2.6 Protección y defensa de las personas mayores

Como novedad legislativa autonómica debe reseñarse la reciente Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, que garantiza expresamente en su artículo 10.ñ) el seguimiento de un procedimiento contradictorio cuando la persona afectada carece de capacidad de decisión en relación con el ingreso en centro.

Cabe destacar los esfuerzos por alcanzar una supervisión lo más completa posible de las residencias de mayores efectuados por la mayoría de las fiscalías.

Como ejemplo, la Fiscalía de Área de Benidorm-Denia refiere que en el año 2019 se inspeccionaron todas las residencias (un total de 29) y que se realiza un seguimiento continuo de todas las residencias a través de los listados que son remitidos mensualmente y un contacto continuo con los respectivos directores.

La Sección Civil de la Fiscalía Provincial de Ourense expone el incremento del número de personas mayores solas y la inexistencia de una red de apoyo comunitaria adecuada que garantice una vida autónoma en su vivienda.

La Sección de Madrid expone que la labor de inspección de la Fiscalía a los numerosos centros residenciales de mayores del partido judicial de Madrid, se ha normalizado como uno de los servicios de los fiscales de la Sección; todos ellos sin excepción realizan visitas y redactan las correspondientes actas. Se pretende incrementar dichas visitas, lo que no resulta sencillo por el número de servicios que se deben atender. En la práctica, el control judicial que provoca cada caso de ingreso involuntario –especialmente de mayores en centros residenciales–, es uno de los medios más importantes de detección de supuestos de abusos por terceras personas, y dan lugar a un porcentaje elevado de procedimientos de incapacitación iniciados por el Ministerio Público.

La Sección de Barcelona refiere que a lo largo del año 2019 se ha incrementado la labor del Ministerio Fiscal en cuanto a la inspección de residencias geriátricas. Las visitas se realizan por dos fiscales, previo aviso al centro correspondiente, levantándose el acta procedente y actuándose conforme a las situaciones jurídicas que se observan con apertura de diligencias preprocesales en aquellos supuestos en que se detecta una situación personal, social, de salud y/o económica del residente que así lo aconseje.

La Fiscalía de Sabadell realiza las visitas de inspección a residencias de tercera edad acompañados de inspectores de la Generalitat.

La Sección de Almería refiere que durante estos últimos años, en las visitas se ha hecho especial hincapié en el control de las autorizaciones judiciales de los ingresos involuntarios, pero en aras a mejorar el control, se ha llevado a cabo una reunión con la Inspección de Asuntos Sociales a fin de tener una perspectiva más amplia y mejor del funcionamiento de los establecimientos objeto de visita.

La Sección Civil de la Fiscalía Provincial de Pontevedra da cuenta de que se ha mantenido el sistema de comunicación bimensual de datos de los internos a través del correo electrónico, en el cuál debían constar los datos personales del residente, junto con la resolución judicial, si la hubiere, respecto de capacidad e internamiento y la identificación del tutor o guardador de hecho.

La Sección Civil de la Fiscalía Provincial de Lleida da cuenta de que desde el 2017 hasta este ejercicio se han inspeccionado un 75 % de la residencias de la tercera edad, manteniendo un contacto directo con todas ellas, dado que, tras las inspecciones realizadas a los centros, se hace un seguimiento mediante las comparecencias en la sede de la Fiscalía de los trabajadores sociales de las residencias en las que ponen de manifiesto altas/bajas, problemas puntuales y los supuestos en los que los familiares no cumplen con su función. En estos supuestos se incoan diligencias preprocesales en las se citan a los familiares. En 42 ocasiones por la Fiscalía se solicitó que se dejara sin efecto la guarda de hecho constituida promoviéndose la constitución de una nueva en la persona del director del centro.

La Fiscalía de Área de Alzira expone que en las visitas a centros residenciales, cada Fiscal inspector es muy escrupuloso en el control semestral de los internamientos forzosos.

La Sección de Teruel da cuenta de que en 2019 se contabilizan 21 fallecimientos de personas ancianas que vivían en soledad, con lo que se produce un gran aumento respecto del año anterior, que fueron 13. Se trata de personas especialmente vulnerables respecto de los cuales, es muy útil que los servicios sociales establezcan una atención coordinada, y la necesaria supervisión. Sigue refiriendo esta Sección que la soledad es un sentimiento que, vivido durante la vejez, puede llegar a representar importantes dependencias de tipo social, funcional, cognitivo y/o desencadenar problemas de salud que pueden causar dificultades en la vida cotidiana. Los recursos sociales deben de estar atentos con estas personas y solicitar su internamiento o incapacidad cuando estimen que es lo mejor para protegerlas. El Justicia de Aragón ha promovido un observatorio dirigido a velar por las personas mayores que viven en soledad favoreciendo la atención, prevención y protección social.

También la Sección Civil de la Fiscalía Provincial de Zamora ha detectado un incremento de situaciones en las que se encuentran las personas de edad muy avanzada, que aunque no sufren enfermedad que limite su capacidad, sí se hallan en situación de vulnerabilidad o riesgo por la soledad y desamparo en el que se encuentran, al carecer de familiares directos o personas de confianza que velen por ellos y sus intereses, lamentando no contar con un sistema legal de apoyos, fuera de las figuras previstas en el Código Civil.

Igualmente la Sección Civil de la Fiscalía Provincial de Zaragoza pone de manifiesto el problema social que se plantea con los mayores que viven solos, auténtica crisis social sin visos de remitir. Según las proyecciones demográficas realizadas por el INE, en 15 años los aragoneses con más de 65 años que viven solos pasarán de los 83.300 actuales a alrededor de 175.000, es decir más del doble; y el 31 % de los 566.000 hogares que se prevén para el año 2033 estarán habitados por una sola persona teniendo para entonces más de 65 años el 27 % de la población, seis puntos porcentuales más que ahora. Considera la Fiscalía que es preciso mejorar notablemente la asistencia social de todas estas personas.