En este capítulo se identifican una serie de cuestiones que, bien sea por suscitar un interés especial para la ciudadanía, bien por afectar al funcionamiento general de la Administración de Justicia, han sido objeto de un tratamiento específico.

Dentro de estas cuestiones, destaca este año el apartado dedicado a la corrupción. La corrupción es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, y así se refleja en las recientes encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Esta preocupación también es compartida por la Fiscalía por cuanto los tipos relacionados con la corrupción constituyen una de las formas más graves de delincuencia, en tanto suponen un ataque a las Instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.

La inclusión de un apartado dedicado a la sustracción de menores recién nacidos se debe al interés demostrado por Instituciones y ciudadanos en este tema, así como por el compromiso asumido por la Fiscalía General del Estado en relación con el mismo.

La pervivencia del apartado dedicado a los delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público que se introdujo por primera vez en la Memoria de la Fiscalía General del año 2008 no se debe a su relevancia estadística en relación con el resto de los delitos, ni a que esta cuestión haya sido identificada por la Fiscalía como un problema generalizado. Su inclusión obedece exclusivamente a la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en esta materia.

Por último, los apartados dedicados a la ejecución, las conformidades y a las experiencias en materia de mediación son objeto de tratamiento específico por la especial transcendencia que los mismos tienen en relación con el funcionamiento de la Administración de Justicia. Las conformidades y las experiencias en materia de mediación porque son mecanismos de reducción de la litigiosidad necesaria para mejorar y agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia; el control de la ejecución, por ser un indicador de la calidad del servicio que se presta al ciudadano.