3.2 Actividades e iniciativas desarrolladas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo

Al igual que en años precedentes, se procede a analizar los temas relativos a la colaboración internacional, propuestas normativas, actividades docentes y de formación, tramitación de procedimientos y, finalmente, coordinación en materia de incendios a nivel nacional, con la adopción de diferentes iniciativas al efecto.

3.2.1 Relaciones Institucionales de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado

A lo largo del año 2017 la Fiscalía Coordinadora participó en encuentros y actividades, recibió y giró visitas de carácter institucional:

• - 6-02-2017. Reunión con la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
• - 20-02-2017. Reunión con representantes del Defensor del Pueblo.
• - 22-02-2017. Reunión del Patronato de la Fundación Biodiversidad.
• - 23-02-2017. Reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente. MAPAMA.
• - 23-02-2017. Reunión con Ecologistas en Acción.
• - 17-09-2017. Reunión con Ecologistas en Acción.
• - 8-05-2017. Reunión con don Mariano Guillén de la FIAPP.
• - 23-05-2017. Reunión con PACMA y el Excmo. Fiscal General del Estado.
• - 9-06-2017. Reunión con el JEMAD.
• - 25-09-2017. Visita del nuevo Jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico de Policía Nacional don Fdo. Porcel.
• - 3-10-2017. Reunión en el Ayuntamiento de Madrid con doña Inés Sabanés y Javier Barbero.
• - 12-12-2017. Visita Comisario Principal de Policía Judicial.
• - 21-12-2017. Reunión MAPAMA aprobación Plan de Acción CITE.

3.2.2 Relaciones Internacionales de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado

• - 16-01-2017. Visita Delegación de la Administración marítima. Azerbaiyana.
• - 13-02-2017. Conferencia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en México.
• - 27/28-02-2017. Reunión del Bureau Consejo Consultivo de Fiscales Europeos. Estrasburgo.
• - 17-04-2017. Visita de doña Vania María Tuglio, Fiscal de Sao Paulo. Brasil.
• - 15/16-06-2017. Reunión del Bureau del Consejo Consultivo de Fiscales europeos. París.
• - 19/23-06-2017. Colaboración con la FIAPP sobre Minería Ilegal. Ghana.
• - 10-07-17. Reunión en la Comisión Europea sobre «Environmental Crimes». Bruselas.
• - 16/25-08-2017. Colaboración con la FIAPP sobre Minería Ilegal. GHANA.
• - 20/21-09-2017. Reunión Anual Red de Fiscales de Medio Ambiente de Europa (ENPE). Oxford.
• - 23/24-11-2017. Plenario del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos. Estrasburgo.
• - 28/29-11-2017. Asistencia en Malta a la Reunión Menelas.

3.2.3 Actividades desarrolladas en materia de formación por la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado

• - 24-01-2017. Curso Internacional de Protección de Medio Ambiente y Patrimonio en la Escuela de Especialización de la Guardia Civil.
• - 7-02-2017. Curso de CEPOL Academia de la Guardia Civil en Aranjuez.
• - 27-03-2017. Curso Delito Ambiental Agentes de la Guardia Civil en el CENEAM. Valsain
• - 3-04-2017. Curso en la Escuela de Policía Municipal.
• - 5/6-05-2017. Seminario de Fiscales en prácticas. CENEAM. Valsaín.
• - 15-05-2017. Curso sobre delitos ambientales a Agentes Forestales CENEAM Valsain.
• - 1/2-06-2017. Jornadas de la Red de Avifauna y tendidos eléctricos. Zaragoza.
• - 5-07-2017. Curso Dirección y Mando Unidades de Caballería de la Policía Nacional.
• - 16-10-2017. Curso de especialización en subsuelo y protección ambiental de Policía Nacional.
• - 6-11-2017. Jornada sobre Incendios en la Junta de Castilla y León.
• - 12-12-2017. Reunión en Valencia con la Agencia Antifraude.

3.2.4 Comentarios a propuestas normativas y otros informes

A lo largo del año 2017, la Unidad Especializada de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha intervenido en la elaboración del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres aprobado finalmente en Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2018. En las múltiples reuniones celebradas durante 2017 han intervenido además de esta Unidad, los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación; de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Economía, Industria y Competitividad; de Hacienda y Función Pública; así como del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil (Ministerio del Interior). Con esta iniciativa se dará cumplimiento a una prioridad en el ámbito de la conservación de especies silvestres amenazadas convirtiéndose, además, es el primer plan de acción nacional en la Unión Europea.

También se han elaborado informes, dictámenes y cuestionarios sobre aspectos funcionales en relación con la especialidad, lanzamiento de operaciones coordinando a las fuerzas de seguridad o a petición del Fiscal General del Estado para el Parlamento o como apoyo para sus reuniones con otras Instituciones y entes de carácter público o privado. Destacamos las siguientes:

• - Elaboración de cuestionario sobre delitos de medio ambiente de la UE a petición de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.
• - En relación de la contaminación por asbestos, y a petición de la Magistrada de Enlace de Francia en el Ministerio de Justicia, se emitió informe abordando la contaminación por amianto en España desde diversas perspectivas.
• - Cumplimentación a solicitud de ENPE de cuestionario relativo a la vida y fauna salvaje.
• - Respuesta a la consulta de la Subdirección General de Productos Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de las liquidaciones de condena de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos, establecida en el Código Penal en los casos de maltrato tipificados en los artículos 337 y 337 bis.
• - Reuniones con la División Técnica de Protección del Mar del MAPAMA para solicitar la colaboración de esta Unidad en relación al procedimiento sancionador derivado de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en relación a las especies marinas silvestres y los espacios marinos protegidos.
• - Redacción de informe a fin de proponer a los organismos competentes la obligatoriedad para los dueños de perros de razas potencialmente peligrosas de realizar un curso, antes de adquirir una mascota de esas características, siguiendo el modelo que se ha implantado en Holanda y otros países europeos.
• - Realización de consideraciones a las recomendaciones de actuación del Ministerio del Interior a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante presuntos casos de maltrato animal, en casos de delito y/o infracción administrativa.
• - Intervención en la 8.ª ronda de evaluaciones mutuas de la UE relativa a la aplicación práctica y funcionamiento de las políticas europeas de prevención y lucha contra la delincuencia medioambiental, a petición de la Directora General para Asuntos de Justicia en la UE y OOII del Ministerio de Justicia.

3.2.5 Tramitación de Procedimientos e Iniciativas Adoptadas por la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado en el Desempeño de su Función

En relación con la tramitación de procedimientos hay que poner de relieve que en el año 2017 se iniciaron un total de 512 asuntos, frente a los 501 procedimientos del año 2016. De la cifra mencionada cabe destacar que 3 asuntos recibieron la forma procesal de Diligencias Informativas, 507 de Expedientes Gubernativos y 2 de Diligencias de Investigación Penal.

3.2.5.1 Expedientes Gubernativos, Diligencias Informativas de Interés y Diligencias de Investigación Penal de interés tramitados a lo largo de 2017

En relación a los Expedientes tramitados, se procede con frecuencia a recabar la información inicial necesaria para confirmar que, efectivamente, las denuncias presentadas en la propia Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado tienen la entidad suficiente para ser tramitadas desde el punto de vista penal, así como a aportar materiales de prueba que luego van a ser de utilidad a las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías que se encarguen de su gestión directa. Pues bien, en el apartado posterior se incorpora el resumen de aquellos procedimientos tramitados por la especialidad ambiental de la Fiscalía General, que son las más representativas de entre los tramitados a lo largo del año 2017 y que sirven de botón de muestra de la labor que lleva a cabo la citada Unidad.

3.2.5.1.1 Tráfico ilegal de madera desde África

Entre algunas cuestiones relevantes de las que se ha ocupado la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General durante el año 2017, debe mencionarse que el Fiscal de Sala ha venido recibiendo comunicaciones de la organización Global Witness en relación a posibles importaciones de madera procedentes de determinados países de África, madera entre la que podría estar la procedente de especies recogidas en apéndices del Convenio CITES. Las citadas importaciones podrían estar incumpliendo la normativa comunitaria y nacional, además de realizarse a través de alguna empresa extranjera que estaría involucrada en múltiples ilegalidades en sus actividades y, según la organización remitente, operaría bajo el control de personas o entidades sancionadas por Estados Unidos por realizar contribuciones financieras a grupos considerados terroristas por ese país.

El Reglamento UE n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, (Reglamento EUTR) por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera pretende dar respuesta al problema del comercio de madera aprovechada ilegalmente, prohibiendo con carácter general la comercialización en todo el territorio de la UE de la misma.

Así, sobre los agentes, personas físicas o jurídicas que comercializan en el territorio de la UE madera o productos derivados de la madera, recae la principal obligación que impone el Reglamento, que es la necesidad de desarrollar y poner en práctica un Sistema de Diligencia Debida que permita asegurarse de que existe un riesgo despreciable de que la madera que van a comercializar ha sido aprovechada ilegalmente. Por otra parte, las Administraciones Públicas han de llevar a cabo controles sobre los agentes para verificar el cumplimiento de la normativa.

Existen numerosos informes independientes que aportan suficiente información para considerar que en la actualidad la madera proveniente de algunos países de África debería estar considerada en riesgo elevado de ser ilegal por lo que las importaciones que se hagan de dichos países difícilmente podrían cumplir con el Sistema de Diligencia Debida.

A la vista de lo anterior, y a fin de tener un conocimiento adecuado de la problemática que se trasladaba, se acordó que la Unidad del SEPRONA Adscrita practicase las averiguaciones pertinentes por si, en caso de incumplimiento de la normativa vigente en las importaciones reflejadas anteriormente, se pudiese haber cometido alguna infracción penal.

Para ello, la Unidad del SEPRONA recabó la información oportuna del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, al que se había solicitado que proporcionase cuantos datos obrasen en el mencionado Departamento acerca las importaciones de madera, tanto en tránsito como definitivas, que constasen en los servicios aduaneros en un periodo de tiempo determinado, detallando tipo de madera declarada, cantidad, empresa importadora y destino final –en el caso de las importaciones en tránsito–, todo ello referido a importaciones procedentes de alguno de los países africanos afectados.

En un primer informe de la Guardia Civil se puso de manifiesto que, a pesar del contenido del Reglamento UE n.º 995/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, (Reglamento EUTR) que establece que las Administraciones Públicas han de llevar a cabo controles sobre los agentes para verificar el cumplimiento de la normativa, ni la Administración Central estaba llevando control alguno ni las Comunidades Autónomas tenían en ese momento estructura alguna ni se habían establecido criterios para realizar dicha tarea.

El día 11 de diciembre de 2015 se publicó el Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera, con el objetivo de establecer las disposiciones necesarias para la aplicación en España de los reglamentos FLEGT y de la madera (EUTR por sus siglas en inglés) determinando como Autoridad Competente a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente si bien los controles a los Agentes que comercialicen en Europa madera o sus productos, bien domésticos o bien importados serán realizados por la Autoridad Competente (AC) que formalmente haya designado cada Comunidad Autónoma, según la distribución de competencias existente. Ello, teniendo en cuenta que todo Agente tiene la obligación de presentar la Declaración Responsable ante la AC donde tenga sede social conforme a los procedimientos establecidos en cada Comunidad Autónoma.

En cualquier caso, tanto de la información recabada de Aduanas como del propio Ministerio, la Unidad del SEPRONA consideró que no estaba acreditado que hubiesen existido en nuestro país importaciones o tránsitos realizados a través de la empresa extranjera aludida en las comunicaciones recibidas.

De este modo, se determinó por el Fiscal de Sala la imposibilidad de exigir responsabilidad penal a persona alguna en España.

3.2.5.1.2 Investigación sobre el uso del veneno en el campo español

El problema del uso de veneno en el medio natural sigue estando lejos de desaparecer, como se pone de manifiesto con la incoación de procedimientos penales en los juzgados de instrucción, y la formulación de escritos de acusación por parte del Ministerio Fiscal en aquellos casos en que existen indicios para imputar tales hechos a personas determinadas, por la comisión de un delito contra la fauna del artículo 336 del código penal.

Al margen de la persecución penal del delito mencionado, hace varios años, desde esta Unidad especializada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, se puso en marcha una iniciativa destinada a recabar de las autoridades administrativas competentes de nuestras Comunidades Autónomas la información precisa acerca de las resoluciones administrativas de suspensión del aprovechamiento cinegético de los cotos de caza en los que se producen episodios de envenenamiento de fauna. Se trataba a continuación de que por las fuerzas policiales con competencias en materia medioambiental se vigilase especialmente su cumplimiento ya que la vulneración de esas suspensiones podría a su vez acarrear responsabilidades penales.

Dado el tiempo transcurrido desde aquella iniciativa (años 2009 y 2012), la cual contó con la colaboración inestimable de los órganos correspondientes de cada Comunidad Autónoma, se ha considerado conveniente en 2017 ponerla nuevamente en marcha para lo que se ofició a los organismos competentes para que remitieran informe indicando si en el territorio de esa Comunidad Autónoma existen actualmente en vigor resoluciones administrativas firmes de suspensión del aprovechamiento cinegético de cotos de caza motivadas al detectar episodios de envenenamiento en los mismos, con indicación del periodo de suspensión acordado y la identificación completa del coto al que afectan, así como cualquier otro dato que al respecto se considere pertinente. La información facilitada ha posibilitado el control por parte de los Fiscales Delegados tanto del cumplimiento efectivo de las medidas adoptadas para evitar esas prácticas como de la incoación de diligencias para la acreditación de la autoría de las conductas, si es que se produjeran, en el caso de que tuvieran relevancia penal en aplicación del artículo 336 del Código Penal.

Reseñar como consideración final que, el control de estas prácticas ilegales y la coordinación de los agentes implicados ha provocado su notable disminución.

3.2.5.2 Otras formas de coordinación

• - A tenor de lo establecido en la Instrucción 4/2007, que rige el funcionamiento de la Unidad de la Fiscalía General del Estado y de las Secciones de Medio Ambiente de la Fiscalías de España, se vienen realizando diferentes labores de coordinación de estas últimas:
• - Recepción y análisis de todos los escritos de acusación formulados en el ámbito de la especialidad y remisión, a su vez, por nuestra parte de las notas correspondientes de subsanación de errores detectados o para el ajuste de los mismos a la unidad de criterios fijados en la materia.
• - Organización de una base de datos con acceso por parte de todas las Fiscalías de las sentencias dictadas en materia medioambiental, completada con la remisión de un Boletín Jurisprudencial Electrónico en el que se extractan las resoluciones más importantes.
• - Resolución de consultas que puntualmente y, en ocasiones, de una manera telefónica, por simple e-mail, o por escrito, en los casos más complejos, se vienen planteando y a las que se les da respuesta por parte de esta Unidad, así como la petición de jurisprudencia, doctrina e informes sobre asuntos concretos, a saber:
• • Consulta realizada por la Fiscalía de Huelva en relación a sentencias en las que se ha observado que algunos supuestos de desatención y abandono de animales en condiciones tales que han determinado graves padecimientos físicos de los mismos y que han sido considerados como delito leve del artículo 337 bis del Código Penal, debieran ser calificados como un delito del artículo 337 al no tratarse de un simple abandono y producirse el resultado en los términos que fija este último.
• • Consulta de la Fiscalía de Lleida en relación al delito continuado de daños del artículo 323.1 del Código Penal en un supuesto de expolio de yacimientos arqueológicos. Así, tal y como se trató en la VIII Reunión de la Red de Fiscales Especialistas: «los actos de apoderamiento o sustracción de piezas arqueológicas habrán de seguir siendo perseguidos, como hasta ahora, como delitos agravados de hurto o apropiación indebida (según el yacimiento esté previamente declarado administrativamente como tal o no) en concurso medial con el delito de daños del primer inciso del artículo 323.1 (si se trata de daños materiales de importancia) o de expolio del último inciso, según los casos. La tipificación de la conducta de expolio en el mismo precepto y apartado que los daños materiales avala, a nuestro juicio, esta solución de no incluir en aquélla los actos de apoderamiento».
• • Consulta de la Fiscalía de Sevilla sobre la aplicación del artículo 335.2 del Código Penal en un supuesto de caza furtiva de especies no protegidas en coto de caza privado. A juicio de esta Unidad, si se entendiese que el artículo 335.2 castiga sólo la caza de especies protegidas dentro de un coto, ello ya se hubiera conseguido con la aplicación del artículo 334 del Código Penal y la circunstancia de que eso se hubiese producido en un terreno ajeno sometido a régimen cinegético especial sin permiso no supone ningún desvalor añadido, puesto que no se perjudicaría los intereses de los titulares del aprovechamiento cinegético que tampoco podrían cazarlas. Carecería de toda lógica el requisito de la autorización del titular que en ningún caso podría darla para el caso de especies protegidas, luego es evidente que el precepto está pensando en otras, es decir, en las «cazables». Por último, en cuanto al concepto «terrenos públicos o privados sometidos a régimen cinegético especial», la mencionada Ley de caza estatal de 1970 que sigue estando vigente como legislación básica establece claramente que hay que entender por tal y expresamente incluye a los cotos.
• • Consulta de la Fiscalía de Ávila sobre un supuesto de prevaricación urbanística.
• • Consulta de la Fiscalía de Palencia relativa a autorización para celebrar cacería colectiva de jabalíes y su carácter penal o administrativo.
• • Consulta de la Fiscalía de Guipúzcoa sobre la posibilidad de alcanzar conformidad en un supuesto delito contra el medio ambiente previsto y penado en el artículo 325.2 en concurso con el 334.2 del Código Penal.
• • Consulta de la Fiscalía de Soria sobre la viabilidad de interponer recurso de apelación contra sentencia absolutoria por un delito contra la ordenación del territorio, habida cuenta de que el órgano que dicta sentencia no diferencia el concepto de «autorizable», que es el que hay que valorar para determinar si se ha cometido o no delito; y la noción de legalizable que puede tener trascendencia para acotar el alcance de la demolición.
• • Consulta de la Fiscalía de Guipúzcoa relativa a la aplicación a una conducta presuntamente delictiva el artículo 352 o 354 en relación con el artículo 358 del Código Penal en la calificación por un delito de incendios forestal por imprudencia grave.
• • Consulta de la Fiscalía de Las Palmas sobre un supuesto de venta ilícita de sustancias que agotan la capa de ozono.
• • Consulta de la Fiscalía de Murcia sobre la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal en relación a la degradación y contaminación que sufre la Manga del Mar Menor y su entorno.