El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han inaugurado hoy las jornadas de fiscales especialistas de delitos económicos que, organizadas por ambas entidades, se celebrarán los días 8 y 9 de febrero en la sede del Banco de España.

Se retoman de esta forma la celebración anual de estas jornadas que había quedado interrumpida por la pandemia y se hace bajo la dirección del nuevo Fiscal de Sala Delegado, Fernando Rodríguez Rey.

En su intervención, el Fiscal General ha agradecido muy especialmente al Banco de España, y especialmente al Gobernador Hernández de Cos, su implicación en la organización de estas jornadas y ha destacado la importancia de que los y las fiscales mantengan una relación directa con otras instituciones para mejorar su formación y, por tanto, la eficacia de su labor.

García Ortiz ha recordado que el derecho penal económico presenta una gran complejidad técnico-jurídica y, al tiempo, se trata de tipos penales bastante comunes, con los que de manera habitual los fiscales se encuentran en su trabajo diario, en todas las fiscalías del territorio. Estos delitos tienen cada vez mayor repercusión en los juzgados, en la sociedad y en los medios de comunicación. Por ello, la respuesta del Ministerio Fiscal debe ser acorde al papel que le demanda la ciudadanía, lo que exige una profunda especialización que permita ofrecer una respuesta ágil y contundente.

Fiscales de toda España

Las jornadas, en las que participan 60 fiscales especialistas de toda España, giran en torno a tres ejes: las funciones del Banco de España, como parte de la estructura institucional europea y su colaboración con la Fiscalía en el ámbito penal; las principales cuestiones de interés que se están suscitando en el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, como pueden ser las entradas y registros en sede administrativa, las liquidaciones vinculadas al delito, o el fraude del IRPF a través de sociedades interpuestas por parte de profesionales; y, por último, los principales problemas técnico-jurídicos que se detectan en la aplicación de los delitos contra la Seguridad Social.