeres desde el año 2017. Pone de relieve el FDE, que han persistido algunas importantes deficiencias ya observadas en años anteriores, (falta de calefacción, ausencia de un cierre centralizado para las habitaciones de los internos, o escueto del mobiliario de las habitaciones).

Respecto a las dependencias de Tarifa, el 17 de marzo de 2020 se puso en libertad al último de los internos con motivo del Covid-19, produciéndose el cierre del centro. Desde ese día y debido al mal estado de las instalaciones de este centro, permanece cerrado provisionalmente a la espera de recibir la orden de su cierre definitivo. Atendida la situación de pandemia, así como los cierres ya expuestos, no se han producido inspecciones del CIE por parte del Fiscal el pasado año.

CIE de Valencia. En el año 2020, según informa el FDE de Valencia, no se ha realizado ninguna visita al CIE puesto que las programada se dejaron sin efecto por la crisis sanitaria y que a partir del 8 de abril el centro se cerró a los efectos de abordar una reforma integral del centro, que tiene prevista su apertura para la tercera semana del mes de marzo del año 2021, al menos esa es la previsión que el propio director nos ha manifestado en reiteradas ocasiones y que a día de hoy se mantiene.

CIE de Murcia. La FDE, informa que, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 463/20, se acordó proceder a la puesta en libertad de forma paulatina de aquellos internos cuya fecha de expulsión se encontraba próxima a su vencimiento, tras señalar un domicilio donde acudir a fin de llevar a cabo el confinamiento acordado por el decreto de alarma y previa comunicación al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y poder derivar a los ciudadanos extranjeros a diferentes centros de acogida. Así fueron puestos en libertad entre los días 23 a 27 de marzo un total de 32 internos, de los cuales 20 fueron puestos a disposición de las ONG CEPAIM y Cruz Roja y el resto a familiares y amigos tras verificar la certeza de los domicilios facilitados. En el desalojo del centro se produjeron algunas incidencias, como la acaecida el 27/3/20, cuando dos internos, tras haber sido puestos a disposición de Cruz Roja y explicarles claramente que no podían deambular libremente por las calles salvo los supuestos legalmente previstos, se negaron a ser trasladados al centro de acogida abandonando a pie las instalaciones, hecho que fue comunicado al Juez de Control. Se detectaron 3 casos positivos de Covid entre los internos; al aparecer el tercero, el CIE se puso en cuarentena, quedando los internos en aislamiento por 10 días, tras los cuales se realizaron pruebas PCR con resultado, todas ellas, negativo, retomándose el funcionamiento normal del centro.

Se tramitó un expediente gubernativo en la Fiscalía de Murcia a raíz de las denuncias presentadas por varios internos contra dos miembros del Colegio de Abogados en Murcia, los cuales al parecer y según referían los internos denunciantes, les estaban cobrando elevadas cantidades de dinero por tramitarles los papeles y asegurarles que les sacarían del centro de internamiento. Practicadas las diligencias pertinentes se concluyó con el archivo del procedimiento, al no poderse comprobar la veracidad de las afirmaciones, tanto por no estar dichos internos en el centro, pues fueron puestos en libertad por la crisis sanitaria, como por haberse constatado que se tramitaron por dichos letrados varios expedientes tendentes a la regularización de los inmigrantes denunciantes. Finalmente se comunicó al Colegio de Abogados de la región por si procediera algún tipo de responsabilidad en dicho ámbito.

En el año 2020 se ha producido una única visita el Centro por parte de los fiscales encargados de extranjería a fin de poder verificar personalmente el cumplimiento en el centro de internamiento de las medidas sanitarias acordadas por el Ministerio de Sanidad y concretamente las establecidas en la Región de Murcia. En la citada inspección, que tuvo lugar en noviembre de 2020, el centro contaba con 47 internos procedentes de Argelia y 6 de nacionalidad marroquí respecto de los cuales se estaba gestionando la posibilidad de repatriación a sus países de origen, constatándose lo siguiente: las habitaciones eran ocupadas solo por dos personas para posibilitar mantener la distancia de seguridad necesaria para evitar posibles infecciones; todos los internos fueron ingresados por autorizaciones de juzgados de Almería y Palma de Mallorca, accediendo al centro de internamiento con constancia documental de habérseles efectuado la prueba PCR en las localidades de origen con resultado negativo; no obstante, a la llegada al centro, se procedía a la toma de temperatura de los mismos y su observación durante diez días; en previsión de la existencia de algún posible caso positivo existe en el centro un protocolo de actuación marcado por las medidas acordadas por la Comunidad autónoma, consistente en toma de temperatura diaria a todos los internos por la mañana, existencia de una habitación con aseo en su interior reservada para la posible existencia de algún positivo donde se le aislaría durante el periodo de tiempo necesario, quedando de este modo una única persona en la habitación que quedaría igualmente aislada al convivir con un infectado; se dispone de gel hidroalcohólico en todas las dependencias de acceso a las distintas estancias del centro y suministro de mascarillas para los internos; el centro dispone de servicio médico permanente de 8 de la mañana a 8 de la tarde, así como personal de enfermería durante el mismo horario los siete días de la semana. El personal sanitario está en continuo contacto con el centro de asistencia Covid con el fin de poder determinar las medidas a tomar en caso de que se de algún positivo o sospecha de positivo por coronavirus; Las visitas al centro se realizan de forma aislada de tal manera que no hay un contacto directo con estas sino a través de una mampara, tomándoles la temperatura a la entrada del centro cada vez que se ejerce esta posibilidad así como se les suministra gel hidroalcohólico para la desinfección de manos.

En el año 2020, se han registrado 10 alegaciones de minoría de edad, considerándose mayores a 7 de los peticionarios, a 1 de ellos menor y resultando 2 anuladas.