7. SECRETARÍA TÉCNICA

El artículo 13.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante, EOMF) establece que la Secretaría Técnica forma parte de la Fiscalía General del Estado que dirige el/la Fiscal General del Estado, junto con la Inspección Fiscal, la Unidad de Apoyo y los Fiscales de Sala que se determinen en plantilla.

El mismo precepto se refiere en su apartado tercero a su composición, indicando que será dirigida por un Fiscal Jefe y estará integrada por un Teniente Fiscal y los fiscales que se determinen en plantilla, y a sus funciones, atribuyéndole la realización de los «trabajos preparatorios que se les encomienden en aquellas materias en las que corresponda a la Junta de Fiscales de Sala asistir al Fiscal General del Estado, así como cuantos otros estudios, investigaciones e informes estime este procedente», la colaboración en la «planificación de la formación de los miembros de la carrera fiscal cuya competencia corresponde al Centro de Estudios Jurídicos» y «las funciones que las Leyes atribuyan al Ministerio Fiscal en materia de cooperación judicial internacional, en el marco de las directrices de política exterior emanadas del Gobierno».

A lo largo del año 2020, la Secretaría Técnica ha desplegado un amplio apoyo a la labor institucional de la Fiscal General del Estado y de asesoramiento técnico-jurídico en las más diversas materias.

El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia por la enfermedad de Covid-19. Previamente, el día 10 de marzo de 2020, la Fiscalía General del Estado, tras consultar con las instituciones sanitarias y el resto de los operadores jurídicos implicados, dictó un Decreto con las primeras medidas extraordinarias y urgentes para enfrentar la situación de pandemia sanitaria que sería declarada tan solo un día después. Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por dicha enfermedad.

La Secretaría Técnica se enfrentó entonces a una situación inédita que exigía soluciones inmediatas y eficaces. El día 9 de marzo de 2020 se constituyó el Comité de prevención del Coronavirus con la finalidad de evaluar la situación, proponer a la Fiscal General las primeras soluciones y atender a las necesidades de la carrera. También como foro de exposición de los temas que habrían de ser objeto de los acuerdos que se adoptarían en el futuro con otras instituciones, singularmente con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

Este Comité estaba integrado por los fiscales jefes de la Inspección Fiscal, la Unidad de Apoyo y la Secretaría Técnica; el Fiscal Jefe de la Sección de lo Contencioso-administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica y la fiscal de la Unidad de Apoyo, Dña. Esmeralda Rasillo.

A lo largo de los meses de vigencia del estado de alarma se puso en marcha un ámbito de colaboración entre la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Consejerías de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia que resultó fundamental para conjugar la necesaria protección de la salud de la ciudadanía y de los profesionales en nuestro específico ámbito de la actividad, además del mantenimiento de los servicios esenciales.

También la Fiscalía General –representada por la Unidad de Apoyo y la Secretaría Técnica– ha formado parte de dos grupos de trabajo con el CGPJ sobre propuestas en materia de Justicia, todo ello sin perjuicio de las relaciones y contactos bilaterales entre la Fiscal General del Estado, el Presidente del CGPJ y el Ministro de Justicia.

El seguimiento y la protección de las víctimas, especialmente de las personas mayores y/o con discapacidad domiciliadas en centros geriátricos y/o establecimientos residenciales que, como es bien sabido, han resultado particularmente afectadas por la enfermedad, ha sido objetivo prioritario de la Secretaría Técnica durante todos estos meses. A través de la red de fiscales delegados de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, la Fiscalía General ha mantenido la supervisión y el control de las residencias, además de iniciar las investigaciones pertinentes cuando se han denunciado o detectado hechos o irregularidades ubicadas en ese específico contexto.

Aparte, se han contabilizado en la Unidad un total de 720 expedientes gubernativos que incluyen la revisión de 236 solicitudes de prórroga de diligencias de investigación y el estudio de 52 daciones de cuenta de asuntos de especial importancia o transcendencia.

Por su especial entidad, resulta de interés sintetizar las siguientes acciones desarrolladas: