8.4 Relaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otras instituciones y organismos públicos y privados

A medida que el funcionamiento de las secciones especializadas se ha ido afianzando, se aprecia una clara evolución en las relaciones de los Fiscales de la red con las fuerzas y cuerpos de seguridad. De forma que, sin perder su fluidez y continuidad, se ha sustituido el planteamiento de encuentros periódicos formalmente convocados para dar paso a la celebración de tantas reuniones como resulten necesarias, usualmente a petición de las unidades policiales investigadoras, para tratar sobre investigaciones concretas que por su complejidad generan problemas jurídicos y técnicos y precisan del establecimiento de criterios de actuación. Estas reuniones habitualmente se complementan con otras formas de comunicación interinstitucional como correos electrónicos o contactos telefónicos destinados a mantener informados a los Fiscales o a consultar dudas relacionadas con investigaciones tecnológicas específicas.

Según hacen constar los propios delegados provinciales, la función que desempeñamos está cada vez más valorada por los distintos sectores, y la intervención del Fiscal es demandada reiteradamente para abordar problemas técnico jurídicos o para participar como expertos en cursos y seminarios, no solamente por los cuerpos policiales, sino también por otras instituciones y organismos implicados en esta misma materia tales como Colegios de Abogados, Centros de Educación o Asociaciones de Protección a las Víctimas.

A nivel nacional, son constantes las reuniones entre quienes integran la unidad central y los responsables de unidades policiales especializadas. La existencia en la propia sede de la Fiscalía de las Oficinas de Enlace con Policía Nacional y Guardia Civil propicia la celebración de encuentros periódicos con miembros de ambas instituciones y posibilita el conocimiento permanente y actualizado de las investigaciones tecnológicas en curso y de los problemas que se plantean en las mismas, su análisis y estudio técnico jurídico. Estos contactos con los cuerpos policiales son también útiles para analizar conjuntamente los problemas de mayor incidencia en el área de investigación tecnológica. Así, se debe reseñar la participación de la Fiscal de Sala Coordinadora en el Comité Técnico de Policía Judicial en reunión celebrada el 18 de diciembre de 2018, para exponer los problemas derivados de la actual redacción del art. 284 LECrim a los que se ha hecho referencia en anteriores apartados de esta memoria. Como consecuencia de ello se ha creado un grupo de trabajo en el seno de ese Comité Técnico –integrado por representantes de la Secretaría Técnica de la FGE, y de esta unidad central y responsables de los diversos cuerpos policiales, estatales y autonómicos– para analizar esta cuestión y ofrecer soluciones para asegurar que las decisiones sobre inexistencia de autor conocido –cuya consecuencia es la no remisión de actuaciones a los órganos de la jurisdicción penal– sean revisadas por los expertos de los propios cuerpos policiales y, en último término, por la Fiscalía, en orden a valorar la pertinencia de continuar las investigaciones y, en su caso, la posible conexidad y necesaria acumulación de denuncias relativas a una misma acción ilícita.

Como en años anteriores, se han mantenido reuniones y contactos periódicos con representantes de instituciones públicas y privadas con responsabilidad en este ámbito para intercambiar experiencias, información e incluso para la planificación y desarrollo de actividades formativas. Así, han sido usuales las reuniones con los distintos departamentos del Ministerio de Justicia, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Criticas (CNPIC), Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente han de reseñarse los contactos con diversas entidades del sector privado tales como el Centro de Cooperación Interbancaria, determinados proveedores de servicios o las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual más representativas.

En el ámbito internacional, el 29 de enero de 2018, la Fiscal de Sala interviene como representante del Ministerio Fiscal español ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Asunto C-207/2016, incoado en base a la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona con ocasión de las Diligencias Previas n.º 689/2015 del Juzgado de Instrucción n.º 3 de los de dicha Capital.

Asimismo, ha de reseñarse la celebración en Lisboa, el 5 de febrero del año memorial, de la primera reunión de la Red de Fiscales Especializados en Ciberdelincuencia –CiberRed–, actualmente coordinada por la Procuraduría de Portugal en estrecha colaboración con la Fiscalía española, que se integra por representantes de los Ministerios Públicos de los Estados miembros de la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y en la que la unidad central participa como punto de contacto en la Fiscalía española.

Por otra parte, y como viene siendo habitual, la Fiscal de Sala coordinadora participó como representante española designada por el Ministerio de Justicia, en las reuniones del plenario (T-CY) de la Convención de Budapest del Consejo de Europa que tuvieron lugar en Estrasburgo los días 9 a 11 de julio y 27 a 29 de noviembre de 2018, y también en la conferencia Octopus celebrada en la misma sede los días 11 a 13 de julio. En relación con ello ha de mencionarse también la continuidad en 2018 de la labor desarrollada por el grupo de trabajo integrado por miembros de la Unidad Central, un asesor del Ministerio de Justicia y representantes de las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil y cuyo objetivo es, precisamente, preparar las contribuciones de España a los trabajos que se están desarrollando en el marco de la citada Convención para la redacción de un Segundo Protocolo Adicional.

La Fiscalía española ha participado también, a través de su punto de contacto en la unidad central, en las reuniones del plenario de la Red Judicial Europea de Cibercrimen (EJCN) celebradas en la sede de Eurojust los días 25 y 26 de abril y 8 y 9 de noviembre de 2018, en las que se abordaron, entre otros temas, la propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre e-evidence –valorando las posibles contribuciones de la EJCN para facilitar la tramitación de las órdenes europeas de producción y conservación– y el impacto del GDPR en el acceso a los datos de WHOIS y posibles soluciones a los problemas que plantea.

Igualmente, en el año 2018 se interviene activamente en la Red Europea de Fiscales Especialistas en Propiedad Intelectual (EIPPIN) a través de los dos puntos de contacto nacionales, el correspondiente a la unidad central y el desempeñado, en representación de la Red, por el Delegado Provincial de Cádiz, D. Rafael Payá Aguirre. Ambos acudieron a la reunión de la EUIPO, celebrada en Alicante los días 17 y 18 de abril. Además, la unidad central, a través de la Fiscal doña Pilar Rodríguez Fernández, participó en la Conferencia sobre Propiedad Intelectual organizada por EUROPOL y celebrada en Budapest los días 25 a 27 de junio y en el Encuentro Antipiratería de Brasilia durante los días 14 y 15 de agosto de 2018.

No se puede concluir este apartado sin hacer referencia a la frecuente participación de los Fiscales especialistas en programas y/o proyectos impulsados desde distintas instancias internacionales para promover, reforzar y obtener una mayor eficacia en la lucha contra la ciberdelincuencia. La falta de espacio impide realizar una explicación más pormenorizada. Baste mencionar entre otras, las colaboraciones en el Proyecto GLACY + del Consejo de Europa, en programas de cooperación promovidos por la AECID, en encuentros y actividades formativas organizadas por la UE y en el «Summer Bootcamp», organizado por el INCIBE.