Capítulo III. FISCALES COORDINADORES Y DELEGADOS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 7. COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

7.4 Cooperación al desarrollo

La actividad de la UCIF en materia de cooperación al desarrollo sigue creciendo cada año y se considera un incentivo importante para los Fiscales que, a través de su participación en estas actividades, pueden intercambiar experiencias y conocimientos con colegas de todo el mundo.

La participación en proyectos de cooperación al desarrollo por parte de la Fiscalía española responde a la identificación de unas prioridades institucionales y, por otro, a las directrices establecidas por el MAEC y dentro del Plan Director de la Cooperación Española vigente en cada momento.

Se ha de indicar que la concreta participación de Fiscales españoles en un proyecto internacional determinado exige estrictos análisis de viabilidad y oportunidad estratégica a nivel institucional, en coordinación con la Secretaría Técnica, ya se trate de proyectos financiados con fondos de la Comisión Europea o por AECID con el objetivo de consolidar y modernizar los Ministerios Públicos u otras instituciones de la Administración de Justicia en países con especial significación para España, como pueden ser en estos momentos países candidatos para acceder a la UE, países del norte del Mediterráneo o de Iberoamérica, o países en proceso de consolidación del Estado de Derecho y de promoción y garantía de los derechos humanos.

Este año destacan los siguientes proyectos de financiación europea liderados o coliderados por la Fiscalía española:

La Fiscalía española asimismo, contribuye con la participación de Fiscales españoles en la ejecución de los proyectos de Hermanamiento liderados por el Ministerio de Justicia (Hermanamientos «Jumelage TN/15/ENI/JH/52 renforcement des capacités du Ministère de la Justice et des Juridictions», en Túnez, y el proyecto de «Fortalecimiento de la Asistencia Jurídica Gratuita», en Turquia); por el CGPJ (Hermanamiento de la Comisión Europea, Twinning project TR 14 IB JH 02 «Strengthening the Victims’ Rights in Criminal Justice System», también en Turquía); y por el Ministerio del Interior (Proyecto «EU Law Enforcement Support for the Fight against Drugs in Peru»).

Durante el año 2017 se ha iniciado la ejecución de los siguientes programas y proyecto financiados por la Comisión Europea:

Especialmente estrecha ha sido la colaboración de nuestra institución con el Proyecto EuroMed Justicia IV. Se trata de un programa financiado por la Comisión Europea y centrado en la mejora del sistema judicial y en la creación de un sistema judicial democrático, que respete los Derechos Humanos y la normativa internacional en los países de la región sur del Mediterráneo (en concreto, Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria y Palestina).

Se ha de mencionar separadamente el inicio este año de la ejecución del Programa de la UE contra el Crimen Organizado en Iberoamérica (PAcCTO), también de financiación europea y bajo el liderazgo conjunto de España y Francia. Hay que destacar que un Fiscal español, don Antonio Roma, dirige y coordina las acciones en materia de Justicia en el ámbito iberoamericano como complemento a la importante labor que, a nivel operativo en la lucha contra el crimen organizado, ya están realizando las Redes de Fiscales especializados de la AIAMP.

Por otra parte, y en el marco de actividades normalmente auspiciadas por AECID, se han venido realizando actuaciones en diversos países iberoamericanos, conforme a los planes de actuación definidos por la cooperación española. en la mayoría de los casos en colaboración con la AIAMP. Este año la Fiscalía española ha participado en el programa de AECID, «Intercoonecta» heredero del PIFTE con la realización de dos encuentros, uno el del grupo especializado de la AIAMP en materia de cooperación judicial internacional y otro de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la trata de personas, ambos en Cartagena de Indias (Colombia).

Con AECID se ha completado la colaboración con la designación de Fiscales para la realización de consultorías específicas, a petición de los Ministerios Públicos de Panamá, Colombia y Honduras.