8.4 Relaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otras instituciones y organismos públicos y privados

Las relaciones de los fiscales de la red con las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto nacionales como autonómicas, son cada año más fluidas en todas las demarcaciones provinciales, y dan lugar a constantes reuniones de trabajo usualmente convocadas a petición de las propias unidades policiales, para analizar conjuntamente investigaciones concretas que por su complejidad generan problemas jurídicos y/o técnicos y precisan de la definición de líneas de actuación. Dichas reuniones se complementan con frecuentes contactos institucionales, visitas puntuales, comunicaciones telefónicas o electrónicas que hacen posible canalizar una relación ágil y permanente que permite a los fiscales mantenerse informados de las indagaciones en curso y valorar conjuntamente con los investigadores las múltiples cuestiones que pueden suscitarse con ocasión de las mismas.

A nivel nacional, son muy frecuentes también las reuniones entre quienes integran la Unidad Especializada en Criminalidad Informática y los responsables de unidades policiales centrales que se ocupan de este tipo de investigaciones en los distintos cuerpos policiales. La existencia en la propia sede de la Fiscalía de las Oficinas de Enlace con Policía Nacional y Guardia Civil facilita extraordinariamente la comunicación con las respectivas unidades centrales y la celebración de encuentros periódicos con miembros de una y otra institución –e incluso, cuando se estima necesario, de ambas conjuntamente–, lo que permite el seguimiento de las concretas investigaciones policiales, el análisis pormenorizado de las cuestiones que se planteen con ocasión de las mismas y la coordinación de todas aquellas que tienen ramificaciones en distintos territorios del Estado. Esta relación fluida con los especialistas de los distintos cuerpos policiales también es de gran utilidad en la búsqueda de soluciones técnico-jurídicas a los problemas de carácter más general que continuamente van surgiendo como consecuencia del uso cada vez más frecuente de las TIC en la planificación y ejecución criminal.

En este sentido, se ha de hacer referencia a la participación de la Unidad Especializada en Criminalidad Informática en el Grupo de Trabajo creado a finales de 2018 en el seno del Comité Técnico de Policía Judicial, con el objetivo de solventar los problemas derivados de la actual redacción del art. 284 LECrim, a cuyo tenor los atestados en los que no sea factible la identificación del autor, salvo excepciones previstas en el propio artículo, no han de ser trasladados a las autoridades judiciales ni al Ministerio Fiscal. Esta situación, como ya se ha comentado, determina que un volumen muy importante de las investigaciones por ciberdelitos no llegue a conocimiento de los órganos jurisdiccionales, sino que quedan depositadas en las oficinas policiales de denuncia. El problema que plantea esta regulación es que la valoración acerca de la posibilidad de identificar al autor de un ilícito online exige en muchas ocasiones de unos conocimientos técnicos específicos, y también de la capacidad de interrelacionar la información correspondiente a las distintas denuncias que pueden derivarse de una misma actividad ilícita con múltiples perjudicados, en ocasiones ubicados en distintos puntos de la geografía nacional. En estas circunstancias se ha estimado necesario constituir el citado Grupo de Trabajo –integrado por representantes de los Ministerios de Interior y Justicia, de los distintos cuerpos policiales nacionales y autonómicos y de la propia Fiscalía– con el objetivo de establecer unos criterios uniformes de actuación en orden a una aplicación coherente y adecuada del citado precepto procesal. Lo que se pretende, en definitiva, es que los atestados que finalmente no sean remitidos a los órganos de la jurisdicción penal hayan sido previamente revisados por grupos especializados del propio cuerpo policial y, en último término, trasladados a la Fiscalía con el objetivo de garantizar una valoración correcta acerca de la pertinencia de proseguir la investigación o, en su caso, sobre la posible acumulación a otras denuncias relativas a una misma actuación ilícita.

Como en años anteriores, se han mantenido reuniones y contactos periódicos con representantes de instituciones públicas y privadas con responsabilidad en materia de ciberseguridad y lucha contra la delincuencia en la red para abordar problemas comunes, intercambiar experiencias y conocimientos o para programar actuaciones conjuntas, ya sea de carácter operativo o también de planificación y desarrollo de actividades formativas. Así, han sido usuales las reuniones con los distintos departamentos de los Ministerios de Justicia e Interior; Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); Agencia Española de Protección de Datos, etc. Igualmente han de reseñarse los contactos con diversas entidades del sector privado tales como el Centro de Cooperación Interbancaria, determinados proveedores de servicios o las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual más representativas. Por su parte, y en referencia a las actuaciones formativas, se siguen manteniendo relaciones frecuentes con facultades universitarias, escuelas técnicas y centros docentes como los de las Universidades de León, Valladolid, Carlos III y Complutense de Madrid, Unir, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares, etc. Finalmente han de destacarse los encuentros con personas o entidades perjudicadas por actividades ilícitas online como la ONG «Reporteros sin Fronteras» así como con los y las víctimas de diferentes actividades defraudatorias.

En esa misma línea tiene especial interés nuestra actuación frente al discurso de odio en la red. En el año memorial, integrantes de esta Unidad han participado activamente, en apoyo al Fiscal de Sala Delegado Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación en las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los Ministerios de Presidencia, Justicia, Interior, Educación y Formación Profesional, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Cultura y Deporte y el Centro de Estudios Jurídicos para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia. Igualmente se ha prestado apoyo y colaboración en los subgrupos de trabajo de la citada Comisión de Seguimiento, en especial en el relativo al discurso de odio online que, liderado por la OBERAXE, está elaborando un protocolo de actuación con las compañías Google, Microsoft, Twitter y Facebook, para facilitar la retirada de contenidos ilícitos de la red, en cuya futura ejecución se pretende que figure como punto de contacto esta Unidad Especializada.

En el plano internacional, ha de reseñarse que la Unidad se integra, a través de dos de sus miembros, en la CiberRed (Red Iberoamericana de Fiscales Especialistas en Cibercrimen), compuesta por puntos de contacto en todos los Ministerios Públicos/Fiscalías de los países miembros de la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Con tal carácter se tiene participación en la Conferencia Internacional y en la segunda reunión de la citada red que tuvo lugar en Chile los días 25 y 26 de junio. Meses más tarde, entre el 14 y 18 de octubre de 2019, la Unidad Especializada se encargó de la organización y dirección, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación para el desarrollo (AECID) de un encuentro en La Antigua (Guatemala), en el marco del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española para América Latina y el Caribe –INTERCOONECTA– dedicado a reforzar la colaboración en la lucha contra la ciberdelincuencia, en el que también participaron muchos de los puntos de contacto de la CiberRed.

Por otra parte, y como viene siendo habitual, la Fiscal de Sala Coordinadora asistió, como representante nacional designada por el Ministerio de Justicia, a las reuniones del T-CY de la Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia del CE, que tuvieron lugar en Estrasburgo los días 8 a 11 de julio y 18 a 20 de noviembre de 2019, así como a la conferencia Octopus celebrada en la misma sede el 21 y 22 de noviembre de 2019. En relación con ello ha de mencionarse también la continuidad durante el año 2019 de la actividad del grupo de trabajo constituido con el objetivo de preparar conjuntamente la contribución española a los trabajos que se están desarrollando en el marco de la citada Convención para la redacción de un Segundo Protocolo Adicional, e integrado por miembros de las Unidades Especializadas contra la Criminalidad Informática y Cooperación Internacional, representantes del Ministerio de Justicia y de las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

Entre otras contribuciones de interés ha de mencionarse la participación de la Fiscal Delegada en Bizkaia, en el taller organizado por la Unidad de Ciberdelincuencia de la Dirección General de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea sobre la eliminación y el bloqueo de las páginas web que contienen o difunden material sobre el abuso sexual de niños, que se realizó en Bruselas el 19 de junio. Y también, al igual que en años anteriores, la intervención en la reunión de la Red Europea de Fiscales Especialistas en Propiedad Intelectual (EIPPIN) celebrada en la sede de Eurojust en La Haya los días 22 y 23 de mayo de 2019, a través de los dos puntos de contacto nacionales, el de la propia Unidad Especializada y el delegado provincial de Cádiz, habiendo acudido también este último a la reunión de la EUIPO, celebrada en Alicante el 25 y 26 de septiembre de 2019.

Así mismo, la Unidad de Criminalidad informática, a través de su punto de contacto, intervino en las dos reuniones anuales de la Red Judicial Europea de Cibercrimen (EJCN) celebradas en la sede de Eurojust los días 4 y 5 de abril y 14 y 15 de noviembre de 2019 respectivamente.

Finalmente, no se puede concluir este apartado sin hacer referencia a la frecuente participación de los fiscales especialistas en programas y/o proyectos impulsados desde distintas instancias internacionales para promover, reforzar y obtener una mayor eficacia en la lucha contra la ciberdelincuencia. La limitación de espacio impide un análisis pormenorizado de todo ello, si bien han de ser mencionadas las colaboraciones con EL PAcCTO (programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea contra el Crimen Transnacional Organizado para la capacitación de operadores jurídicos e investigadores iberoamericanos); el Proyecto GLACY + del Consejo de Europa, así como la intervención de los Fiscales del Área de Especialización en los programas de cooperación promovidos por AECID, la Unión Europea e INCIBE, en este último caso a través de nuestra participación en el Summer Boot Camp.