1. Delitos contra la vida e integridad física

- Aumento generalizado (en torno al 10%) en las calificaciones por delitos de lesiones. Suponen el 16% de los delitos sentenciados.

- Muchos de los delitos de lesiones, especialmente los menos graves, podrían ser un campo adecuado para el desarrollo positivo de la mediación.

2. Violencia doméstica

- El número de calificaciones se mantiene respecto al año anterior. Supone un descenso del 9% en relación a 2016. El delito de maltrato ocasional es, con diferencia, el más caracterizado. El 34% de las sentencias que se dictan son absolutorias.

- Hijos y, en menor medida, nietos y otros descendientes, integran el grupo de agresores más caracterizados. Niños y ancianos son víctimas de las conductas más difíciles de perseguir: es precisa una cultura de custodia que responsabilice a toda la comunidad.

- El que los denunciantes se acojan a la posibilidad de no declarar es causa fundamental del alto porcentaje de sentencias absolutorias. No pocas veces el denunciante busca más el apoyo social y no la condena penal de su familiar.

- La obligatoriedad de imponer la medida de alejamiento a los condenados choca en ocasiones con la voluntad de sus aparentes beneficiarios o se hace difícil su ejecución en entornos sociales precarios.

- Nuevos retos para las oficinas de víctimas: indicadores de maltrato, elección de medidas adaptadas a cada caso, terapias recuperadoras y acompañamientos.

3. Violencia sobre la Mujer

- El incremento del número de denuncias, de concesiones de orden de protección y de sentencias condenatorias logra reducir el número de víctimas mortales.

- El asesinato de menores a manos de sus padres o por parejas o ex parejas de la madre, constituye otra cruel forma de violencia en aumento.

- Preocupa la escasa detección de la violencia psicológica y de control, especialmente a través de las redes sociales, entre los jóvenes y adolescentes y su protección.

- La Fiscalía espera que el Pacto de Estado acabe con la impunidad provocada por la dispensa del deber de declarar del art. 416 LECrim, que no protege a la víctima.

- La apreciación cada vez más frecuente de las agravantes de alevosía, y actuar por razones de género, en los asesinatos a mujeres por sus parejas o ex parejas, permite reflejar de forma más adecuada el reproche penal a estos crímenes.

4. Delitos contra la libertad sexual

- Suceden habitualmente en escenarios de intimidad: es posible que se mantenga un indefinido índice de impunidad, aprovechándose las relaciones próximas entre víctima y agresor. Eventuales incrementos pueden ligarse a una creciente sensibilización de las víctimas para denunciar, apoyada por una fuerte conciencia social y la repercusión mediática de ciertos acontecimientos.

- Delitos calificados: en los últimos años, se consolida una línea acusadamente ascendente: víctimas menores +9% y víctimas mayores +15%. Víctimas menores: +42% en las agresiones sexuales y + 14% en los abusos sexuales. Víctimas mayores: +18% en los abusos sexuales.

- Criminalidad objeto de condena: Delitos sobre menores: principalmente, abusos, exhibicionismo y pornografía. Delitos sobre mayores: principalmente, abusos sexuales y agresión/violación (casi la mitad de los delitos condenados).

- Agresiones o abusos sexuales sobre menores suelen ejecutarse por personas cercanas a ellos, tratándose de actos repetidos durante apreciables períodos de tiempo; se producen en entornos familiares, educativos o de tiempo libre; se unen dificultades probatorias y, no pocas veces, resultados procesales adversos. En mayores, son entornos favorables los lugares y momentos de esparcimiento, ligados al consumo del alcohol u otras sustancias (por la víctima, por el autor, por ambos, voluntario o provocada).

- Generalización de la prueba anticipada y su articulación en el juicio. Preparación de la prueba preconstituida y uso de medidas tecnológicas de investigación.

5. Delitos contra las relaciones familiares

- El delito destacado es el de impago de pensiones. Se consolida el descenso de incoaciones (-6%) y de las calificaciones (-10%). Parece tener su origen en una mejora general de la situación económica tras el gran impacto de los peores años de la crisis. El grueso de las sentencias lo integran los delitos de impago de pensiones y los de abandono de familia.

- Hay un cierto desequilibrio entre acusaciones y condenas. En el juicio suele ser frecuente que el impago se deba a la falta de medios suficientes en el acusado, o que este abone su deuda antes del juicio; la parte perjudicada renuncia a sus acciones y/o se ampara en una pretendida dispensa de declarar contra la parte acusada.

- Entre los delitos de abandono de familia, una parte caracterizada de las acusaciones se relaciona con hechos derivados del absentismo escolar propiciado por los progenitores.

6. Delitos contra el patrimonio

- Ligero repunte de los comportamientos más graves: los robos con fuerza en casa habitada y los robos con violencia e intimidación en las personas.

- Se constata con preocupación el aumento de estructuras organizativas más o menos complejas para los robos en viviendas, aluniceros, en transporte de carretera ("surferos"), cobre y materiales relacionados con la actividad agraria.

- Van en aumento, generando gran preocupación, los delitos de esta índole cometidos sobre personas mayores, aprovechando su soledad y desvalimiento.

- La España despoblada también tiene su reflejo en el aumento de delitos contra la propiedad, al aprovecharse de la gran impunidad que otorgan las grandes distancias que han de abarcar los escasos efectivos de las fuerzas policiales.

- Los profesionales del "carterismo" y los pequeños hurtos son difícilmente combatibles, al no poder aplicarse la "multirreincidencia" a los que hayan sido anteriormente condenados por delitos "leves", terreno del que procuran no salirse.

7. Criminalidad informática.

- La utilización de las tecnologías en la planificación y ejecución de actos de violencia de género incrementa de forma alarmante los efectos perversos que el delito causa en las víctimas.

- El desarrollo tecnológico está siendo aprovechado en la planificación y ejecución de la mayoría de las actividades delictivas, dando lugar a un cambio progresivo en las manifestaciones criminales, que se sirven de las ventajas que proporcionan estas nuevas herramientas.

- Es esencial evitar que la difusión de contenidos a través de la red prolongue indefinidamente las consecuencias del delito y sus efectos perjudiciales tanto para las víctimas como para el interés general; por ello se está prestando una especial atención a la articulación de mecanismos legales para hacer inaccesibles dichos contenidos.

- Aun cuando los delitos contra el patrimonio son los más denunciados, se sospecha que existe una alarmante cifra oculta relativa a delitos que afectan a bienes personalísimos, como la libertad, la intimidad o la libertad sexual.

- Las importantes carencias en medios personales y materiales de los laboratorios de Policía Científica y Criminalística provocan preocupantes retrasos en la emisión de informes periciales que inevitablemente repercute de forma negativa en la tramitación de procedimientos penales.

8. Siniestralidad laboral

- Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se mantiene el incremento en la siniestralidad laboral, siendo en cifras globales el sector servicios el que mayor número de accidentes laborales presenta.

- Se reducen los tiempos en la instrucción de los procedimientos de siniestralidad laboral, hasta el punto de que se han presentado escritos de calificación en el mismo año en que ocurrió el accidente.

- Continúan los problemas con la aplicación del art. 324 LECrim sobre límites de tiempos de instrucción, al no tener, en determinados casos, las secciones de siniestralidad laboral conocimiento de la existencia de los procedimientos incoados, con lo cual no se ha podido instar la declaración de complejidad.

- Aumenta el número de diligencias de investigación en materia de siniestralidad laboral, así como el número de calificaciones.

9. Delitos contra el medio ambiente

- Incendios forestales: 2018, el año con menos siniestrabilidad del decenio, menor superficie afectada y mayor número de condenas.

- Mayor control policial y por parte del ministerio fiscal de los incendios en plantas e instalaciones de tratamiento y gestión de residuos y de los lugares en los que pueden producirse incendios.

- Intensificación de la lucha contra el tráfico de especies amenazadas (CITES).

- Incremento de las demoliciones de construcciones ilegales.

- Mayor concienciación social frente al maltrato animal y notable incremento de las sentencias condenatorias en lo relativo a la materia.

10. Delitos contra la salud pública

- Proliferación e implantación en todo el territorio de plantaciones de cánnabis, especialmente "indoor", con instalaciones muy sofisticadas.

- Progresivo aumento y extensión a todo el territorio nacional de los clubes cannábicos.

- Notable aumento del tráfico de drogas de todo tipo a través de los puertos y aeropuertos.

- Se consolida el fenómeno de los llamados "narcopisos", generalmente en el centro de las ciudades y de barrios con un tráfico muy intenso de drogas.

- Incremento de las cantidades de drogas destruidas. Ha alcanzado la cifra récord de 595.549,92 Kg.

11. Delitos contra la seguridad vial

- En 2018 se han dictado 89. 264 sentencias condenatorias por delitos viales de peligro, el 34% de las pronunciadas por los tribunales por toda clase de delitos.

- La red de fiscales delegados de seguridad vial da un nuevo enfoque a la especialidad, asumiendo un decidido compromiso jurídico y científico en "movilidad sostenible".

- Se imparten pautas a las policías de tráfico para abordar y reducir la siniestralidad urbana provocada por vehículos de motor, bicicletas y los nuevos vehículos de movilidad personal.

- El seguimiento de procedimientos por delitos imprudentes de tráfico –homicidios y lesiones de singular gravedad- está dando resultados muy positivos para la unidad de actuación del Ministerio Fiscal y el resarcimiento de las víctimas.

- La memoria se ocupa de las líneas maestras de la reforma del Código Penal en materia de delitos de homicidio y lesiones imprudentes y el nuevo delito de abandono del lugar del accidente.

12. Delitos contra la Administración pública

- Se recogen comportamientos atentatorios contra la rectitud e indemnidad de la Administración, a la que afecta especialmente la corrupción. Hay casos de corrupción cometidos por personas que ocupan cargos y funciones públicos; otros son delitos cometidos por particulares, aunque afectan a la Administración. En los delitos cometidos por quienes ostentan responsabilidades públicas suelen participar otros ajenos a la Administración, normalmente guiados por la búsqueda del beneficio económico.

- Las diligencias de investigación de la Fiscalía son vía de entrada cualificada de estos asuntos. En su origen está en bastantes ocasiones la iniciativa de grupos políticos, con motivaciones y criterios no estrictamente jurídicos. No es extraño que el recurso a la Fiscalía se use como caja de resonancia.

- Los ciudadanos suelen recurrir a la Fiscalía para denunciar irregularidades reales o aparentes cometidas por funcionarios públicos, que les afectan de forma directa o indirecta. No pocas veces se reducen a discrepancias no tanto penales como puramente administrativas.

- Temáticas con cualificada presencia han sido las contrataciones de personal o servicios y concesiones, fundamentalmente en el ámbito de las corporaciones locales. No pocas de estas conductas podrían haber sido evitadas mediante la introducción de mecanismos normativos de control de estas entidades.

- Han tenido una especial trascendencia cuantitativa las múltiples diligencias a que han dado lugar las actuaciones de ciertas corporaciones locales implicadas en los ámbitos que rodearon el referéndum ilegal celebrado en Cataluña y sus secuelas.

13. Extranjería

- Se mantienen las elevadas cifras por trata de seres humanos con fines de explotación sexual; las demás modalidades tienen menor incidencia; aumenta el número de investigaciones. Necesidades de penalización: cualquier forma de proxenetismo, el acceso a los servicios de la víctima consciente de su situación de dominación; regular adecuadamente los delitos de esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados.

- No hay correspondencia entre el problema de la inmigración y las causas por el delito del art. 318 bis CP. Estos delitos son mayoritariamente cometidos por grupos u organizaciones criminales; sólo se desarticulan escalones modestos de su estructura criminal, fácilmente reemplazables; permanecen sus estructuras directivas. Graves problemas interpretativos en el artículo 318 bis CP.

- Se mantienen las cifras sobre la sustitución del proceso penal por la expulsión de extranjeros investigados, así como las expulsiones judiciales de extranjeros condenados a penas de más de un año de prisión. Esta expulsión prácticamente no se aplica a los ciudadanos comunitarios o con residencia legal en España.

- Importante aumento de las solicitudes de asilo o protección internacional y la alegación de minoría de edad por extranjeros internados en CIEs. Extraordinario incremento migratorio irregular, sobre todo en la zona del Estrecho. Se han desbordado las posibilidades de tramitación y aplicación de medidas cautelares relativas a expedientes de devolución. Nuestros CIES respetan las condiciones mínimas de habitabilidad, pero requieren serias reformas estructurales para mejorar la vida de los internos.

- Alerta máxima "menas": 7.026 menores extranjeros no acompañados llegados por vía marítima, (200% más que en el año precedente). 12.152 diligencias de determinación de edad, (más del doble que el año anterior). Es necesario un procedimiento administrativo de descarte de la mayoría de edad, con sometimiento a un protocolo médico único definido legalmente, verificado por las clínicas médico forenses y cuya resolución pueda ser directamente impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa.

14. Actuación de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional

- La actuación contra el terrorismo: Evolución del Yihadismo. Aplicación de la ley como elemento de lucha contra este fenómeno, usando, así mismo, las nuevas tecnologías como medio de investigación.

- La Investigación de la criminalidad organizada y socioeconómica: El gran delito. Utilizar la especialización como medio de agilizar la instrucción, vista y fallo de estas causas, para resarcir a la sociedad del daño causado.

- Los delitos contra la Corona, los Altos Organismos de la Nación y la Forma de Gobierno: La defensa del Estado de Derecho. Uso de la ley como instrumento de fortalecimiento del Estado de Derecho y de todas sus instituciones, como marco de un Estado Democrático y Social.

- Cooperación Internacional: Extradiciones, OEDE y CRI: Hacia un nuevo orden internacional. La puesta en común de experiencias, sistemas y valores como medio de lucha contra el crimen. Fronteras como símbolo de cooperación y no exclusión.

- Menores, Vigilancia Penitenciaria Contencioso-Administrativo y Social: La importancia de otras jurisdicciones. La importancia del derecho no penal como medio de resolución de conflictos y de restauración de una sociedad en constante evolución.

15. Actuación en materia de vigilancia penitenciaria

- La disminución de la población reclusa, iniciada en el año 2010, se ha frenado en este año, con un número de internos similar al del ejercicio anterior. Un 92% son varones y un 29% extranjeros.

- Especial preocupación sobre la presencia de discapacitados intelectuales en prisión. Es un tema de particular interés que será abordado en un estudio por el Defensor del Pueblo.

- Trabajos en beneficio de la comunidad: cuando se impongan para cumplir la responsabilidad personal subsidiaria por insolvencia e impago de multa, se suspenderá la pena privativa de libertad. El control de su ejecución corresponderá al sentenciador. La suspensión se revocará ante un incumplimiento grave y reiterado, sin deducir testimonio por quebrantamiento. Si los trabajos en beneficio de la comunidad se imponen como sustitución de una pena inferior a tres meses de prisión, se consideran pena principal y su incumplimiento determina la responsabilidad por quebrantamiento de condena.

- Necesidades de interpretación sobre la buena conducta del penado para el disfrute de permisos: momento al que remontar el estudio de los requisitos del permiso; naturaleza del requisito de la ausencia de buena conducta; tratamiento de las vicisitudes sobrevenidas en relación a la conducta del interno solicitante.

- Nuevas conclusiones sobre aspectos críticos: derecho de acceso al expediente penitenciario; licenciamientos y refundiciones de condena; abono de preventiva; permisos penitenciarios; supuestos de incumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad; clasificación, permisos y libertad condicional de los penados por delitos de corrupción.

16. Cooperación internacional.

- 6 meses de vigencia de la orden europea de investigación con competencia exclusiva de los fiscales en la recepción y ejecución de la mayoría de ellas, concretamente el 92% de las recibidas en 2018.

- 2305 comisiones rogatorias y 1744 órdenes europeas de investigación ejecutadas por los fiscales. Un aumento del 33.1% respecto a 2017.

- Alemania, Francia, Portugal y Holanda remiten el 71% de las órdenes europeas de investigación recibidas en nuestro país.

- Las Fiscalías de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante, Baleares y Murcia soportan el 52% del total del número de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación.

- Significativo aumento de las demandas y participación de fiscales en proyectos internacionales de cooperación al desarrollo en materia de Justicia.

17. Actuación en materia de menores: reforma y protección.

- Las diferentes aplicaciones informáticas utilizadas en las Secciones de menores siguen estancadas en sus deficiencias: obsolescencia, modelos sin actualizar, inoperancia estadística, etc…

- Los delitos patrimoniales asociados a la marginalidad disminuyen, pero incrementan los delitos de violencia doméstica filio-parental, violencia de género y contra la libertad sexual.

- La respuesta educativo-sancionadora de la jurisdicción de menores es satisfactoria, pero insuficiente si no se acomete por los poderes públicos una revisión en profundidad del sistema educativo.

- La llegada masiva de menores no acompañados en la segunda mitad de 2018 ha provocado la saturación de los centros y el desbordamiento de la capacidad de asistencia de las entidades públicas encargadas de su atención.

- Buena parte de las administraciones locales no llevan a cabo las exigibles "declaraciones de riesgo", con la consiguiente desatención de muchos menores y la ausencia de control del Ministerio Fiscal.