5. FISCALÍA ESPECIAL ANTIDROGA

5.1 Introducción

5.1.1 Aspectos más relevantes del fenómeno del tráfico de drogas en 2020

Según el Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, tratar de hacer un análisis y evaluación certeros del fenómeno en una memoria que debe cerrarse en abril del año en curso es tarea muy difícil: no se dispone de las estadísticas policiales o de investigación que, por regla general, realizan memorias o informes que se cierran con posterioridad, incluso en otoño, por lo que no es posible reflejar sus análisis ni sus datos objetivos.

Por ello, como en memorias anteriores, este apartado se nutre especialmente –y los incluye en un resumen muy sintético– de los análisis y datos fácticos que aportan en sus memorias los/as delegados/as de las Fiscalías Antidroga, documentos que son publicados en su integridad por la propia Fiscalía Especial y cuya exhaustiva información permite conocer las tendencias del fenómeno criminal en los territorios de las diferentes comunidades autónomas, además de reflejar, este año, la incidencia que ha podido tener la pandemia de COVID-19 en la actividad criminal.

Respecto del problema de las plantaciones de cannabis –de las que en la Memoria de 2012 se indicaba que, así como las incautaciones de cannábicos en general descendieron un 7,7 % y que dicha disminución fue muy importante en aceite de hachís (96,6 %) y marihuana (46,8 %), las de plantas de cannabis habían aumentado en un 51,4%. En la de 2014, se contabilizó un total de 749 actuaciones sobre instalaciones o plantaciones de cultivo de cannabis de toda clase con un resultado de 100.313 plantas de cannabis aprehendidas que han dado un peso (en seco) de 22.687 kg. Y en los años posteriores se ha ido informando del aumento de plantaciones de cannabis, tanto indoor como en el exterior, de los problemas de todo tipo que genera esta actividad, o, en la Memoria de 2016, la incautación de 724.611 plantas de cannabis (frente a 379.846 del año anterior, con un aumento del 90,76 %), hasta llegar al millón de plantas en 2018, cifra que ya se ha superado.

Este notable incremento se une a otros aspectos, de toda índole: los intentos de «pasar» plantaciones ilegales como plantas de cáñamo para uso industrial; las defraudaciones de fluido eléctrico y el correspondiente desabastecimiento como consecuencia del importante consumo de las plantaciones indoor; implantación en España de organizaciones extranjeras violentas, dedicadas a la producción y exportación al resto de Europa; fenómenos de auténtica trata de seres humanos, en una forma contemporánea de esclavitud y la proliferación de organizaciones y grupos que, en lugar de cultivar ellos mismos, tratan de sustraer las cosechas (los conocidos como «vuelcos», citados en las memorias de Almería y Asturias), con uso de armas de fuego y una gran violencia. De este modo, si en un primer momento parecía haber una cierta vinculación de las plantaciones de cannabis de pequeña extensión con los llamados «clubes cannábicos», el fenómeno actual implica la existencia de auténticas organizaciones constituidas sobre todo por personas de nacionalidades diversas y cuya finalidad es sobre todo la exportación a otros países de Europa. Puesto que el mercado interno es insuficiente para cubrir la producción, en ocasiones estas organizaciones están implantadas en varias provincias del territorio nacional. La proliferación de estas plantaciones en prácticamente todo el territorio nacional tiene su reflejo en las memorias de los delegados, de lugares tan diferentes como Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Girona, Huelva, Valencia o Bizkaia. Los delegados andaluces mencionan asimismo la proliferación de plantaciones cuyos responsables declaran que están cultivando cáñamo para usos industriales, aunque no justifican ni documentan dicha declaración, pese a que dicho cultivo no está subvencionado ni parece que genere beneficios importantes. Otros, como Lleida, alegan la facilidad de «camuflaje» de dichas plantas en el interior de cultivos de maíz; finalmente, el delegado de Barcelona sigue poniendo el énfasis en el aumento exponencial observado en las proporciones de principio activo que llevan a postular la conveniencia de fiscalizar toda la planta y reconsiderar si no se trata ya de sustancias que pudieran causar grave daño a la salud.

La Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil había tratado ya el problema de las plantaciones de cannabis hace casi diez años y posteriormente realizó dos informes, llamados «dardos», el n.º 3/2017, en que incidía en la relación entre estos delitos y la trata de seres humanos, y el 6/2020, en que realizaba un análisis exhaustivo, sobre la implantación territorial de estas plantaciones, las nacionalidades principales de los integrantes de las organizaciones, el notable aumento de principio activo de los nuevos sistemas de cultivo y las consecuencias de todo tipo derivadas de esta actividad delictiva.

Son varios los fenómenos detectados. El incremento y extensión a todo el territorio nacional de las asociaciones o clubes cannábicos, cuyo origen puede situarse en Cataluña –especialmente Barcelona–, y País Vasco, pero que se han extendido a otros territorios, como Alicante, Cantabria, Lleida o Madrid.

La problemática del tráfico de drogas de todo tipo a través de los puertos (Algeciras, Barcelona, Cantabria, Valencia, Bizkaia) y aeropuertos (Barcelona, Madrid, Málaga y Bizkaia).

Los denominados «narcopisos», generalmente en el centro de las ciudades (Madrid, Barcelona, Cádiz, Huelva), e incluso de pueblos y barrios enteros con un tráfico muy intenso de drogas (en ciudades como Barcelona o Madrid).

El mantenimiento de organizaciones «tradicionales», que recuperan sectores de actividad delictiva, como sucede con las llamadas «mafias gallegas», dedicadas al desembarco de cocaína en dicha Comunidad Autónoma (A Coruña y Pontevedra).

Todos ellos demuestran que la actividad delictiva del tráfico de drogas cometida por organizaciones o grupos criminales se extiende por toda España, sin olvidar la existencia de fenómenos particulares de determinadas zonas.

Así, Galicia, además de ser una zona que mantiene una importante actividad de tráfico de cocaína, parece ser un centro «logístico» de distribución de heroína procedente de Holanda por carretera, que extiende sus efectos a la propia comunidad autónoma e incluso a Portugal y Andalucía; en este punto parece que las organizaciones gallegas dedicadas a esta última actividad –desconectadas de las dedicadas al tráfico de hachís o cocaína–, prescinden de Madrid como posible lugar de paso y reciben la droga a través de vías de alta capacidad.

En cuanto a la actividad de la Bahía de Algeciras, es muy significativa, de una parte, la memoria de la delegada en Algeciras y las memorias de la delegada autonómica y de la provincia de Cádiz, además de las de Huelva, Sevilla, Málaga y Almería:

En la primera de ellas se hace referencia a la actividad del puerto de Algeciras, en el que se detectan varios fenómenos: la importación de cocaína a través de contenedores en los que, junto a incautaciones de «envíos de prueba», se han producido varias de más de una tonelada, lo que significa que las organizaciones se arriesgan a cargar grandes cantidades en cada contenedor; la entrada de hachís procedente de Marruecos, vía vehículos particulares o de transporte, que, en la primera modalidad, se ha visto sensiblemente reducida por el cierre de la frontera y en la segunda, por la reducción de transportes y la correspondiente mayor capacidad de control de mercancías; y las organizaciones y grupos implantados en dicha bahía dedicados especialmente al tráfico de hachís, actividad a cuya represión se están destinando los mayores esfuerzos policiales.

Esta presión policial parece haber conseguido controlar o al menos reducir de forma significativa los problemas de seguridad ciudadana que había generado esta actividad delictiva, pero se está traduciendo en otros fenómenos que aquí resumimos: la constitución de grupos u organizaciones de personas residentes en distintas zonas de Andalucía con una clara distribución de funciones; la búsqueda de nuevas (y no tan nuevas) zonas para realizar los alijos y depósito de las drogas, como la provincia de Huelva –e incluso Portugal, donde las embarcaciones de alta velocidad, que constituyen género prohibido en España, no lo están en aquel país–, la de Cádiz, el río Guadalquivir hasta Sevilla y la Costa del Sol, llegando incluso hasta la provincia de Almería.

Por otra parte, la actividad de los fiscales en dicha área se ha traducido en un sustancial aumento de los procesos por blanqueo –teniendo en cuenta que estos solo se registran como tales cuando la importancia de los bienes y ganancias obtenidos exigen un proceso independiente del incoado por tráfico de drogas–, con los consiguientes problemas de gestión de los bienes incautados, notable incremento de las personas presas provisionalmente por estos delitos, etc.

En cuanto a las consecuencias de la pandemia, debe distinguirse entre la propia actividad del tráfico y sus posibles repercusiones en los procesos. La actividad delictiva afectada ha sido aquella que se ha visto restringida por el largo período de confinamiento de la primavera pasada y el cierre de establecimientos y fronteras; por ejemplo, se han reducido las peticiones de cooperación de otros países europeos referidos al transporte por carretera de sustancias estupefacientes –que volvieron a reanudarse en el otoño–. El cierre de grow-shops llevó a ciertas personas a tratar de utilizar los estancos de tabaco, lo que ha provocado que desde esta Fiscalía se hicieran gestiones con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, y, en definitiva, con el Comisionado para el mercado del tabaco, a fin de que dichos establecimientos de abstuvieran de comercializar determinados productos cuyo contenido no se correspondía con el etiquetado. En este último punto es de resaltar la actividad de investigación inicial y análisis de información realizado por las policías locales de Bilbao y Madrid.

Aunque no se dispone de cifras, la reducción de vuelos internacionales ha tenido que suponer lógicamente una disminución del transporte de drogas (cocaína) por los propios pasajeros en su cuerpo o equipaje, pero, por el contrario, no parece que se haya reducido el transporte por carretera, mediante contenedores marítimos e incluso con embarcaciones ad hoc.

Desde la perspectiva de los procesos, los delegados reflejan, en general, las dificultades iniciales de trabajo telemático, y, ulteriormente, para la celebración de juicios, en especial los procesos con múltiples investigados.

Respecto del órgano central, la inicial situación de pandemia y el confinamiento acordado en la primavera de 2020 implicó la toma de una serie de decisiones del Fiscal Jefe en desarrollo de las adoptadas desde la Fiscalía General del Estado, para que se pudieran prestar adecuadamente los correspondientes servicios, reduciendo al máximo el riesgo de contagio y ello pese a las carencias en materia informática que en ese momento se padecían y que se han ido superando, o al menos paliando, a partir del verano, para lo que se ha incluido en la correspondiente comisión de la Audiencia Nacional a un fiscal de esta Fiscalía.

Las prevenciones iniciales que se adoptaron, de acuerdo con los órganos judiciales, fueron:

1.ª Restricción máxima del número de funcionarios de Secretaría que tuvieran que asistir personalmente a la Fiscalía y que se encargaban de la tramitación de los asuntos que ingresaran.

2.ª Autorización a los fiscales –que disponen de despachos individuales– para acudir a la sede de la Fiscalía o teletrabajar desde su domicilio.

3.ª «Papel 0», sustituido por traslado mediante correo electrónico y remisión del correspondiente informe por la misma vía, mediante firma electrónica u otro medio que garantice su exactitud.

4.ª Para la tramitación de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega y las peticiones de extradición, conexión vía correo electrónico con las unidades policiales dedicadas a esta actividad, lo que ha permitido una importante agilización de dichas tramitaciones.

5.ª Como se ha indicado, se está desarrollando la plena digitalización de la Audiencia Nacional; para ello, se ha proporcionado de firma electrónica a todos los funcionarios, especialmente los fiscales, se ha dotado asimismo a cada Fiscal de una webcam con micrófono, para poder participar en reuniones y actos procesales a distancia, y se está continuamente evaluando y mejorando el sistema Fortuny.

5.1.2 La evolución general de la destrucción de drogas

Desde que se creó la comisión de seguimiento de la destrucción de drogas, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), elabora las cifras consolidadas de destrucción, tanto de las propias drogas como de otros objetos (precursores, envoltorios, mercancías), aunque no puede discriminar sobre su procedencia, como ya hemos expuesto en anteriores memorias, y que será objeto del epígrafe siguiente:

Año	Drogas (kg)	Otras sustancias (precursores, contaminadas, etc.
2012	373.725,00	17.258 kg/lt
2013	454.902,50	1.759,20 kg/l
2014	364.743,91	5.643 kg/lt
2015	446.844,38	132.200 kg/lt
2016	365.333	30.729,94 kg/lt
2017	482.298,43	48.638,58 kg/l
2018	595.549,92	59.982,39 kg/l
2019	507.923,19	213.788,15 kg/lt
2020	551.177,62 (+8,15%)	222.303,18 kg/lt (+3,98%)

El año al que se refiere esta memoria ha supuesto un aumento en el total de droga destruida, que puede cifrarse en el 8,15%, respecto de 2019; y la destrucción del resto de sustancias relacionadas o contaminadas continúa incrementándose (un 3,98% respecto de 2019, y un volumen del 44,33% respecto de la droga).

5.1.2.1 El problema de la obtención de cifras consolidadas de incautaciones, depósitos y destrucciones

Hacer un seguimiento totalmente eficaz del flujo de incautaciones-depósitos y destrucciones del total de las drogas, resulta prácticamente imposible porque pese a los esfuerzos desplegados, se cuenta con dos fuentes diferentes que, además, utilizan criterios distintos:

El Ministerio del Interior aporta los datos de las sustancias que, depositadas provisionalmente en dependencias policiales por razones de urgencia, son llevadas a la destrucción sin pasar por las llamadas URCD’S (unidades regionales de depósito), que no reflejan ese flujo, sino el total de las sustancias destruidas en un determinado período de tiempo.

La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, dependiente del Ministerio de Política territorial y función pública, por el contrario, elabora mensualmente unos cuadros estadísticos que reflejan adecuadamente los flujos, porque incluyen las cantidades ingresadas en la URCD’S, así como las que salen de ellas para su destrucción; pero, como hemos dicho, estas cifras no alcanzan el 100% del total, sino que oscilan entre el 50% y el 80%.

En todo caso es de destacar que el tiempo que media desde la incautación hasta la efectiva destrucción oscila entre mes y medio y tres meses, que se ha generalizado la destrucción mediante decisión judicial, y, en consecuencia, que es muy excepcional la «destrucción administrativa» de las sustancias (artículo 367 ter.1, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

5.1.3 Otras cuestiones tratadas en la comisión de seguimiento de destrucción de drogas

Por regla general la comisión se reúne mensualmente, salvo en verano o por circunstancias excepcionales; aparte del propio seguimiento de la destrucción de drogas, en diversas reuniones se han tratado, entre otras las siguientes cuestiones:

1.ª A iniciativa de esta Fiscalía, se trata de llegar a un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado del Ministerio de Política territorial y función pública y el CITCO, para lograr consolidar las cifras totales de incautaciones, depósitos y destrucciones, de modo que se puedan determinar los correspondientes flujos y tendencias.

2.ª Abordaje de la problemática específica de la destrucción de las plantas de cannabis incautadas, cuyo aumento es exponencial. El CITCO ha hecho gestiones, con éxito, para su destrucción en vertederos de basura y en otras dependencias diferentes de los hornos tradicionales. Desgraciadamente, el programa de reuniones en diferentes provincias con jueces y fiscales, además de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para concienciar sobre dicha problemática y la necesidad de adoptar decisiones ágiles de destrucción, ha sido suspendido como consecuencia de la pandemia.

3.ª A iniciativa de esta Fiscalía, un programa sistemático de análisis de hojas de plantas de cannabis diferentes de las correspondientes a las sumidades floridas, con vistas a que se pueda aprobar una Orden Ministerial que las declare sustancias fiscalizables. En el momento de redactar estas líneas, está pendiente de la firma de la Ministra de Sanidad.

4.ª Se ha constituido asimismo un grupo de trabajo para poder evaluar los costes de la destrucción de las drogas a fin de poder repercutirlos en las personas que resulten condenadas en los correspondientes procesos.

5.ª Finalmente, se está abordando el Plan Estratégico Nacional contra las plantaciones de cannabis, a iniciativa del Ministerio del Interior.