8.4 Relación con Instituciones u Organismos Públicos o Privados y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

En la misma línea que ha venido caracterizando el funcionamiento de éste área de especialización desde su constitución, la mayor parte de los Fiscales Delegados dan cuenta de relaciones fluidas con diversos organismos e instituciones de ámbito territorial y, especialmente con las unidades policiales encargadas de la investigación tecnológica para los que el Fiscal especialista se ha convertido en el punto de referencia para la resolución de las cuestiones técnico-jurídicas surgidas con ocasión de las investigaciones tecnológicas.

También en la Unidad Central, las unidades de enlace con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil –físicamente ubicadas en la sede de la Fiscalía– constituyen un factor de esencial para el desarrollo de la actividad propia de la red. Ambos enlaces facilitan el desempeño de las labores de coordinación que constituyen el eje central del trabajo desarrollado por la Unidad Central y, al configurarse como canales de comunicación entre esta y sus respectivas Instituciones, posibilitan que la Fiscalía tenga un conocimiento permanente y actualizado de las investigaciones de especial relevancia e interés.

En 2017 la Unidad Central, consciente de la importancia de su función como punto de enlace para favorecer la coordinación con otros organismos e instituciones, de carácter público o privado, también involucrados en la lucha contra la ciberdelincuencia, ha dado continuidad a las relaciones ya establecidas al respecto. Así, se mantenido frecuentes contactos con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Agencia de Protección de Datos, la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogados de diversas provincias, entidades bancarias, universidades, asociaciones de protección de derechos de autor, entidades responsables de servicios de comunicación, empresas de seguridad, etc.

Especial mención merece en este apartado la comparecencia, el 13 de diciembre, de la Fiscal de Sala ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de las Cortes Generales con el objeto de informar acerca de diversas cuestiones relacionadas con la ciberseguridad en España. En el transcurso de la intervención se pusieron de manifiesto los problemas asociados a la lucha contra la ciberdelincuencia, la labor que en relación con ello está desarrollando la Fiscalía y las reformas legislativas que estimamos oportunas para ofrecer soluciones efectivas ante estas manifestaciones criminales.

En algunos casos dichos contactos con otros organismos e instituciones se han materializado en el establecimiento de vías de colaboración interinstitucional, intercambio de experiencias y capacitación específica. Buen ejemplo de ello es nuestro apoyo a INCIBE en la organización y celebración en León, en el mes de julio, de la 2.ª edición del Summer Bootcamp, evento formativo de carácter Internacional en materia de ciberseguridad, de alto nivel técnico-jurídico, en el tomaron parte operadores jurídicos e investigadores de diversos países iberoamericanos. Y también la participación de la Fiscal de Sala en el seminario sobre ciberseguridad en los mercados financieros de Iberoamérica organizado por el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores y AECID y celebrado en el mes de noviembre en Cartagena de Indias.

En el ámbito internacional seguimos siendo miembros activos del TC-Y de la Convención de Budapest del Consejo de Europa a cuyas reuniones de 7 a 9 de junio y 27 a 28 de noviembre asistió la Fiscal de Sala, designada a dicho fin por el Ministerio de Justicia. Los avances de la Convención se han focalizado actualmente en la preparación de un Segundo Protocolo Adicional orientado a la mejora de la cooperación internacional, colaboración con los proveedores de servicios y tratamiento del acceso transfronterizo a datos informáticos, labor en la que también estamos implicados directamente a través de un grupo de trabajo, integrado también por representantes de la Dirección General de Cooperación Internacional, de la Unidad Central de Cooperación Internacional de la FGE y de las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

En el mismo ámbito internacional ha de reseñarse la participación de la Fiscal adscrita doña Ana Martín Martín de la Escalera, como punto de contacto nacional, en las reuniones del plenario de la Red Judicial Europea de Cibercimen (EJCN), celebradas en La Haya los días 6 y 7 de abril y 11 y 12 de octubre del año memorial, en las que se aprobó el Plan de trabajo para la EJCN y la constitución de diversos subgrupos con el objetivo de analizar algunas cuestiones que generan una especial preocupación como la encriptación de los datos, el agente encubierto informático o la regulación y utilización de monedas virtuales. También se ha dado continuidad a la labor desarrollada por la Red Europea de Fiscales Especialistas en Propiedad Intelectual (EIPPIN) auspiciada por la Oficina Europea para la Propiedad Intelectual (EUIPO) y de Eurojust, en la que la Fiscalía española se encuentra representada por la Fiscal Adscrita, doña María Pilar Rodríguez Fernández y por el Delegado provincial de Cádiz, don Rafael Payá Aguirre y que ha celebrado en el año memorial dos reuniones de trabajo. Con este objetivo de impulsar la actuación contra los delitos de propiedad intelectual ha de citarse igualmente la reunión de coordinación convocada por Europol en Amberes, en el mes de septiembre, en la que la Fiscalía estuvo representada por doña Pilar Rodríguez Fernández.

Finalmente indicar que nuestra contribución a la cooperación al desarrollo se ha concretado en el año memorial con la participación de doña Ana Martín Martín de la Escalera, dentro del programa Glacy+ del Consejo de Europa, en una actividad docente celebrada en República Dominicana, en el mes de marzo y la de doña Pilar Rodríguez Fernández en el seminario contra el abuso sexual infantil en la red que tuvo lugar en Ecuador, en el mes de octubre, en el marco del denominado Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PacCto), liderado por FIAPP y Expertise France y financiado por la Unión Europea.