Capítulo III. FISCALES COORDINADORES Y DELEGADOS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 12. DELITOS DE ODIO Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

12.6 Desarrollo del Convenio Interministerial

El Convenio marco de cooperación contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia fue suscrito el 21 de septiembre de 2015 entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Centro de Estudios Jurídicos. Al mismo se adhirieron en adenda firmada el día 7 de marzo de 2018, la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y el Consejo Superior de Deportes, puesto que la educación, en sus distintas facetas, contribuye a la formación del ciudadano en la tolerancia y el respeto, y porque la práctica del deporte igualmente forma a las personas en valores positivos, aunque en ocasiones la asistencia a eventos deportivos sirva de excusa para cometer actos violentos y especialmente discriminatorios.

La cláusula 4.ª del Convenio crea una comisión de seguimiento compuesta por dos miembros de cada institución firmante, siendo durante el año 2018, los designados por la Fiscal General del Estado, el Fiscal de Sala Delegado don Alfonso Aya Onsalo y doña Pilar Rodríguez Fernández, designación realizada en atención a estar adscrita a la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática, habiendo trabajado con anterioridad en materia de delitos de odio y contra la discriminación en la Fiscalía Provincial de Madrid y dado que gran parte de los trabajos de la Comisión se refieren a los delitos de odio cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). En la actualidad es doña Patricia Rodríguez Lastras, Fiscal quien ostenta esta responsabilidad.

El Pleno de la Comisión celebró las dos sesiones anuales previstas en el Convenio los días 26 de junio y 13 de diciembre de 2018, con la presidencia de don Alfonso Aya Onsalo como representante de la Fiscalía General del Estado (la presidencia es rotatoria anualmente). A las reuniones del Pleno, así como a las de los Grupos de Trabajo asisten también como observadores de la sociedad civil representantes del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, de la Plataforma del Tercer Sector, del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELTGB).

En el Pleno de la Comisión de Seguimiento celebrado el 26 de junio se acordó iniciar los trabajos de renovación del Convenio, dado que el mismo caducaba por la aplicación de su cláusula quinta. Al mismo tiempo, el Convenio se adaptaría a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y a las modificaciones de diversos organismos participantes en el Convenio surgidos tras el cambio de Gobierno acaecido en junio de 2018.

Finalmente, el 19 de septiembre de 2018 se firmaría el «Acuerdo suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y formación Profesional, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Centro de Estudios Jurídicos para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia».

El Grupo de Trabajo de «Análisis de Sentencias y recogida de datos estadísticos» tiene como objetivos principales: a) realizar el análisis de las sentencias; b) describir cuáles son las etapas procesales; y c) ampliar las bases de datos para mejorar los datos estadísticos y conseguir que sean más representativos. Al concluir, se realizará un informe final.

La Comisión, contando con financiación de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargó la realización de un estudio de análisis de casos y sentencias en materia de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia, dirigido por doña Andrea Giménez-Salinas Framis, quien presentó un avance de las conclusiones en la Jornada de Delegados provinciales de delitos de odio y contra la discriminación en noviembre del mismo 2018.

Igualmente se está realizando un trabajo sobre la «trazabilidad» de los procedimientos penales, para efectuar un seguimiento desde que se recibe una denuncia por un presunto delito de odio hasta que se dicta sentencia, o se acuerda su sobreseimiento o archivo. Trabajo que, a pesar de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entregan normalmente las copias de los atestados por delitos de esta naturaleza directamente al Fiscal delegado, no resulta en absoluto fácil, aun cuando resulta de capital importancia para evaluar nuestro trabajo.

Las actividades del Grupo de Trabajo de «Discurso de odio» se han basado en el Código de Conducta firmado con la Unión Europea sobre la retirada de contenidos ilícitos de las plataformas de Internet y sobre la Recomendación 18/334 de la Comisión Europea. El 14 de marzo se celebró un taller sobre discurso de odio en el que se realizó un análisis de la situación de las instituciones, al que también asistieron las distintas plataformas. Posteriormente, en mayo tuvieron lugar dos reuniones; en la primera se debatió con las organizaciones de la sociedad civil sobre los «notificantes fiables», cuál debía ser su papel y cuáles sus características. En la segunda participaron las diferentes instituciones y se plantearon las dificultades que existen a la hora de notificar, para llevar a cabo el procedimiento con las plataformas, etc. El debate y conclusiones de estas reuniones se llevó primero al Pleno del Grupo de Trabajo y luego al Pleno de la Comisión, acordándose la realización de un informe para la implementación de la Recomendación EU 2018/334, cuyas conclusiones fueron aprobadas y deberán ser negociadas con las plataformas. El informe fue elaborado por don Juan Alberto Díaz López, Profesor Doctor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

En el Grupo de Trabajo de «Formación» se examinó el trabajo formativo realizado por las instituciones firmantes del Acuerdo y se propuso ofrecer a los Ministerios unos módulos de aprendizaje común.

En 2019 asumirá la presidencia de la Comisión de Seguimiento el Ministerio de Justicia, siguiendo el orden rotatorio establecido de común acuerdo. La Secretaría de la Comisión es asumida por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), Secretaría General de Inmigración y Emigración, MTMySS. A sus miembros debe agradecerse de forma muy especial toda la labor desarrollada para hacer posible el trabajo de la Comisión y de los Grupos de Trabajo, no solo en la tarea de la Secretaría: convocatorias, actas de las reuniones, distribución de toda la documentación, etc., sino también como impulsores y dinamizadores de muchas de las actividades que se han venido realizando desde que se firmó el Convenio en 2015.