9.1 Actividades de las Fiscalías

La Fiscalía de Madrid recuerda que en fecha 5 de noviembre de 2018 se procedió a la resolución amistosa del Convenio de Colaboración suscrito en el año 2009 entre la Fiscalía de la Comunidad y la Comunidad Autónoma, que era un trascendental soporte en la atención a víctimas y testigos protegidos, ello como ya se ha señalado en anteriores memorias en base al contenido del Estatuto de la Víctima. Lo que no quiere decir que además de su circunscripción a los testigos protegidos, no exista una estrecha vinculación y comunicación entre la delegada de víctimas y las oficinas de atención a las víctimas.

Un importante aspecto de la protección, como es informar sobre salidas o pases de internos que puedan suponer un riesgo para las víctimas, es una tarea que hoy se lleva a cabo por la Sección de Vigilancia Penitenciaria. Comunicación que se produce entre los diferentes responsables de otras áreas como menores o violencia de género.

Esta situación que se describe solo en grandes líneas, hace pensar en la necesidad de contar con la presencia de un delegado de víctimas en la Fiscalía Provincial, en ello debe seguirse ahondando.

La Fiscalía de Barcelona señala como el Estatuto de la Víctima establece un catálogo integral de derechos de las víctimas de carácter procesal y extraprocesal, los primeras se refieren a derechos de las víctimas en el desarrollo del proceso penal que han de ser preservados durante el mismo, las de carácter extraprocesal son expresamente atribuidas a las oficinas de atención a las víctimas.

Las líneas básicas de actuación del servicio de atención a la víctima se han centrado, entre otras más específicas en relación con la violencia de género en: recepción de comunicaciones de organismos públicos y dar noticia de situaciones de maltrato o relativas a delitos violentos. Incoación de expedientes en relación a víctimas en situación de grave riesgo para efectuar seguimiento, adopción de medidas de protección o acompañamiento a juicio. Coordinación y asesoramiento a fiscales que intervienen en actuaciones judiciales, en relación a las cuestiones que se tramitan en el servicio.

La Fiscalía sigue contando con un grupo de Mossos d’Esquadra del grupo de atención a la víctima adscrito a la Fiscalía, que realiza labores de acompañamiento a víctimas de delitos violentos más graves a los juicios, así como labores de protección. Acompañamientos que se realizan sin perjuicio de las funciones que tienen atribuidas las oficinas, existe una buena coordinación entre ambos. La valoración de las víctimas ha sido muy positiva.

Respecto de la aplicación de la Ley 35/95, un año más se pone de relieve su escasa aplicación, por lo que se sugiere la necesidad de encontrar modos eficaces de transmisión y comprensión a las víctimas de sus derechos, para que pueda ejercitarlos.

Resalta la Fiscalía de Barcelona la importancia de que en el propio servicio de guardia se cuente con un técnico de las oficinas para atender a las víctimas antes de recibirles declaración.

En materia de ejecución, son los Fiscales de Vigilancia Penitenciaria quienes cuidan el cumplimiento de todas las comunicaciones que prevé la ley y que serán puestas al conocimiento de las víctimas.

En cuanto a las oficinas de atención a las víctimas, durante el año 2019 se ha ido consolidando el nuevo modelo de atención a las víctimas del Departamento de Justicia de la Generalitat a través de las OAV de los Juzgados, que ofrece atención, apoyo y orientación antes, durante y después del proceso penal, así como labores de acompañamiento.

La Fiscalía de A Coruña informa del mantenimiento de las actuaciones llevadas a cabo en la misma línea recogida en memorias anteriores. Significando la necesidad de reforzar la comunicación de los fiscales con la Fiscal Delegada en cuanto a la existencia de una víctima vulnerable en alguno de los procedimientos de los diferentes juzgados. El control de la presencia de víctimas vulnerables se realiza a través de un fichero en el que se toma nota de los datos más relevantes. En la actualidad se está trabajando coordinadamente con la Xunta y la Fiscalía Superior en la redacción de un Protocolo de Actuación de las Oficinas de Asistencia Integral a las víctimas del delito. La relación de la Fiscal Delegada con las oficinas es permanente y fluida.

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria informa sobre un extremo, en líneas generales, coincidente con varias fiscalías. La carencia de suficientes oficinas, en las que la atención debe volcarse preferentemente en un alto porcentaje sobre las víctimas de violencia de género. Lo que lleva a esta Fiscalía y a otras a solicitar, no solo la existencia de otras oficinas, sino también una mejor distribución de competencias entre la oficina y, en el caso concreto de Cantabria, la Dirección General de la Mujer. Así en concreto, en 2019 la oficina atendió a 30 víctimas de género y 8 víctimas de otros delitos. La Fiscalía pone también de relieve la especial atención a las víctimas en la fase de ejecución que dio lugar a una nota de servicio en ese sentido.

La Fiscalía de Sevilla, para el cumplimiento de la protección a víctimas, tiene un sistema de comunicación entre los diferentes fiscales y la Fiscal Delegada mediante correo electrónico, trasladando una ficha tipo en la que recogen los datos fundamentales de la víctima. Tal ficha virtual se registra automáticamente de manera manual en un archivo básico y son los fiscales de víctimas los que realizan una función de enlace o coordinación bien entre los tribunales, bien entre el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (en adelante, SAVA), o en otros casos, entre los diferentes fiscales. Para el cumplimiento de las tareas de coordinación se mantienen reuniones mensuales con los técnicos del SAVA, sin perjuicio de la comunicación cotidiana e inmediata cuando las circunstancias lo requieren, manteniendo así una relación excelente entre la Fiscalía y el SAVA. En octubre de 2018 se firmó un protocolo entre la Fiscalía de la Comunidad Autónoma y la Junta, del que ya se dio cuenta en la memoria anterior y que fue objeto de análisis de cumplimiento en la reunión de Fiscales Delegados en la Fiscalía de la Comunidad en junio pasado, ya señalada. Pone de relieve la Fiscal Delegada que no se está logrando una buena comunicación entre los fiscales y los delegados de víctimas, cuando se percibe la presencia de una víctima en quien concurra alguna de las circunstancias descritas en el artículo 23 EVP en procedimientos o diligencias de investigación. Quizá sería aconsejable alguna solución informática que permitiera que se fuera elaborando un registro autorizado de víctimas vulnerables. El SAVA realiza también labores de acompañamiento a víctimas al juicio oral y a diligencias judiciales.

Dedica la Fiscal Delegada un apartado referido a la justicia restaurativa, dando así cumplimiento a una de las conclusiones acordadas en la reunión de Granada, fomentar la implantación de la mediación penal. Desde diciembre de 2019 se está trabajando en la Fiscalía en un proyecto de Justicia restaurativa, en colaboración con Instituciones Penitenciarias. Al igual que sucede en la mayor parte de fiscalías, existe diferencia de atención a las víctimas según sus causas se sigan en los Juzgados de Sevilla capital o de la provincia. Es de esperar que se vaya ampliando la cobertura del SAVA en este sentido, tal y como parece ser la voluntad de la Junta. Se destaca el interés y buen uso de la Sala Gesell, espacio habilitado para práctica de las pruebas preconstituidas.

Otra cuestión que merece atención por parte de la Fiscal Delegada y que sin duda es un aspecto de sumo interés, es el relativo a la protección de datos, respecto de lo que debe extremarse el cuidado, solicitando el consentimiento de la víctima respecto del tratamiento de sus datos en el SAVA. El SAVA durante el año 2019 ha atendido 1001 expedientes de víctimas, 265 corresponden a víctimas vulnerables, de las cuales 215 son menores de edad y 60 discapacitados, realizándose un total de 107 informes de vulnerabilidad y 90 acompañamientos a juicio, 41 de ellos a instancia del fiscal.

La Fiscalía de Cádiz, señala que se está confeccionando una nota de servicio con la finalidad de aunar y actualizar todas las anteriores. En algún Juzgado de Cádiz se han realizado actuaciones de mediación, en concreto respecto de unos doce delitos, habiéndose llegado a un acuerdo de mediación en seis de ellos, estando alguno aún pendiente. Se realizan labores de acompañamiento, se controla la notificación a las víctimas, así como en fase de ejecución. Todo ello a través de una fluida relación con el SAVA.

La Fiscalía de Córdoba, sigue estrechando y potenciando las relaciones con el SAVA. Se hace especial incidencia en la información a la víctima y notificación de sentencias, así como la adopción de medidas de protección para las comparecencias en el juicio oral.

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón informa de las actividades de las diferentes fiscalías integrantes. La Fiscalía de Zaragoza informa de la instalación de una sala Gessel en Zaragoza que fue puesta en funcionamiento en enero pasado y también en la de Teruel. Las Fiscalías de Zaragoza, Huesca y Teruel informan de la buena comunicación con las oficinas de atención a las víctimas.

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares señala la labor de información llevada a cabo en las guardias. Existe una enorme dificultad de seguimiento respecto de las víctimas extranjeras, sin que se logre un criterio unitario en los juzgados sobre la conveniencia de recibirles declaración en las guardias. La comunicación de la Fiscalía con la oficina de atención a las víctimas es fluida y constante.

La Fiscalía de Castilla-La Mancha indica el buen cumplimiento general por parte de los fiscales de toda la normativa e instrumentos de actuación en materia de protección de víctimas. Destaca la Fiscalía de Toledo que es apreciable un mayor grado de cumplimiento del Estatuto por los operadores jurídicos desde su entrada en vigor, si bien queda aún camino por recorrer. Es necesario para ello la dotación suficiente de medios materiales y personales.

Se resalta el sistema de la Fiscalía de Albacete, que dispone de un archivo de fichas sobre víctimas, siendo obligado para los fiscales rellenar dichas fichas para controlar y garantizar el sistema de protección de víctimas. Otras Fiscalías como las de Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Toledo no siguen este sistema y el control se basa en el puntual seguimiento de los procesos y contactos entre los fiscales tanto dentro de la propia Comunidad como con otras. Las relaciones de todos los fiscales de la comunidad con las oficinas de atención a víctimas son fluidas y constantes. Se significa el favorecimiento del contacto entre el fiscal y la víctima en los juicios rápidos que se celebran en la guardia, si bien se pone de relieve la inexistencia de dependencias adecuadas para ello. Se produce una buena comunicación e información a las víctimas en los supuestos de conformidad. Se detecta una cierta reticencia de los tribunales a acceder a la celebración de la vista a puerta cerrada, solicitada por el fiscal o la propia víctima.

Se destaca la comunicación con la víctima en los juicios que se celebran ante la Audiencia Provincial. En concreto, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en la Fiscalía de Toledo se mantiene la pauta de realizar una entrevista previa con la víctima, informándole de las medidas de protección y apoyo. Informa la Fiscalía de Guadalajara la atención especial en cuanto a la información a la víctima y el contacto con las oficinas, que están permanentemente en los servicios de guardia y con especial atención cuando se trata de menores o víctimas necesitadas de especial protección.

Se controla por las diferentes fiscalías la efectiva notificación a las víctimas de las sentencias. Se cuida especialmente que exista investigación patrimonial sobre la capacidad económica y patrimonial. Si existe petición de la víctima, de lo que es informada, se le comunican las distintas situaciones penitenciarias del agresor penado. Se destaca, al igual que todas las fiscalías, la necesidad de dotación de más medios, tanto personales como materiales. La Fiscalía de Toledo estima necesario recuperar la reunión anual de delegados.

La Fiscalía de Valencia, al igual que muchas otras, pone de relieve la necesaria información sobre el contenido de la Ley 35/95, que debiera hacerse por las oficinas de atención a las víctimas. Sobre la protección de las víctimas especialmente vulnerables, durante este año se han abierto 52 diligencias preprocesales de víctimas especialmente vulnerables, en coordinación con la oficina de víctimas. De dichos expedientes, un 25 % se refieren a delitos contra la libertad sexual cuyas víctimas son mayores de edad y un 75 % son menores. Se subraya el incesante incremento de estos delitos. Se pone de relieve por la Fiscalía que la mayor parte de las víctimas no son detectadas hasta el señalamiento del juicio oral.

Respecto de la coordinación con las oficinas de atención a las víctimas se informa que hubo descontento con la coordinación en sus OAVD, lo que motivó una reunión de la Consejería con la Fiscalía que ha mejorado la situación. Subraya la Fiscalía la existencia de dos secciones con las que se mantiene una coordinación en los expedientes preprocesales: con las Secciones de Delitos de Odio y la de Vigilancia Penitenciaria a efectos de coordinación respecto del conocimiento de los beneficios penitenciarios. Sigue, sin embargo, sin existir una buena coordinación con los fiscales «penalistas». Señala la Delegada como objetivos a lograr en el próximo año: una nota de servicio de la Fiscal Jefe para una mayor coordinación, enviando –previas las cautelas que resulten necesarias derivadas de la protección de datos– copia de los escritos de acusación en caso de víctimas especialmente vulnerables. Destaca el buen funcionamiento de la cámara Gessel para las declaraciones de menores y personas especialmente vulnerables. Desde que entró en funcionamiento en el año 2014 han pasado por la misma más de 500 menores.

La Fiscalía de Valladolid informa que la oficina de atención a víctimas atiende esencialmente a víctimas de violencia de género. No existen oficinas en sedes judiciales importantes, fuera de la capital. No ha habido ningún testigo protegido, ni se ha emitido informe alguno respecto de la Ley 35/95. Se procura la notificación a las víctimas desde la calificación del fiscal, así como todas las previstas en la ley procesal.

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura informa respecto de la Fiscalía Provincial de Badajoz que se procura el cumplimiento de la información y notificación, existiendo la principal coordinación con las Secciones de Violencia de Género, Menores y Vigilancia Penitenciaria. Se procura muy especialmente el ámbito de la ejecución de sentencia. Existen en la provincia dos oficinas de atención a víctimas, en Badajoz y Mérida, con las que se produce comunicación telefónica cuando es preciso.

En la Fiscalía de Cáceres, la labor de información a la víctima se realiza por las oficinas. Existe además un contacto fluido de la Fiscalía con el Instituto de Medicina Legal, lo que facilita la realización de las pruebas preconstituidas respecto de menores o en delitos de naturaleza sexual. En la Oficina de Víctimas de Cáceres han sido atendidas 568 nuevas víctimas, de las cuales 460 son mujeres. Se ve necesaria la implantación de más oficinas, en concreto en Navalmoral de la Mata o Coria, dado el volumen de población en dichos partidos judiciales. Los responsables de la oficina han observado un aumento progresivo en delitos de carácter sexual, amenazas y lesiones, siendo la mayor demanda de mujeres y de hombres cada vez más jóvenes. Es la oficina la que realiza labores de acompañamiento. Los fiscales velan por el cumplimiento de la información a las víctimas. La Fiscalía de Cáceres pone de relieve un año más los problemas existentes para las notificaciones a las víctimas en materia penitenciaria cuando no se trata de violencia de género. El Juzgado de Vigilancia penitenciaria radica en Badajoz y la Fiscalía de Cáceres no conoce de esos permisos, por lo que no puede informar a la víctima.

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias señala que la protección de víctimas se ha caracterizado en el año 2019 por contemplar una más amplia tipología de los delitos, cobrando gran relevancia los delitos de agresión sexual. Se da cumplimiento a las obligaciones de información en todos los momentos del proceso, así como en las denominadas «alertas penitenciarias».

La tutela y protección de las víctimas se lleva acabo de forma más inmediata en las Oficinas de Atención a las Víctimas ubicadas en Oviedo, Gijón y recientemente en Avilés, que cuentan con un fichero digitalizado de víctimas. La relación de la Fiscalía con las oficinas es fluida y facilitada por la presencia de aquellas en los Palacios de Justicia. Uno de los servicios más demandados es el acompañamiento a diligencias y juicio.

En el año 2019 se han atendido en las Oficinas de Oviedo un total de 437 historias, en su mayoría delitos de violencia de género y doméstica. Se significa de forma especial el aumento de atención a víctimas de delitos de agresión sexual, habiendo sido asistidas por los psicólogos 112 víctimas. En la Oficina de Avilés se han registrado 183 historias. El psicólogo ha atendido a 70 personas, todas mujeres, a excepción de cuatro menores. La Oficina de Gijón ha asistido en el año 2019 a 638 víctimas. El psicólogo de la oficina atendió a 68 víctimas.

Pone de relieve la Fiscalía que a lo largo de 2020 se creará un centro de atención permanente a víctimas de violencia sexual que permanecerá abierto los 365 días del año y las 24 horas del día. Las clínicas médico-forenses realizaron evaluaciones en situaciones de especial vulnerabilidad, esencialmente en la guardia. Así se han atendido durante 2019 a 27 mujeres víctimas de agresión sexual y 3 hombres. Los juzgados de instrucción, penales y secciones de la Audiencia Provincial en Oviedo y Gijón facilitan el protocolo de acompañamiento de testigos al juicio oral.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pone de relieve el adecuado grado de cumplimiento de la protección a las víctimas en las diferentes fiscalías respecto de los cuatro grandes bloques de derechos: información, protección, apoyo y asistencia y participación activa y de evitación de la victimización secundaria y el pleno reconocimiento de las víctimas directas e indirectas de delitos violentos. Es normal que el primer contacto con la fiscalía se produzca en el juzgado de guardia, en el que se ofrece información, así lo reseñan las Fiscalías de Segovia, Palencia, Burgos y Ponferrada.

Los fiscales vigilan que se efectúen las notificaciones o actuaciones que puedan afectar a las víctimas a lo largo de la instrucción. Señala la Fiscalía de Soria que los juzgados provinciales cuidan especialmente de recabar su consentimiento a fin de cumplimentar las notificaciones. Se atiende también especialmente la notificación de los sobreseimientos. Especial atención merece para los fiscales la declaración de la víctima cuando se trata de un menor de edad, procurando la preconstitución de la prueba.

Por medio de otrosí se solicita en los escritos de acusación la información a la víctima de la fecha, hora y lugar de la celebración del juicio oral, así como el contenido de la acusación. Asimismo, se solicita recabar de la víctima, si así lo desea, correo electrónico o postal para ser informada de las resoluciones que afecten a la situación penitenciaria, permisos de salida o puesta en libertad.

La Fiscalía de Burgos señala que no se informa ninguna suspensión de ejecución de penas privativas de libertad sin haber oído previamente a la víctima aun cuando no sea vinculante su posición.

Tampoco las fiscalías, como es casi habitual, han emitido informe alguno en la aplicación de la Ley 35/1995.

Existe una oficina de atención a las víctimas en cada capital y otra en Ponferrada. Están integradas por un funcionario del cuerpo de gestión y un psicólogo, siendo su sede la de los juzgados. Existe una buena coordinación de las fiscalías con las oficinas. En concreto en la Fiscalía de León existe, desde 2008, un acuerdo en virtud del cual la oficina facilita a la Fiscalía un listado de las víctimas asistidas mensualmente.

La Fiscalía de Salamanca ha acordado recientemente con la oficina de víctimas remitirle periódicamente el cuadrante de servicios de la Fiscalía, así se informa del fiscal que asistirá al juicio. Igualmente se ha acordado solicitar de la oficina, tras la comparecencia del art. 5 del Estatuto una valoración de vulnerabilidad, información que se une al expediente y a la carpetilla que corresponda.

La Fiscalía del País Vasco señala que en la Fiscalía de Bizkaia existe un registro de víctimas especiales que se nutre de la «plantilla» que rellenan los diferentes fiscales con los datos existentes a lo largo del procedimiento. El registro es manual, viéndose totalmente necesaria su informatización. En la carpetilla consta una pegatina con la mención «víctima especial». Estos datos se comunican al Servicio de Atención a las Víctimas (SAV) que así tiene conocimiento desde el inicio de la existencia de una «víctima especial». Es el SAV el encargado de realizar labores de acompañamiento.

Existe una amplia colaboración entre la Fiscalía y el SAV. Este año se ha colaborado en el workshop «El papel de los Fiscales en la promoción de los derechos de las víctimas», organizado por la asociación IRSE-EVI, que busca realizar un estudio comparado entre cuatro países de Europa y cuyas conclusiones se pretenden presentar en Lisboa en junio de 2020.

Se ha efectuado otra colaboración con el Defensor del Pueblo del País Vasco, para la elaboración de un protocolo a seguir en casos de abuso y explotación infantil. En los escritos de acusación se insertan diversos otrosíes centrados en la protección de víctima. Así, solicitando la notificación de la sentencia, sobre información a la víctima de sus derechos, utilización de medios de evitar confrontación visual con el presunto agresor y autorización de la víctima para notificación de permisos de salida y demás resoluciones penitenciarias. Es el SAV el encargado de estas notificaciones que recibe de Instituciones Penitenciarias.

En la Fiscalía de Gipuzkoa se produce una buena comunicación con el SAV, que realiza una importante labor de acompañamiento. Se vela por el cumplimiento de la información y notificación a la víctima.

En la Fiscalía de Álava/Araba, en virtud de órdenes oportunas de la Jefatura, como en casi todas las demás, se ha acordado el control en cada causa del cumplimiento de la obligación legal de notificaciones de resoluciones.

El seguimiento de la situación procesal de la víctima se realiza a través de la aplicación informática de gestión procesal Justiziabat.

Son fluidas las relaciones con el SAV. Se resalta la labor efectuada por el servicio de justicia restaurativa, antiguo Servicio de Mediación. Existe un protocolo de actuación cuya aplicación por los órganos judiciales debe mejorarse.

La Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra, tras relatar la labor de información de las víctimas desde el primer contacto con las Fuerzas de Seguridad, significa el exceso de información que en algún momento reciben las víctimas. Y se destaca la buena comunicación con la víctima en los supuestos de conformidad. Destaca también el buen funcionamiento de la oficina de atención a las víctimas, con una previsión de aumento de presupuesto para el próximo año. La información sobre el estado del proceso no se puede obtener directamente, por lo que se realiza por las oficinas judiciales o la fiscalía. Esta oficina está adquiriendo en Navarra un importante papel en el ámbito de la protección de las víctimas. La relación entre la fiscalía y la oficina es buena y fluida.