5. OTRAS REFORMAS

5.1 Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

El Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, preocupado por la elevada cifra sumergida de hechos que se cometen y no se denuncian, tal y como ponen de manifiesto prestigiosos y reconocidos organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, propone la modificación de la legislación de extranjería a fin de que las personas extranjeras que carecen de permiso de residencia en nuestro país y que hayan sido víctimas de delitos de odio y discriminación –especialmente cuando sean cometidos con violencia o intimidación– puedan obtener dicho permiso para residir en España, y ello con el fin de evitar el temor a una probable expulsión del territorio nacional si acuden a una comisaría a denunciar el delito del que han sido víctimas, facilitando de esta forma que los hechos afloren mediante la denuncia, haciendo posible su persecución.

Se trataría de contemplar un apartado específico dentro de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, que permitiera a las personas en situación irregular en España que hayan sido víctimas de delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezcan o su discapacidad, quedar exentas de responsabilidad administrativa y evitar la expulsión si denuncian dichos delitos, particularmente en los casos en que haya existido violencia o intimidación en su comisión. Previsiones de esta naturaleza se contemplan ya en el art. 31 bis de la citada Ley para las víctimas de violencia de género o en el art. 59 bis para las víctimas de trata de seres humanos.

Dicha medida se enmarcaría en el marco de las conclusiones aprobadas por el Consejo de la Unión Europea celebrado en Bruselas en Diciembre de 2013 (16068/13 FREMP 179 JAI 1000 COPEN 198 DROIPEN 138 SOC 925) y en las que se invita a los Estados «a tomar medidas adecuadas para facilitar la denuncia de los delitos motivados por el odio por las víctimas y en la medida de lo posible también por las asociaciones que les brindan apoyo, incluidas medidas para generar de confianza en la policía y en otras instituciones».