En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial mantiene su firme compromiso con la protección en defensa de los derechos de los afectados por accidentes de tráfico, con especial atención a los menores de edad, con discapacidad y personas desvalidas, expresión esta última bajo la que se han de comprender todas las situaciones de desamparo personal y social y muy particularmente las de desvalimiento económico que pueden limitar la posibilidad de conocer sus derechos y defenderlos por la vía adecuada.

Según los últimos datos correspondientes a la Memoria 2019, en 2018 se produjo un incremento muy notable tanto de acusaciones como de las sentencias condenatorias por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol o drogas del art. 379.2 CP, rompiendo la tendencia a la estabilización que se reflejaba en años previos.

Así, en el ejercicio de 2018 se formularon aproximadamente 8.000 acusaciones más que en 2017, lo que supone un 17% de incremento porcentual (frente a las reducciones de entre el 3 y 12% de los tres años precedentes), y dictaron alrededor de 5.000 sentencias condenatorias más que en el ejercicio anterior, con un incremento porcentual de casi el 10% (frente al incremento del 1% del año pasado y las reducciones de entre el 3 y 10% de los años previos).

Los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y drogas son las principales causas de siniestralidad, por lo que la Fiscalía recomienda el incremento de los controles de conducción bajo la influencia de dichas sustancias y, en general, la supervisión en las vías públicas de todas las infracciones de la legislación vial que pueden constituir delito, como estrategia esencial para reducir la siniestralidad.

La Memoria de 2019 también destaca que la delincuencia vial tiene una respuesta penal rápida. En la gran mayoría de los casos las acusaciones se formulan y las condenas recaen en los cortos plazos de los juicios rápidos. Se afianza así la celeridad de la respuesta penal a la delincuencia vial.

La Fiscalía de Seguridad Vial surgió en el año 2006. Se reúne periódicamente con asociaciones de prevención y de víctimas de accidentes y cuenta con una red de fiscales delegados en todo el territorio provincial y autonómico.
Esta unidad especial participa de forma activa en foros y reuniones internacionales. España se ha sumado al objetivo de la Unión Europea de reducir a la mitad las muertes de tráfico y los accidentes en 2030.