3.4 Trata con fines de actividades delictivas
La utilización de esclavos para la realización de actividades delictivas es una realidad detectada en España desde las primeras DSTSH en cualquiera de sus modalidades. Mujeres explotadas en la prostitución o víctimas de mendicidad han sido obligadas a trapichear con drogas, hurtar o cometer otra variedad de delitos. Sin embargo, tras la reforma del Código Penal de 2015, se relaciona específicamente como modalidad específica.
Desde entonces sólo se han incoado 8 DSTSH con fines de distintas actividades delictivas (6 DSTSH con fines de atentados contra la propiedad, 1 DSTSH para la realización de estafas mediante internet, y 1 DSTSH para la plantación indoor de marihuana[26]).
Se investigan un grupo criminal bosnio, dos clanes rumanos y uno búlgaro especialmente violentos[27], una organización criminal china dedicada al tráfico de drogas, y una organización taiwanesa.
Dos han sido archivadas (una por haberse dictado una sentencia absolutoria y otra al haberse sobreseído en fase de instrucción). El resto se encuentran en fase de investigación (algunas declaradas secretas).
Subrayar que la inexistencia de un tipo penal de imposición de actividades ilícitas priva a las víctimas de la suficiente protección integral.
[26] Las víctimas viven en los almacenes donde se planta la marihuana. Estos están situados en parajes alejados de cualquier población y sin acceso directo. Permanecen encerrados. Cada cierto tiempo de les facilita comida por la organización. Tienen que hacer sus necesidades en cubos. Naturalmente no reciben compensación económica alguna.
[27] Los episodios de dominación son escalofriantes: la víctima llega a España en 2009 tras ser vendida con 14 años por sus padres a una pareja del clan investigado. La casan con su hijo por el rito gitano y la trasladan a Gerona, donde la privan del pasaporte, la aíslan y la obligan a limpiar en los domicilios de varios miembros del clan. Es objeto de continuos maltratos, llegando a sufrir un aborto. Con 16 años tiene su primer hijo y la obligan a prostituirse en carreteras y clubes, en condiciones infrahumanas y teniendo que entregar diariamente un mínimo de 500 €, si no la propinaban fuertes palizas. Control férreo por el clan. El patriarca del clan la violaba. La obligaba a sustraer objetos de las casas de sus clientes o a facilitar la entrada a miembros del clan para que entraran a robar –fue obligada a participar en 3 robos, estando cumpliendo condena por uno de ellos, un robo violento en el que llevó a un cliente a un descampado y miembros de la red le agredieron y le quitaron la cartera– aunque se le concedió la libertad condicional.