6. UNIDAD DE APOYO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

6.1 Gobernanza

6.1.1 Oficina Fiscal

Durante 2018 continúa el proceso de implantación de la oficina fiscal en los órganos territoriales del Ministerio Fiscal. En este ejercicio ello se ha llevado a cabo en Fiscalías sobre cuyos territorios ejerce sus competencias el Ministerio de Justicia.

El 12 de enero de 2018 se publicó la Orden JUS/3/2018, de 5 de enero, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la segunda fase del plan del Ministerio de Justicia y se modifica la Orden que aprobó las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas incluidas en la primera fase.

Ha sido durante el segundo semestre del año cuando se han llevado a cabo, junto con la Subdirección General de Programación de la Modernización, los trabajos preparatorios necesarios para su implantación efectiva en el primer trimestre de 2019. Tras ello, todas las Fiscalías del ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia cuentan con el modelo de oficina fiscal.

La Orden ha supuesto, por un lado, el incremento de la plantilla de la oficina fiscal con la consolidación de los refuerzos existentes de más de tres años y, por otro, la posibilidad de que los puestos denominados «Tramitación PA Apoyo Fiscal Jefe» participen en el servicio de guardias. Se sigue insistiendo en la necesidad de que, tanto este puesto como el de Coordinador/a de Oficina, tengan asociados complementos retributivos acordes a las nuevas funciones de responsabilidad desempeñadas.

6.1.2 Protección de datos

La necesidad de gestionar adecuadamente en nuestra actividad los datos personales que se manejan no es nueva, si bien el cambio de regulación obrado a lo largo de 2018 es una oportunidad para mejorar nuestra actuación y exige un cambio en la mentalidad de todos los que trabajan en el Ministerio Fiscal. No se trata solo de cumplir una serie de obligaciones formales. Este cambio incumbe tanto a los fiscales como a los funcionarios de nuestros órganos y precisa de una especial colaboración con las Administraciones que nos brindan servicios.

Tenemos que describir en nuestra organización fiscal unos roles llamados a asumir responsabilidades y funciones concretas en esta materia, así como ejecutar una serie de acciones, algunas de ellas claramente prioritarias: fundamentalmente, la identificación y registro de las actividades de tratamiento que estamos llevando a cabo.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva regulación, se compartieron con el amplio colectivo de quienes ejercen responsabilidades directivas dentro del Ministerio Fiscal las líneas básicas y generales del nuevo marco legal y su escenario organizativo, con el fin de impulsar y apoyar el conocimiento y sensibilizar en la necesidad de realizar ciertas actuaciones.

Posteriormente se ejecutaron diversas acciones:

1. Cada una de las fiscalías hizo un primer análisis sobre ficheros y tratamientos relativos a datos personales, elaborando fichas informativas sobre cada uno de ellos.

2. En cada una de las comisiones mixtas que se han venido celebrando entre el Ministerio Fiscal y las Administraciones que ejercen competencias en materia de Justicia se ha hecho un primer acercamiento al espacio de relación que en este ámbito corresponde a los órganos fiscales y a las Administraciones presentes, de cara fundamentalmente a fijar escenarios de reflexión y colaboración.

3. Con el fin de cumplir con el mandato legal que nos obliga al nombramiento de delegados de protección de datos y, dentro de las posibilidades que se contemplan para vertebrarlo, se ha procedido a hacerlo en cada una de las Fiscalías de Comunidad Autónoma para esos territorios, así como en la Fiscalía General del Estado, fiscalías ante órganos centrales, fiscalías ante órganos constitucionales y fiscalías especiales.

4. Se convocó una primera reunión de delegados para poner en marcha una red, recibir información y formación desde la Agencia Española de Protección de Datos, dar cuenta de actuaciones ejecutadas y compartir reflexiones sobre el fondo de la cuestión y nuestra organización.

Para el segundo semestre de 2020, está prevista la celebración de una acción formativa en el seno del Plan de Formación Continuada, compartiendo espacio todos los miembros de la red de delegados con otros fiscales solicitantes.

5. En el seno de la Fiscalía General del Estado se ha comenzado a abordar la reflexión y el tratamiento de algunas cuestiones sustantivas y formales sobre la aplicación de la normativa y la adaptación de nuestra organización. Ello presumiblemente fructificará en la elaboración de una Instrucción en el corto plazo.

6. Es continua y estrecha la relación con la Agencia Española de Protección de Datos.

6.1.3 Transparencia

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno profundizaba en esos principios para que los responsables públicos se sometan al escrutinio de la ciudadanía a fin de que esta conozca cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones. En materia de información institucional, organizativa y de planificación, la transparencia exige la publicación de información relativa a las funciones que se desarrollan, la normativa que resulta de aplicación y la estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento.

A pesar de no estar citada en la Ley, la FGE asumió el compromiso de transparencia y el 15 de diciembre de 2015 suscribió un convenio con Transparencia Internacional España, prorrogado en marzo de 2018. Se puso en marcha el portal de transparencia.

El portal ya ha sido objeto de evaluación por el Comité de Trasparencia y Buen Gobierno (CTBG) en el ejercicio 2017, poniéndose de manifiesto sus fortalezas y debilidades, destacándose en las segundas la falta de autonomía presupuestaria de la Institución y su influencia negativa en la posibilidad de definir sus prioridades tecnológicas, de lo que una cuestión como esta depende en gran medida.

En enero de 2018 se constituyó el Comité de seguimiento del portal de Transparencia dentro de la FGE, con la intención de coordinar y aglutinar esfuerzos y responsabilidades. Se han venido manteniendo reuniones periódicas, con el objeto de dar cuenta de la actividad desarrollada en cuanto a la naturaleza y actualización de contenidos, cuestiones técnicas de la plataforma y estado de cumplimientos de las obligaciones inherentes.

Durante el año 2018 se realizaron actuaciones para la mejora del contenido del portal para adecuarse a las recomendaciones del CTBG. Su finalidad es ofrecer al ciudadano una información sobre el Ministerio Fiscal en general y la FGE en particular que se acomode, con más exactitud, a los principios y requisitos contenidos en la Ley y a las recomendaciones del CTBG.

En el año 2019 está previsto que la FGE cuente con un nuevo portal más versátil y ágil que el actual, que incorpore las mejoras conseguidas y dé plena respuesta a las obligaciones contraídas en materia de transparencia.

Con independencia de las limitaciones de la plataforma tecnológica, en el momento actual se ofrece una valiosa información sobre el Ministerio Fiscal en su vertiente de Agenda Institucional, Información institucional y organizativa, Información económica, presupuestaria y estadística y, finalmente, Información sobre altos cargos y personal.

También hay que hacer mención a que nuestra Institución y su plataforma son una referencia en la oferta de datos abiertos a la ciudadanía, lo cual constituye otra de las vertientes de la trasparencia, siendo este un aspecto en el que prácticamente cualquiera de las secciones de la Web presenta datos y reflexiones actualizados y útiles para cualesquiera grupos de interés.

6.1.4 Relaciones con las administraciones (comisiones mixtas)

Una de las tareas que más continuidad requieren es la de las convocar y celebrar las diversas comisiones mixtas, a partir de los diversos Convenios que se han ido firmando entre las distintas administraciones autonómicas y la Fiscalía General del Estado. Ya a finales de 2017, se extendió la firma de dichos Convenios al Ministerio de Justicia en relación con las Fiscalías del territorio no transferido, de manera que tuvieron lugar las primeras al final de dicho año y a lo largo del 2018.

La metodología para la celebración y seguimiento de los temas a abordar en el seno de dichas comisiones requiere una participación activa por parte de los Fiscales Superiores, que cuentan mayoritariamente con la colaboración de los respectivos Fiscales Jefes del territorio. Resulta relevante disponer del acta de la reunión celebrada con la mayor celeridad, para ir elaborando un catálogo de cuestiones suscitadas con cada administración, de manera que se pueda ir haciendo un seguimiento de las que se van resolviendo.

Para evitar hacer un relato tedioso de cada una de las diecisiete comisiones celebradas durante el último año, exponemos las cuestiones que, con carácter general, han aparecido en todas o en la mayoría de las ocasiones.

1. Medios materiales (edificios, puestos de trabajo, tecnología...).

Son muchas las fiscalías en las que existe un auténtico problema de espacio físico donde desarrollar su trabajo, pudiendo poner como ejemplos paradigmáticos la situación de la Fiscalía de Murcia, donde cuentan con un magnífico edificio de construcción relativamente reciente (2003), y que dispone de una planta entera para los despachos y oficinas de Fiscalía, pero que se ha quedado pequeña y afortunadamente, ofrece espacio suficiente en esa misma planta, construido pero sin acabar, de manera que la inversión para adaptarlo a las necesidades actuales, sería muy pequeña y así se le ha hecho llegar a la administración. Frente a esta situación, susceptible de solución con poco esfuerzo y dinero, se presentan otras mucho más dramáticas, como puede ser la de los fiscales que atienden a los juzgados de Illescas (Toledo), donde la falta de sede capaz para albergar a todos los órganos hace que estos se hayan dispersado por diversos edificios alquilados, sin las mínimas dotaciones, con lo que solo cuentan con despacho para los fiscales en uno de los cuatro diferentes emplazamientos, que, por otra parte, distan entre sí considerablemente, dificultando en extremo la asistencia a servicios diversos en órganos distintos en la misma jornada (señalamientos civiles, por ejemplo). También va cobrando cada vez más relevancia la demanda de espacio para las secciones de menores de las fiscalías (casos de Córdoba, Valladolid, Navarra)

2. Medios personales (personal de fiscalía, fiscales)

Una de las cuestiones más unánimemente planteadas en las comisiones es la referida a la precariedad de medios personales en lo que a las Administraciones compete. Se alega insuficiencia de plantilla, tanto de personal de las oficinas como de fiscales. En cuanto a la ratio de funcionarios por fiscal, la realidad es tan sangrante que se viene reivindicando que se logre contar con el apoyo de un funcionario para cada fiscal, no llegando en la media nacional a superar el 0,8 %.

A tal efecto, se ha elaborado un estudio en el que se refleja exhaustivamente la realidad de cada órgano fiscal en cuanto a plantilla de funcionarios, poniéndolo en relación con los fiscales, órganos judiciales en general y de naturaleza penal en particular. Los resultados se contrastan con las medias de cada Comunidad y nacionales y se presenta un desarrollo evolutivo de cada órgano en un periodo que supera el último decenio.

3. Oficina Fiscal y Unidad de Apoyo al Fiscal Superior.

Los aspectos referidos a la oficina fiscal han tenido especial relevancia en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia a los efectos de cumplimentar la segunda fase de su implantación en su territorio, de manera que se ha podido culminar la misma con la publicación de las relaciones de puestos de trabajo en el BOE y el concurso para proveer las plazas. Siguen siendo objeto del orden del día cuestiones relacionadas con las oficinas en Cantabria, Asturias, Aragón, Madrid, etc. En Navarra se inicia parcialmente con un solo puesto singularizado (coordinador) y se irán generando los otros con el tiempo.

En relación a la necesidad de creación de una Unidad de Apoyo para el Fiscal Superior, sigue siendo una asignatura pendiente en casi todos los casos, excepción hecha de Galicia y Madrid. En Valencia se sugirió como solución cubrir el puesto de comunicación con un «becario». Mientras que en País Vasco se barajó por la administración nombrar a un responsable de comunicación amortizando una plaza de funcionario de fiscalía. El Ministerio hace una consideración positiva para el estudio de la creación de al menos un puesto de comunicación en las Fiscalías del TSJ de cada CA de su territorio, pero ello carece de cualquier concreción presupuestaria o normativa que le dé respaldo.

4. Comisiones de servicio y dotación de medios para desplazamientos por servicios de guardia y juicios.

Es un tema que ha preocupado históricamente a las fiscalías y que durante 2018 ha sido generalmente resuelto con prontitud por las administraciones, incluido el Ministerio de Justicia que venía siendo el que más conflictividad representaba. No obstante, se sigue solicitando que se estudie la posibilidad de modificación legislativa que permita la concesión de una comisión anual para los fiscales que se desplazan para atender servicios, de manera que no tengan que cumplimentarse esas solicitudes casi a diario.

5. Novedades digitales y necesidades al respecto (formación, problemas con equipos, comunicaciones, necesidades en versiones) y la nueva situación generada respecto a la protección de datos.

Son temas desarrollados más extensamente en otros apartados de esta Memoria, por lo que, para evitar reiteraciones, nos remitimos a lo allí expuesto.

6. Oficina de atención a las víctimas

Desde la publicación de la nueva regulación legal atinente a las víctimas y la separación de los fiscales de los aspectos organizativos de las oficinas de atención, se ha producido una cierta paralización por parte de las administraciones que no han desarrollado el mandato legislativo por falta de partida presupuestaria asignada a tal uso.

6.1.5 Atención al ciudadano y Defensor del Pueblo

En el año 2018 tuvieron entrada en la Unidad de Apoyo un total de 4.758 escritos, conforme al Registro.

El número de nuevos expedientes incoados por el servicio de comunicación ciudadana se recoge en los siguientes cuadros, donde también se hace referencia al tipo de reclamaciones a las que corresponden,

Expedientes de atención ciudadana incoados en 2018

Recibidos por correo ordinario	402
Recibidos por correo electrónico	537
Por derivación interna dentro de la institución	1
Presentación personal en registro	8
Por fax	13
Total	961

Por el tipo de reclamación comunicación ciudadana

Tipo de reclamación	Quejas	Denuncias	Peticiones de información	Otros
Correo electrónico	109	173	165	90
Correo ordinario	135	86	11	35
Present. personal	3	3	0	2
Derivación Interna	0	0	0	1
Por fax	2	5	0	1
Total	249	267	176	129

Las comunicaciones recibidas del Defensor del Pueblo se abordan haciendo referencia a los expedientes nuevos incoados durante el ejercicio estadístico y al estado del trámite, señalando la pendencia al inicio del ejercicio y al final del mismo. Ha de tenerse en cuenta que la temática que se aborda en este tipo de actuaciones hace que el necesario seguimiento requiera que el expediente se prolongue durante más de un ejercicio estadístico. No cabe hablar propiamente de dilaciones, sino de una masa de gestión que fluctúa a tenor de tales variables.

También hacemos referencia al orden jurisdiccional en el que, en su caso, cabe encuadrar la temática de dichos expedientes.

Comunicaciones recibidas del Defensor del Pueblo

Expedientes abiertos durante 2018	142
Expedientes pendientes al 01/01/2018	124
Expedientes pendientes al 31/12/2018	128

Orden jurisdiccional al que se refieren las comunicaciones remitidas por el Defensor del Pueblo

Civil	19
Contencioso administrativo	0
Militar	0
Otros	19
Penal	84
Social	1
Total	123

6.1.6 Indicadores sociológicos de la Carrera Fiscal

Los indicadores sociológicos de la Carrera Fiscal tienen por objeto proporcionar, de forma gráfica y resumida, información sobre su perfil sociológico. Aproximadamente en el primer mes de cada año se publica en la página Web un amplio estudio actualizado con la situación a 31 de diciembre.

Además de las presentaciones y parámetros habituales, en desarrollo del Plan de Acción 2019-2020 del Plan de Igualdad, en los últimos indicadores se introducen nuevos elementos con el fin de ofrecer una fotografía lo más amplia posible de los parámetros de igualdad de género.

En relación con los procesos selectivos para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, se proporciona información, desagregada por sexo, de la composición y presidencia de los tribunales de acceso y de los directores, ponentes y profesores de los programas de formación continua e inicial.

Con abstracción de la amplia exposición que obra en nuestro portal, en este apartado se hace referencia únicamente a los datos más significativos.

En relación al número de Fiscales por cada 100.000 habitantes y tomando los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, la media nacional en 2018 fue de 4,92 fiscales/100.000 habitantes frente al 4,96% de 2017. La ratio más alta está en las Fiscalías de Castilla y León, con 6,22 fiscales/100.000h y la más baja en la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra, con 3,28 Fiscales/100.000h.

El porcentaje más elevado de fiscales se encuentra en el tramo de edad de 41 a 50 años, con un 34% de la plantilla, seguido del tramo de 51 a 60 años, con un 31 % de la plantilla. Los fiscales de edad inferior a 30 años representan el 1%, frente al 3% en el ejercicio 2017.

En cuanto a la relación antigüedad/edad, sin mayor diferencia respecto del año anterior, las fiscalías de órganos centrales presentan las medias más elevadas (59 años y 32 años). En el sentido opuesto, las fiscalías de Canarias y del País Vasco presentan la media de edad más baja (44 y 43 años) y la inferior media de antigüedad (13 y 14 años respectivamente).

En cuanto a la distribución por sexo, del total de 2.468 fiscales, el 64% son mujeres. El porcentaje más elevado se encuentra en las fiscalías de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra, con índices superiores al 70%. En cuanto al rango de edad, el mayor porcentaje de mujeres se encuentra en los tramos de 20 a 50, donde su presencia supera el 70%. Por otra parte, en cuanto a cargos directivos, es destacable la mayor presencia de hombres con un 63%: la ratio más elevada se encuentra en la categoría de Fiscales de Sala, con un índice del 74 %, frente al 71% de Fiscales Superiores de Comunidad Autónoma, 67% de Fiscales Jefes Provinciales y 37% Fiscales Jefes de Área, único grupo en el que las mujeres son mayoría.

Como valoración de la equidad en la designación de directores de cursos del Plan de Formación de Fiscales, del total de 58 directores, un 51,8% han sido hombres y un 48,2% mujeres. En lo que a ponentes se refiere, la ratio se encuentra en un 62% de hombres y un 38% de mujeres. En el ámbito de la formación inicial, el 52% de profesores han sido hombres y el 48% mujeres. En cuanto a Tribunales de oposición, de las tres presidencias de Fiscales, dos han correspondido a hombres y una a mujeres.