8.4 Relaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otras instituciones y organismos públicos y privados

Las memorias de los/las fiscales delegados son un buen reflejo de que las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad son fluidas y constantes y también de la dedicación y disponibilidad de sus integrantes ante cualquier petición o consulta. Con dicha disponibilidad se trata de suplir, en la medida de lo posible, las carencias de medios personales y materiales a las que ya se ha aludido. Se ha de destacar en esta anualidad la puesta en funcionamiento en el ámbito de la Guardia Civil de los denominados Equipos @ encargados de reforzar la respuesta en materia de ciberdelincuencia apoyando la labor de los EDITE provinciales.

Los/as fiscales, destacan la habitualidad en la celebración de cuantas reuniones físicas o virtuales han sido necesarias para analizar aquellas investigaciones que por su complejidad generaban problemas jurídicos y técnicos y precisaban del establecimiento de criterios de actuación, usualmente a petición de las unidades policiales a cargo de las mismas. También ha sido frecuente el recurso a otras formas de comunicación interinstitucional, como correos electrónicos o contactos telefónicos, para consultar con la Fiscalía cuestiones concretas relacionadas con investigaciones en curso o para informar sobre su evolución. La remisión a los servicios provinciales de la especialidad de una copia de los atestados sobre ciberdelitos que se iban judicializando, y particularmente de aquellos que por su complejidad demandaban mayor atención de los/las fiscales especialistas, ha sido una constante en casi todas las provincias, llegando incluso, en algunas de ellas, a remitirse información por distintos medios a él/la delegado/a de todos los atestados incoados, hubieran sido o no judicializados, como es el caso, entre otras, de las Fiscalías de A Coruña, Almería, Barcelona o Castellón.

Según se colige de las memorias provinciales, el buen hacer de los/las fiscales especialistas hace que sea solicitada su intervención tanto por los propios compañeros, para solventar problemas de carácter técnico-jurídico, como por los cuerpos policiales y otras instituciones y organismos implicados en esta misma materia –como Colegios de Abogados, Centros educativos, ONGs o Asociaciones de Protección a las Víctimas– para asesoramiento o para participar como expertos en cursos y seminarios, organizados por los mismos.

Igualmente son muy habituales las reuniones de la Unidad Especializada con responsables de las distintas unidades policiales responsables de esta materia, que generalmente se articulan a través e nuestras Oficinas de Enlace con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, con sede en la propia Unidad. Estos encuentros periódicos proporcionan un conocimiento permanente y actualizado de las investigaciones más relevantes y de los problemas y dificultades que se van planteando con ocasión de las mismas, propiciando de esta forma el análisis conjunto y reflexivo de dichas cuestiones, que implica incluso la necesaria coordinación entre distintos cuerpos policiales en las ocasiones en que se producen confluencias en una misma operación. Este contacto fluido y constante con los grupos y unidades policiales especializadas es también de gran utilidad para analizar conjuntamente las nuevas manifestaciones del cibercrimen, su evolución y la problemática que plantea su investigación.

En el marco del Acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, en el que la Fiscalía está seriamente implicada, el hito más significativo ha sido, sin duda, la puesta en marcha de la actividad que corresponde a esta Unidad de Criminalidad Informática como Punto de Contacto para la retirada de los contenidos de odio online, en ejecución del Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea al que anteriormente se ha hecho alusión. Ello ha exigido una intensa actividad orientada tanto a difundir entre los fiscales el objetivo que se pretende con dicho Protocolo como, también, a establecer con los proveedores de servicio los mecanismos más adecuados y efectivos para dar curso a las peticiones de retirada de contenidos, cuyos efectos positivos ya se están constatando.

A su vez, en el marco de ese mismo Acuerdo interinstitucional y en colaboración con el Fiscal de Sala Delegado contra los Delitos de Odio y Discriminación, la Unidad Especializada ha seguido participando en el Grupo de Trabajo dedicado a formación y en las reuniones virtuales de la Comisión de Seguimiento, celebradas el pasado año los días 29 de junio y 13 de diciembre.

Durante el año 2021 también se mantuvieron reuniones y contactos periódicos con representantes de diversas instituciones públicas y privadas, con responsabilidad en este ámbito, para intercambiar experiencias, información e incluso para la planificación y desarrollo de actividades formativas. Entre ellas merece ser desatacada la contribución de esta Unidad en la elaboración Plan Estratégico Nacional contra la Cibercriminalidad, coordinado por la Secretaria de Estado de Seguridad y aprobado por el Ministerio del Interior en febrero de 2021, así como la participación activa en la Comisión de Seguimiento posteriormente constituida para su desarrollo y ejecución.

También han sido habituales las reuniones de trabajo con distintos departamentos del Ministerio de Justicia, así como con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), el Mando Conjunto del Ciberespacio o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Las fluidas relaciones establecidas con este último organismo determinaron el traslado, desde sus oficinas a la Unidad Especializada, de 34 reclamaciones de particulares, presentadas en dicho organismo, referidas a hechos que inicialmente presentaba caracteres de delito, que fueron tramitadas en nuestra secretaría y posteriormente remitidas a las Fiscalías competentes.

Así mismo se ha reforzado la colaboración, ya iniciada en años anteriores, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a efectos del intercambio de información en referencia a actividades publicitarias sobre criptoactivos que pudieran responder a objetivos de carácter fraudulento. La preocupación existente en esta materia ha determinado la reciente publicación por la CNMV de la Circular 1/2022, de 10 de enero, de la CNMV, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión.

La colaboración con el sector privado resulta esencial en la lucha contra la ciberdelincuencia. Por ello desde la Unidad Especializada se cuidan especialmente dichas relaciones y, pese a las dificultades derivadas de la situación de pandemia, se han procurado los contactos frecuentes y la participación en reuniones, presenciales o virtuales con integrantes del indicado sector, como las celebradas con el Consejo Asesor de Seguridad de Telefónica; con el Centro de Cooperación Interbancaria, con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual más representativas o con algunas de plataformas proveedoras de Servicios como Meta (Facebook/Instagram), Microsoft, Google /YouTube o Twitter.

En el ámbito internacional, aun cuando haya sido en forma virtual, la Fiscal de Sala Coordinadora ha seguido participando en las reuniones semestrales del T-CY de la Convención de Budapest del CoE, celebradas respectivamente en los meses de mayo y noviembre del año memorial, así como en diversas reuniones plenarias, celebradas en ese mismo marco, en las que culminaron los trabajos de elaboración del Segundo Protocolo Adicional a la Convención de Budapest sobre Cooperación Reforzada y Divulgación de Pruebas Electrónicas. Este Protocolo que finalmente ha sido adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en noviembre de 2021 y quedará abierto a la firma de los Estados en mayo del presente año 2022, constituye un documento de gran importancia para fomentar y favorecer la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la ciberdelincuencia ya que articula mecanismos y herramientas más ágiles y eficaces para la conservación y obtención transfronteriza de evidencias electrónicas con fines de investigación criminal.

Por otra parte, en 2021, también en forma virtual, se han mantenido las habituales reuniones de los puntos de contacto de la CiberRed, integrada por representantes de los Ministerios Públicos de los países miembros de la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), en las que participa la Unidad Especializada en representación de la Fiscalía española y cuyo objetivo es potenciar la colaboración en las investigaciones y el intercambio de información con el fin de mejorar la eficacia contra el cibercrimen. Así mismo, se ha participado a través del punto de contacto nacional, perteneciente a esta Unidad, en las reuniones del plenario de la Red Judicial Europea de Cibercrimen (EJCN), celebradas en modo online en los meses de junio y diciembre.

En el año memorial, nuestros enlaces en la Red Europea de Fiscales Especialistas en Propiedad Intelectual (EIPPIN) –el fiscal especialista D. Rafael Payá Aguirre y una de las fiscales adscritas de la Unidad– asistieron igualmente a la reunión de la EUIPO celebrada en forma virtual el día 20 de mayo.

No se puede concluir este apartado sin hacer referencia a la frecuente participación de los fiscales especialistas en programas y/o proyectos formativos impulsados desde distintas instancias internacionales para promover, reforzar y obtener una mayor eficacia en la lucha contra la ciberdelincuencia, tanto en el marco de la UE como en el ámbito iberoamericano. Resultan especialmente relevantes en 2021 las actividades organizadas por EL PAcCTO (programa de cooperación internacional financiado por la UE para mejorar la capacitación de los Ministerios Públicos contra el Crimen Transnacional Organizado) en las que el área de especialización ha prestado su colaboración y que han tenido como objetivo primordial la puesta en funcionamiento de Unidades especializadas en cibercrimen en las Fiscalías de Perú, Ecuador y Bolivia, colaboración que ha permitido compartir con los compañeros de dichos países la experiencia adquirida en la actuación contra ese fenómeno criminal a partir de la unificación de criterios y el trabajo en equipo.

Igualmente, la Unidad especializada ha participado en diversos programas transnacionales de formación, como el organizado online por UNODC sobre delitos contra menores en la red, celebrado en el mes de noviembre de 2021, para la capacitación de los integrantes del Ministerio Fiscal peruano, o el encuentro de representantes de las redes iberoamericanas del Ministerio Fiscal y Cuerpos Policiales contra la delincuencia organizada y el cibercrimen celebradas en Quito (Ecuador) en el mes de octubre del 2021, bajo la dirección de EL PAcCTO.