4.9 La jurisdicción penal internacional

La reforma de la justicia universal llevada a cabo por LO 1/2014 de 13 de marzo, de modificación de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, vigente desde el 15 de marzo del presente año, ha limitado considerablemente la persecución de los delitos cometidos en el extranjero al margen de los principios de personalidad activa (art. 23.2 LOPJ) y real o de defensa (art. 23.3 LOPJ). Recientemente el Tribunal Constitucional en su sentencia 140/2018 de 20 de diciembre se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la reforma operada considerando que no infringe los derechos contemplados en la Constitución.

Tras la reforma, las diferentes causas abiertas en la Audiencia Nacional, son procedimientos en los que los hechos pueden ser definidos jurídicamente como delitos de terrorismo, con víctimas españolas o ataques a instalaciones oficiales españolas o son imputados a personas con nacionalidad española, o es aplicable el principio de territorialidad.

Entre ellos podemos reseñar:

– Sumario 97/2010 JCI n.º 6 (asesinato de jesuitas en El Salvador): seguido contra miembros del ejército salvadoreño al considerarles responsables criminalmente de Crímenes de Lesa Humanidad y Terrorismo o Asesinato en el Contexto de Crímenes Contra La Humanidad, en relación con el asesinato de los sacerdotes jesuitas de origen español y nacionalizados salvadoreños y un sacerdote jesuita salvadoreño, su empleada doméstica y la hija de ésta, en las primeras horas del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA). El 20-12-18 se dictó auto de conclusión del Sumario.

– Sumario 19/1997 JCI n.º 5 (caso Soria): referido al asesinato en 1976 de un español que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en el CEPAL (Comisión Económica para América Latina). En esta Causa (Pieza III) el Tribunal Supremo dictó auto de fecha 20 de octubre del 2015 afirmando la jurisdicción de los tribunales españoles para continuar conociendo de los hechos objeto de investigación en el Sumario núm. 19/1997(Pieza III) basándose al efecto, como criterio de valoración, en el grado de cumplimiento del Informe 13/1999 de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos que concluyó que existió violación del derecho a la libertad personal, a la vida y el derecho a la integridad personal consagrados en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y que las decisiones judiciales de sobreseimiento dictadas en la causa criminal agravan la situación de impunidad y violan el derecho a la justicia que asiste a los familiares de las víctimas para identificar a los autores de dichos delitos, establecer responsabilidades y sanciones correspondientes y obtener reparación judicial. Actualmente la causa se encuentra pendiente de informe sobre cancelación de las órdenes de detención dictadas contra los procesados.

– Sumario 6/2013 JCI n.º 3: seguido contra el Ministro de la Gobernación de Guatemala por su responsabilidad en la presunta comisión de graves hechos criminales ocurridos en los años 2005 y 2006 en su país, consistentes en la ejecución extrajudicial de al menos 10 presos de ese país.

En fecha 26-7-2018 la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó la sentencia absolutoria dictada en instancia.