6.2 La Oficina Fiscal

En el año 2010 la Fiscalía General del Estado trasladó al Ministerio de Justicia un modelo de organización de la oficina de las fiscalías. El motivo radica en el Ministerio Fiscal precisa para el ejercicio de sus funciones una organización homogénea de las oficinas de las Fiscalías en todo en el Estado.

El modelo fue admitido por el Ministerio de Justicia y se realizaron los trabajos para la organización, desarrollo e implantación del modelo de oficina fiscal. Del mismo modo las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia aprobaron el modelo propuesto. Tras las elecciones, el actual equipo del Ministerio de Justicia también asumió y continuó los trabajos para su implantación. En fechas muy próximas a la publicación de la Memoria, el Ministerio de Justicia ha retomado el proyecto de oficina local para implantarla en las fiscalías a las que debe prestar soporte de recursos humanos, tecnológicos, entre otros, estando previsto su implantación inicial en Murcia.

La Oficina Fiscal se concibió desde la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias como un proyecto nacional, de implantación progresiva en las distintas Fiscalías. El propósito es el establecimiento de un modelo de referencia, único y reconocible, que siendo adaptable a las necesidades específicas, tipología de actividad y dimensión de cada Fiscalía, sea capaz de ofrecer respuestas comunes a las necesidades de la organización del Ministerio Fiscal.

El modelo de oficina fiscal pretende aprovechar el potencial de los funcionarios de las Fiscalías. En este sentido, conviene recordar los escasos recursos humanos que tienen las plantillas de funcionarios de las Fiscalías. Así de total de funcionarios de justicia, 41.526, sólo un 4,4 por 100, 1.910, presta sus servicios en las Fiscalías. En cuanto a la ratio funcionario/Fiscal la media nacional no llega al 0,8.

Su diseño se articula, además, con las nuevas reformas legislativas y tiende a introducir, en definitiva, una nueva organización del trabajo y de sus recursos para hacer más eficiente y eficaz la gestión de la Fiscalía.

La única Comunidad Autónoma que tiene implantado el nuevo diseño es el País Vasco. Otras Comunidades Autónomas tienen muy avanzados sus trabajos, como Navarra, Cantabria o Galicia y otras comenzaron los trabajos en la misma línea como Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y La Rioja.