José Díaz Cappa,  Fiscal Coordinador Delegado de la Sección de Menores de Baleares, nos cuenta como se desarrollan las guardias en su especialidad en el ámbito de la actual situación sanitaria

¿Cómo se están atendiendo las guardias?

El servicio de guardia que se presta por la Sección de Menores de la Fiscalía de Baleares es de disponibilidad telefónica semanal, por lo que, en esta parte, no hay diferencia con las situaciones de normalidad, siendo atendidas las incidencias por dicha vía. En el caso de tener que solicitar medidas cautelares, el sistema acordado ha sido llevar a cabo la declaración del menor detenido, con representante legal, en la propia sede policial (con traslado a aquellas dependencias policiales que cuenten con medios telemáticos disponibles) con presencia física o telemática de su letrado (a su elección), comunicación con el fiscal de guardia, y solicitud al juzgado de menores (o de instrucción) correspondiente para proceder a la vista oral con conexión telemática entre todos (incluido miembro del equipo técnico), y, de acordarse judicialmente la medida cautelar, traslado del menor directamente al centro de internamiento desde la propia sede policial, previa comunicación por correo electrónico de la resolución judicial.

¿Tienen dificultades para seguir las normas sanitarias en relación al uso de guantes, mascarillas, distancia?

Como en casi todos los sitios, ha habido fases. La distancia no ha sido problema hasta ahora teniendo en cuenta los porcentajes de asistencia presencial a la sedes, pero sin duda lo será en breve cuando la incorporación de los profesionales se vaya completando, debido a las reducidas dimensiones de algunos despachos y secretaría. La implementación del uso de los accesos remotos y otros recursos telemáticos, no solo para fiscales sino para funcionarios, es imprescindible ya y en un futuro inmediato para la seguridad sanitaria y la prestación del trabajo conforme a las nuevas necesidades.

Respecto de mascarillas, guantes, gel y otros elementos de protección, hubo momentos de inexistencia, luego de escasez y, en este momento, de abastecimiento más continuado.

Asimismo se ha solicitado desde la Delegación de Menores a la Gerencia Territorial la colocación de separaciones físicas en  el mostrador de la secretaría, así como en los despachos de los fiscales y salas de entrevistas personal de los equipos técnicos.  

¿Los menores y sus legales representantes acuden en persona a la guardia o se hace telemáticamente, a través de videoconferencia?

 Como he comentado, y al menos en lo casos que se han dado, la decisión del representante legal ha sido acudir presencialmente, aunque no hubiera habido problema en posibilitar su presencia en modo telemático.

¿Están presentes los letrados?

Igualmente, la decisión de los letrados ha sido diferente según los casos, pero advirtiendo siempre la posibilidad de habilitar medidas indirectas de contacto con el menor detenido.

¿Acuden los testigos? ¿Qué medidas de protección se utilizan para recibir declaración? ¿Y durante las comparecencias de las medidas cautelares?

Durante el servicio de guardia no ha habido necesidad de llevar a cabo declaraciones testificales, y, en general, ante la situación de suspensión de vistas y declaraciones durante el estado de alarma, tampoco, más allá de la recepción de manifestaciones a través de las propias denuncias o similares. Por otra parte, y ante la vuelta escalonada a la normalidad, la situación relacionada con las medidas de protección y en tanto no se implementen a la mayor brevedad posible las ya solicitadas (como las comentadas) y las que en su caso se puedan acordar, será difícil compatibilizar las funciones procesales con las sanitario-laborales y mantener una cadencia adecuada de citaciones u otras actuaciones procesales que impliquen presencialidad.

¿Está afectando la situación actual a la adopción de medidas cautelares?

Sí, pero no tanto en la posibilidad de llevarlas a cabo, aun en modo telemático, con antes comenté, sino en la necesidad de valorar más en profundidad las decisiones de su adopción, sobre todo respecto de los internamientos, teniendo en cuenta además que ello supone introducir nuevos usuarios externos en centros donde, sin duda, también se está llevando a cabo un confinamiento sanitario. Del mismo modo, se valoran también en mayor medida las opciones alternativas reales, como las prohibiciones de aproximación y comunicación y otras diferentes a las privativas de libertad que, además, son más sencillas en su tramitación y acuerdo judicial.

 Mayores dificultades plantean los supuestos de menores fugados y su retorno a los centros, teniendo en cuenta lo antes comentado.

Ante la imposibilidad visitar los centros de protección y reforma ¿Cómo es la comunicación con ellos? ¿Están teniendo dificultades?

 La decisión inicial al respecto, y puesto que aún no ha pasado excesivo tiempo para considerar que la ausencia temporal de visitas pueda suponer graves contratiempos, ha sido consensuar la situación a nivel de entidad pública de protección de menores y fiscalía,  valorando, como en el caso de los centros de reforma, la necesidad imperiosa de ingreso en centro, la forma y oportunidad de las visitas familiares, los contactos o las salidas y reingresos, entre otras cosas, que permitan optimizar al máximo los recursos con el menor riesgo sanitario para usuarios, progenitores y profesionales sin abandonar la óptica del interés superior del menor.

 En casos excepcionales la comunicación es normal y, por supuesto, llegado el caso, se lleva a cabo a través del propio servicio de guardia que incluye la atención de ciertos supuestos y situaciones relacionadas con la protección de menores.

Desde que se declaró el estado de alarma, ¿han detectado una disminución o un aumento de criminalidad?

 Ha habido una notable disminución de las denuncias y de las actuaciones policiales relacionadas con presuntos delitos cometidos por menores, al igual que en general. Habrá que pensar que ello esté relacionado con la disminución de presuntos hechos delictivos, aunque no siempre es así.

Algún otro punto que quiera destacar.

Me gustaría aprovechar, teniendo en cuenta la situación actual, que no es sino el reflejo de la realidad inmediata de la Administración de Justicia, en insistir (como he hecho en otros foros) en la necesidad de una decidida incorporación de las Secciones de Menores de las Fiscalías al compromiso de Justicia Digital (como ya se aborda en Baleares en materia penal de adultos y demás órdenes jurisdiccionales) permitiéndose la conformación de un expediente electrónico desde las propias fiscalías de menores como instructores del expediente, similar al judicial, nutrido telemáticamente con los atestados o documentos externos de otros operadores jurídicos, abordable desde el Visor documental, susceptible de firma electrónica e interactivo con los Juzgados de Menores y demás órganos judiciales y profesionales. Asimismo, potenciar la posibilidad de acceso de las aplicaciones procesales de menores (protección y reforma) en modo teletrabajo, ya sea mediante VPN o acceso remoto, y adecuación de las instalaciones a dicha realidad mediante sistemas de video conferencia adecuados y potenciación de las conexiones WIFI.