Capítulo I. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - 1. ACTIVIDADES DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2016

1. ACTIVIDADES DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2016

El 5 de noviembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 419/2016, de 4 de noviembre, por el que se disponía el cese de doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda como Fiscal General del Estado. Hasta esa fecha, la Sra. Madrigal Martínez-Pereda desplegó una profusa actividad, cuya intensidad impide la enumeración pormenorizada de todos los actos, intervenciones públicas, reuniones o viajes, en que, más allá de la tarea ordinaria de despacho, se ha traducido el ejercicio de su función. Por ello, el presente apartado de la Memoria pretende tan sólo destacar aquellos hitos más significativos en los que quedan reflejados el contenido, la orientación y el sentido de la labor realizada en este período, cuyo objeto ha sido potenciar la presencia del Ministerio Fiscal en todos aquellos ámbitos institucionales en los que cobra relevancia, más allá del natural marco procesal, la defensa y el impulso de los valores que son propios de esta Institución.

Como en años anteriores, el punto central del ejercicio judicial anual se sitúa en el mes de septiembre, que tradicionalmente acoge el solemne acto de apertura de Tribunales, el cual este último año 2016 tuvo lugar el día 6 de dicho mes en el marco del Salón de Plenos del Tribunal Supremo. En dicho acto, ante S.M el Rey y en presencia de Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Ministro de Justicia entre otras personalidades, la Fiscal General del Estado presentó solemnemente y explicó, como dispone el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Memoria Anual del Ministerio Fiscal correspondiente al año 2015. En fecha inmediatamente anterior, el día 5 de septiembre, la Fiscal General del Estado había entregado personalmente la Memoria a S.M. el Rey en el Palacio de la Zarzuela. En fechas posteriores del mes de septiembre la Memoria sería entregada al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al Ministro de Justicia, al Presidente del Tribunal Constitucional y al Presidente del Consejo de Estado.

Otro hito anual de suma trascendencia en la actividad del Fiscal General del Estado lo constituye el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 9.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prescribe el deber del Fiscal General del Estado de presentar a las Cortes Generales la Memoria anual. Este acto, además de constituir una fórmula de comunicación del Ministerio Público con las Cortes Generales, transmitiendo de forma directa la actividad desplegada por la Institución en el último periodo, es expresión de la dimensión constitucional del Ministerio Fiscal, dando cuenta cada año de su actividad ante las correspondientes Comisiones de Justicia de las Cortes Generales. La Fiscal General del Estado compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el día 25 de abril, donde expuso ante los Sres. Diputados el contenido de la Memoria anual que recoge la actividad del Ministerio Fiscal correspondiente al año 2015. Acto que, en palabras de la Fiscal General, tiene un significado profundo como reflejo del vínculo entre el Ministerio Público, defensor de la ley, y el órgano depositario de la soberanía nacional y la potestad legislativa.

Dentro del relato de actividad del Fiscal General del Estado en su proyección institucional, tanto en el ámbito de sus estrictos cometidos estatutarios como en el más amplio terreno de la interacción entre instituciones y órganos orientados a la finalidad común de satisfacer el interés general, hay que destacar que un capítulo importante de la actividad de la Fiscal General del Estado durante el año 2016 la ha ocupado la firma de convenios o acuerdos con diversas instituciones. El primero de ellos fue firmado el 20 de enero con el Ministerio de Justicia con la finalidad de crear una Comisión Mixta de Coordinación entre la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal de Castilla y León, con el objetivo de que sea un órgano de colaboración institucional en la gestión y provisión de los medios personales y materiales de las Fiscalías con sede en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El 15 de marzo, se firmaría otro convenio de colaboración entre las Fiscalías Superiores de Extremadura, Baleares, Murcia y Castilla La Mancha. El 31 de marzo fue suscrito un convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en materia de protección del Medio Ambiente. El 20 de mayo, la Fiscal General del Estado, el Ministro de Justicia y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial firmaron sendos convenios de colaboración para la coordinación de actuaciones en la gestión de bienes que redunde en una mayor eficacia de la actividad de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). El 24 de este mismo mes fue firmado otro convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para la promoción de la mediación, con el objetivo de establecer las condiciones por las que se regirá la colaboración entre ambas instituciones para el impulso de la mediación, creando mecanismos de comunicación que permitan un intercambio fluido de información y faciliten un adecuado conocimiento de los recursos de los que dispone cada una de las instituciones. El 12 de julio fue firmado con el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitad Valenciana un convenio de colaboración en materia de auxilio, colaboración y apoyo mutuo en los procedimientos de investigación penal relacionados con el régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat Valenciana. El 26 de julio, la Fiscal General del Estado y el Presidente del Consejo General del Notariado, D. José Manuel García Collantes, suscribieron un acuerdo por el que ambas instituciones se comprometían a establecer un sistema de comunicación de los Notarios a las Fiscalías que permita determinar la existencia de menores y de personas en situaciones de incapacidad, con el fin de proteger su patrimonio frente a situaciones de abuso o perjuicio económico.

Cabe destacar también su participación en foros internacionales, como fue su intervención en la sesión plenaria de la XXIV Asamblea General Iberoamericana de Ministerios Públicos, celebrado en Lisboa entre los días 9 y 20 de octubre, contando con la presencia de una veintena de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica. Fueron aprobados los nuevos estatutos de la AIAMP, que pretenden acentuar el ámbito iberoamericano de la Asociación a la vez que duplicar la esfera de contactos, al permitir la presencia de observadores tanto de países amigos como de organizaciones internacionales. La ocasión fue aprovechada para cerrar acuerdos de cooperación con los Fiscales Generales de Brasil, Uruguay y Chile.

Sin perjuicio de una más amplia exposición en el capítulo correspondiente de la Unidad de Cooperación Internacional, en el ámbito de las relaciones internacionales Dña. Consuelo Madrigal ha atendido en la sede de la Fiscalía General del Estado la visita de numerosas delegaciones internacionales, debiendo destacarse las siguientes: el 9 de marzo, recibió la visita de una delegación de la Fiscalía militar de Túnez encabezada por el Coronel Mayor, Fiscal General Director de los Servicios Jurídicos de Defensa de este país, Ali Fatnassi; el 8 de julio, recibió una delegación de Bolivia, encabezada por el Fiscal General del Estado Plurinacional Bolivia, D. Ramiro José Guerrero Peñaranda, suscribiendo un Memorando de Entendimiento entre las instituciones que ambos dirigen, con la finalidad de fortalecer y desarrollar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional y organizada; el 4 de octubre, recibió una delegación italiana encabezada por el Fiscal Jefe Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, D. Franco Roberti con el fin de analizar el estado actual de la cooperación bilateral de los Ministerios Públicos de ambos países; el 13 de octubre recibió a la Procuradora General de la Nación de Argentina, Dña. Alejandra Gils Carbó, suscribiendo un Memorándum entre las Instituciones que ambas representan con el propósito de potenciar las investigaciones criminales que se desarrollen en cada uno de sus países y fortalecer la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional; por último, el 17 de octubre mantuvo un encuentro con D. Darío Delgado Cura, Fiscal General del Estado de la República de Cuba, firmando un Memorándum de Entendimiento, con el propósito de potenciar las investigaciones criminales y de establecer nuevas formas de colaboración e intercambio de experiencias entre los miembros de las Fiscalías de ambos países.

También hay que dejar constancia de la considerable implicación personal de la Fiscal General del Estado en las tareas de formación y aportación de criterios jurídicos desde la óptica institucional, en este ámbito es obligado reseñar su participación en diversos cursos y jornadas. Así, el 3 de febrero inauguró la jornada de Especialistas en Justicia Militar, en las que se analizó la reforma del nuevo Código Penal Militar; el 11 de marzo, inauguró la jornada de Fiscales especialistas en criminalidad informática; el 13 de abril clausuró el curso «Macroprocesos y delitos contra la corrupción» dirigido a jueces y organizado por el Consejo General del Poder Judicial, donde señaló algunas posibles mejoras en la lucha contra la corrupción y destacó que la frontera entre lo público y lo privado se encuentra desdibujada «en una Administración que deja en manos de particulares la prestación de servicios públicos, un hecho que favorece la privatización de la corrupción»; el 24 de mayo, asistió a las VII Jornadas Jurídicas de Ceuta, organizadas por la Ciudad Autónoma, el Consejo General del Poder Judicial y el Centro Asociado de la UNED de Ceuta, foro en el que participó con la ponencia «La proyección social del Ministerio Fiscal»; el 7 de junio, inauguró la III Jornada Habeas Data y Delitos Informáticos, organizadas por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), relativa a «La reforma de la protección de datos y el estado de la ciberdelincuencia en España», desarrollándose con la colaboración de Telefónica y la Fiscalía General del Estado; el 9 de junio, dictó una conferencia en el XXV Congreso sobre Derecho y Salud organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, donde recalcó que la Circular de la FGE 1/2012 sobre el régimen jurídico del menor y el tratamiento médico, texto en el que intervino activamente la actual Fiscal General, ha servido de fuente de inspiración de la actual Ley sobre Infancia y Adolescencia de 2015; el 16 de junio, participó en la ciudad autónoma de Melilla en las Jornadas de Derecho «Enrique Ruiz Vadillo» de Melilla, organizadas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde desgranó las diferentes especialidades que los fiscales han ido asumiendo en estos años para atender las crecientes demandas de los ciudadanos; el 22 de junio, inauguró el curso «Derecho Penal y deporte», celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), presidiendo el acto junto con el Presidente del COE, Alejandro Blanco y donde ambos hicieron hincapié en la necesidad de que las instituciones relacionadas con el deporte aúnen esfuerzos para combatir y erradicar toda forma de violencia; el 22 de julio, intervino en la última jornada del curso de verano de la Universidad Complutense en la sede de El Escorial, «El poder Judicial, garantía del Estado de Derecho»; y, el 26 de septiembre clausuró el curso de formación para fiscales que se celebró en el Pazo de Mariñán, dedicado a los delitos contra la Constitución y el orden público.

Concluyendo con el relato de la acción institucional realizada por la Fiscal General del Estado durante el pasado ejercicio, se ha de reseñar su asistencia el 25 de enero a la entrega de premios de la Fundación Aequitas que esta institución otorga a los mejores trabajos en investigación jurídica sobre personas con discapacidad, mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección. Asimismo, también es digno hacer mención al acto de presentación del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, celebrado el 19 de febrero en el que la Fiscal General del Estado, resaltó que la creación de estas becas dan cumplimiento a una certera intuición que tuvo Soledad y que su familia, identificada con ella, ha logrado poner en marcha. Soledad ha conseguido despertar en otros sueños que ella tuvo, como fue proteger a los hijos de mujeres asesinadas por sus parejas.

Como acto institucional entrañable y solemne cabe destacar el que tuvo lugar el 19 de octubre en la sede de la Fiscalía General del Estado, con motivo de la jubilación de don Antonio Salinas Casado al cumplir los 70 años de edad, acto al que asistieron el Presidente del Tribunal Supremo, don Carlos Lesmes, el Ministro de Justicia, don Rafael Catalá, los ex Fiscales Generales don Cándido Conde-Pumpido y don Eduardo Torres-Dulce, y numerosos jueces y fiscales. La Fiscal General del Estado pronunció unas palabras de reconocimiento a los 43 años de carrera de don Antonio Salinas.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de 5 de noviembre de 2016 del cese de doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, determinó que, hasta la toma de posesión de la Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, la dirección del Ministerio Público fuera asumida por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Excmo. Sr. Don Luis Navajas Ramos.

El primer acontecimiento que ha de destacarse de la actividad del Excmo. Sr. Fiscal del Estado, D. José Manuel Maza Martín, fue el de la toma de posesión del cargo para el que fue nombrada mediante Real Decreto 545/2016, de 25 de noviembre. El día 29 de noviembre de 2016, tras haber acudido el día anterior al Palacio de la Zarzuela para celebrar el acto de juramento del cargo de Fiscal General del Estado ante S.M. el Rey, tomó posesión de su cargo como máximo representante del Ministerio Fiscal ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

Previamente, el Consejo General del Poder Judicial había dado su visto bueno a la propuesta que hizo el Consejo de Ministros el día 17 de noviembre para que fuera nombrado Fiscal General del Estado. Con este dictamen y cumpliendo lo preceptuado en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para completar el trámite constitucional y estatutario de cara a su nombramiento como Fiscal General del Estado, compareció el 24 de noviembre ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

En el discurso ante Sus Señorías, don José Manuel Maza expuso que el Fiscal debe actuar con un exigente rigor técnico, sin frivolidad, atendiendo a su conciencia y con una sensibilidad especial hacia los problemas cotidianos de sus conciudadanos; ello abarca la defensa de los más desfavorecidos, la protección de las víctimas de conductas violentas, machistas, atender a menores y ancianos, a las víctimas del terrorismo y a todos en los que el delito ha dejado un rastro doloroso en sus vidas. Asimismo, recalcó que el Fiscal debe preservar las garantías y derechos de los ciudadanos investigados en un procedimiento penal, y así, el Fiscal debe saber que hasta el más perverso de los delincuentes merece el respeto propio de cualquier ser humano, al menos en cuanto a sus derechos y garantías.

Mostró su deseo de que el Ministerio Público en su conjunto, y el Fiscal General de manera destacada, ejerza con una verdadera autonomía, tal y como establece la ley, por lo que el Fiscal no debe ni puede recibir ni cumplir órdenes ajenas en el ejercicio de sus funciones. Este carácter autónomo supone que a la vez se debe poseer un exigente sentido de la responsabilidad en sus propias actuaciones.

También destacó la capacidad profesional y el espíritu de servicio de los dos mil quinientos miembros que integran la Carrera Fiscal, junto con los funcionarios que cooperan con ellos. Además tuvo palabras de reconocimiento hacia la anterior Fiscal General del Estado y sus antecesores en el cargo, quienes han logrado que el Ministerio Público goce en nuestra sociedad de un amplio capital de respeto y reconocimiento.

Concluyó reclamando a los Diputados una reforma de las leyes procesales penales, que otorguen la dirección de la investigación al fiscal con el control del juez de garantías, como ya sucede en todos los países de nuestro entorno.