6. UNIDAD DE APOYO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

6.1 Gobernanza

6.1.1 Oficina Fiscal

Durante 2019 ha continuado el proceso de implantación de la oficina fiscal en los órganos territoriales del Ministerio Fiscal, si bien con un ritmo lento y desigual. Después de tanto tiempo, todavía hay territorios sin implantación y con unos ritmos muy heterogéneos.

Así, se halla pendiente la implantación en La Rioja, Valencia, Andalucía (implantada en Sevilla y Dos Hermanas), Asturias, Aragón, Cataluña y La Rioja. En Madrid y Navarra, sin completar los procesos, parecen encontrarse en una dinámica de finalización de la implantación a corto plazo.

Los obstáculos son variados y van desde una falta de previsión presupuestaria, a veces por el hecho de pretender ligar la implantación a la de la oficina judicial, o una infructuosa tramitación de los instrumentos legales autonómicos que tienen que dar cobijo a la oficina; en realidad, en tantas ocasiones lo que concurre es una falta de priorización dentro de los proyectos de la administración correspondiente.

6.1.2 Protección de datos

A lo largo del ejercicio se ha seguido avanzando para que la Institución del Ministerio Fiscal se acomode a los imperativos legislativos en esta materia. Ello se ha hecho fundamentalmente en las siguientes direcciones:

– La Instrucción n.º 2/2019, de 20 de diciembre de 2019, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal: el responsable y el Delegado de Protección de Datos, con la que se pretende dar solidez interna a la organización, con el adecuado reparto de roles y responsabilidades dentro de la misma.

– La finalización del inventario de actividades de tratamiento, pendiente de publicación.

– El mantenimiento de actuaciones coordinadas con las distintas Administraciones que son nuestros encargados de tratamiento, por ser proveedoras de las infraestructuras materiales y tecnológicas con las que se desenvuelve el Ministerio Fiscal.

6.1.3 Transparencia

La Fiscalía General del Estado está comprometida con las obligaciones dimanantes de la legislación sobre transparencia, ofreciendo a los ciudadanos información periódica y actualizada para garantizar la transparencia de sus actividades. En materia de información institucional, organizativa y de planificación, la transparencia exige la publicación de información relativa a las funciones que se desarrollan, la normativa que resulta de aplicación y la estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento.

A través del portal de la transparencia, la Fiscalía General del Estado brinda a la ciudadanía información institucional relativa a la estructura organizativa del Ministerio Fiscal y a la actividad de la Fiscalía General, de las Juntas de Fiscales de Sala, las Juntas de Fiscales Superiores y la actividad del Consejo Fiscal, así como ofrece información de índole económica, presupuestaria y estadística relacionada con la actividad del Ministerio Fiscal.

En el año 2019, a raíz de la puesta en funcionamiento de la nueva página web fiscal.es, se han introducido mejoras en los contenidos del portal de transparencia, se ha ganado en imagen, en agilidad de uso y en la facilidad para el acceso, además de resolverse muchas de las cuestiones técnicas que se planteaban en la anterior plataforma.

Se han seguido manteniendo las reuniones del comité de seguimiento del portal de transparencia constituido en la Fiscalía General del Estado con el objeto de dar cuenta de la actividad desarrollada en cuanto a la revisión de contenidos en el nuevo portal, su actualización y el estado de cumplimiento de las obligaciones inherentes. Se ha procedido a la revisión completa de los contenidos del portal, velando por ofrecer una información de calidad y de interés para la ciudadanía a través de un formato más amable y cercano a los ciudadanos.

Asimismo, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Unidad de Apoyo da respuesta a las peticiones de información pública dirigidas a la FGE por los ciudadanos o instituciones, bien a través del servicio de atención al ciudadano, bien remitidas por el Ministerio de Justicia, por el Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones u organismos, en cuanto se acomoden a los términos previstos en los arts. 12 a 22 de dicha norma.

Durante el año 2019 se han atendido y contestado puntual y motivadamente 14 solicitudes de información pública.

6.1.4 Relaciones con las administraciones (comisiones mixtas)

Las comisiones mixtas articulan una parte importante del marco de relaciones entre el Ministerio Fiscal y las Administraciones que le proveen de medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su función. Ello se lleva a cabo en el día a día con la relación entre la Unidad de Apoyo y el Ministerio de Justicia respecto al ámbito en el que este mantiene sus competencias, y el resto de las comunidades autónomas a las que les han sido transferidas.

Para evitar hacer un relato de cada una de las quince comisiones celebradas durante el último año, se exponen las cuestiones que, con carácter general, han aparecido en todas o en la mayoría de las ocasiones.

6.1.4.1 Medios materiales: infraestructuras

Se hace una periódica revisión sobre su adecuación a las necesidades de las fiscalías, haciendo especial hincapié en esos entornos, que todavía subsisten en el territorio nacional, donde la insuficiencia u obsolescencia de las instalaciones dificulta el mejor ejercicio de la función fiscal o no es acorde con lo que a la misma le corresponde.

Siendo una cuestión especialmente ligada a las disponibilidades y planificación presupuestaria de la Administración, es de reconocer el importante avance en general que se ha producido en los últimos años, lo cual sirve para centrar la acción y llamar la atención sobre los espacios que resultan todavía muy deficientes.

Suelen repetirse en muchos lugares las necesidades peculiares que requiere el mejor ejercicio de la función fiscal en materia de reforma de menores, entorno en el que deben cumplirse particulares exigencias de intimidad.

6.1.4.2 Medios personales (personal de fiscalía, fiscales)

Como quiera que se parte de una situación generalizada de precariedad, una de las cuestiones más unánimemente planteadas es la referida a las bajas ratios de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia que desarrollan su función en las fiscalías. Los órganos judiciales y la plantilla que se les adscribe crecen con una objetividad y regularidad de la que carecen los órganos fiscales.

Hay una imagen general de insuficiencia de las plantillas de personal, sobre todo si se comparan con las de los órganos judiciales con los que se interacciona; el creciente desarrollo y profundización del ejercicio de las funciones fiscales, se ven dificultados por ello, retardando la consolidación de una auténtica organización y estructura de oficina con una pobre paridad entre fiscales y funcionarios.

En cada ejercicio se mantiene actualizado un estudio en el que se refleja exhaustivamente la realidad de cada órgano fiscal en cuanto a su plantilla de funcionarios, poniéndolo en relación con los fiscales, órganos judiciales en general y de naturaleza penal, en particular. Los resultados se contrastan con las medias de cada comunidad autónoma y la media nacional, y se presenta un desarrollo evolutivo de cada órgano en el curso de los últimos años.

A lo largo del ejercicio, la ejecución del plan de estabilización en la función pública en general y en la administración de justicia en particular, ha sido punto común.

El resumen de la situación en 2019 se concreta en las siguientes ratios:

	Promedio Ratios Fiscalías Nacional
Funcionarios fiscalía / órgano judicial	0,38
Funcionarios fiscalía / órgano penal	0,60
Funcionarios fiscalía / fiscal	0,65
Órganos judiciales / funcionario	3,12
Fiscales / funcionarios	1,65

6.1.4.3 Oficina Fiscal y Unidad de Apoyo al Fiscal Superior

Como se señalaba con anterioridad al tratar monográficamente la oficina fiscal, el que todavía haya importantes partes del territorio sin la implantación de la oficina supone un déficit para el funcionamiento y una negativa heterogeneidad para la organización del Ministerio Fiscal.

En relación a la necesidad de creación de una Unidad de Apoyo para el Fiscal Superior, sigue siendo una asignatura pendiente en casi todos los territorios.

6.1.4.4 Protección de datos

La particular relación entre el Ministerio Fiscal como responsable y las administraciones prestacionales como encargadas del tratamiento y proveedoras de medios materiales, ha hecho presente esta cuestión, aun cuando parezca en constante desarrollo y sus relevantes cambios legislativos sean anteriores al ejercicio.

Por parte de la Fiscalía está por completar el registro de actividades de tratamiento y ha resultado constante preocupación la coordinación con las administraciones de aspectos tan relevantes como la identificación de riesgos, la adopción de medidas de seguridad y la adecuación de las infraestructuras materiales y tecnológicas a un escenario de seguridad en esta materia, que tan continuamente se ve afectada en el ejercicio de la función fiscal.

6.1.5 Atención ciudadana y Defensor del Pueblo

En el año 2019 tuvieron entrada en la Unidad de Apoyo un total de 4.083 escritos, conforme al Registro.

El número de nuevos expedientes incoados por el servicio de atención ciudadana se recoge en los siguientes cuadros, donde también se hace referencia al tipo de reclamaciones a las que corresponden.

Expedientes de atención ciudadana incoados en 2019

Por correo electrónico	595
Por correo ordinario	442
Por derivación interna dentro de la institución	2
Por fax	5
Presentación personal en registro	21
Total	1.065

Por el tipo de reclamación

Tipo de reclamación	Quejas	Denuncias	Peticiones de información	Ley de Transparencia	Otros
Por correo electrónico	127	175	205	5	88
Por correo ordinario	123	124	14	9	23
Por derivación interna dentro de la institución	2	0	0	0	0
Por fax	1	2	0	0	0
Presentación personal en registro	4	16	0	0	1
Total	257	317	219	14	112

Las comunicaciones recibidas del Defensor del Pueblo se abordan haciendo referencia a los expedientes nuevos incoados durante el ejercicio estadístico y al estado del trámite, señalando la pendencia al inicio y al final del ejercicio. Ha de tenerse en cuenta que la temática que se aborda en este tipo de actuaciones hace que el necesario seguimiento requiera que el expediente se prolongue en ocasiones durante más de un ejercicio estadístico. No cabe sin embargo hablar propiamente de dilaciones, sino de una masa de gestión que fluctúa a tenor de tales variables.

También se hace referencia al orden jurisdiccional en el que, en su caso, cabe encuadrar la temática de dichos expedientes.

Comunicaciones recibidas del Defensor del Pueblo

Expedientes abiertos durante 2019	163
Expedientes pendientes al 01/01/2019	128
Expedientes pendientes al 31/12/2019	126

Orden jurisdiccional al que se refieren las comunicaciones remitidas por el Defensor del Pueblo

Civil	28
Contencioso administrativo	1
Militar	0
Penal	94
Social	0
Otros	19
Total	142

6.1.6 Indicadores sociológicos de la Carrera Fiscal

Los indicadores sociológicos de la carrera fiscal tienen por objeto proporcionar, de forma gráfica y resumida, información sobre el perfil de sus miembros. Al principio de cada año se publica en la página Web un amplio estudio actualizado con la situación a 31 de diciembre.

Además de las presentaciones y parámetros habituales, en desarrollo del Plan de Acción 2019-2020 del Plan de Igualdad, en los últimos indicadores se introducen nuevos elementos con el fin de ofrecer una fotografía lo más amplia posible de los parámetros de igualdad de género.

En relación con los procesos selectivos para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, se proporciona información, desagregada por sexo, de la composición y presidencia de los tribunales de acceso y de los directores, ponentes y profesores de los programas de formación continua e inicial.

Con abstracción de la amplia exposición que obra en nuestro portal, en este apartado se hace referencia únicamente a los datos más significativos.

– Hay actualmente 2.473 fiscales, el 65 % mujeres, con una edad media de 49 años.

– En relación al número de fiscales por cada 100.000 habitantes y tomando los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, la media nacional en 2019 fue de 4,86 fiscales/100.000 habitantes frente al 4,92 % de 2018. La ratio más alta está en las fiscalías de Canarias, con 5,53 fiscales/100.000 h y la más baja en la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra, con 3,21 Fiscales/100.000 h.

– El porcentaje más elevado de fiscales se encuentra en el tramo de edad de 41 a 50 años, con un 34 % de la plantilla, seguido del tramo de 51 a 60 años, con un 31 % de la plantilla. Los fiscales de edad inferior a 30 años representan el 2 %, frente al 1 % en el ejercicio 2018.

– En cuanto a la relación edad/antigüedad, sin diferencia respecto del año anterior, las fiscalías de órganos centrales presentan las medias más elevadas (60 años y 32 años). En el sentido opuesto, las fiscalías de Canarias y del País Vasco presentan la media de edad más baja (43 y 44 años) y la inferior media de antigüedad (13 y 14 años respectivamente).

– En cuanto a la distribución por sexo, del total de fiscales, el 65 % son mujeres. El porcentaje más elevado se encuentra en las fiscalías de Madrid, País Vasco Cataluña y Navarra, con índices superiores al 70 %. En cuanto al rango de edad, el mayor porcentaje de mujeres se encuentra en los tramos de 20 a 50, donde su presencia supera el 70 %.

– En cuanto a cargos directivos, es destacable la mayor presencia de hombres con un 62 %: la ratio más elevada se encuentra en la categoría de Fiscales de Sala, con un índice del 73 %, frente al 60 % de Fiscales Superiores, 67 % de Fiscales Jefes Provinciales y 37 % Fiscales Jefes de Área, único grupo en el que las mujeres son mayoría.