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13 mayo 2009

Operación Rapiña

La Fiscalía de Medio Ambiente ha coordinado una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía en relación con el tráfico ilegal de especies amenazadas.

La Fiscalía de Medio Ambiente, que dirige el Fiscal Antonio Vercher, ha coordinado una operación conjunta de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía llevada a cabo ayer y hoy en relación con el tráfico y comercio ilegal de especies de fauna amenazadas, y en la que se ha procedido a la detención de nueve personas en cuatro provincias.

En el transcurso de la operación mencionada, en la que también han prestado su colaboración funcionarios del Soivre (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior) y técnicos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Madrid y Castilla y León, (Málaga, Salamanca, Madrid y León).

La Fiscalía ha solicitado la detención de estas personas por presuntos delitos relativos a la protección de la fauna y falsificación de documentos, así como a la imputación de otras dos más en la provincia de Zaragoza.

Asimismo, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuantes se han intervenido, además de abundante documentación, 70 aves rapaces (53 halcones, 2 águilas perdiceras, 7 águilas americanas, 4 azores, 2 lechuzas y dos búhos reales) así como restos de las mismas y huevos, e igualmente otro centenar de rapaces de dudosa procedencia que han quedado en depósito de alguno de los implicados hasta que se aclare su origen.

La Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad que han actuado conjuntamente han puesto en marcha la llamada “operación Rapiña” para desarticular esta trama tras detectar que de forma inminente se iba a realizar un expolio de nidos de Águila Imperial Ibérica.

El modo de proceder de esta trama consistía en que parte de los detenidos se dedicaba al expolio de nidos en distintas zonas de España, mientras que otros se dedicaban a traficar con las aves capturadas previa falsificación de documentación regulada por el Convenio CITES.

La investigación mencionada ha dado lugar a la incoación de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 de Zaragoza.

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