1.2 Evolución cualitativa de la criminalidad

Continuando con la línea de estudio iniciada en la pasada Memoria, sobre evolución de la criminalidad limitada a los ámbitos que no son expresamente tratados por los distintos órganos especializados del Ministerio Fiscal (como las Fiscalías contra la droga y contra la corrupción y criminalidad organizada –también en cierto sentido la Audiencia Nacional–, así como los Fiscales de Sala Especialistas y los Fiscales de Sala Delegados, todos estos últimos integrados en la estructura de la Fiscalía General del Estado), se va a exponer a continuación la evolución de la criminalidad en el ámbito de las Fiscalías territoriales –las de Comunidad Autónoma y Provinciales– haciendo referencia exclusiva a aquellos ámbitos que no son expresamente tratados por dichos órganos especializados.

Sigue siendo conveniente precisar que el estudio que se pretende realizar sobre la evolución de la delincuencia, se limita a la de mayor relevancia social tanto por su volumen como por su gravedad. Por otro lado se mantienen vigentes las precisiones de las memorias precedentes acerca de la naturaleza meramente procesal de los datos manejados, lo que limita en ese mismo sentido la información proporcionada, y acerca de la no concordancia entre los datos de incoación que tiene lugar en el año natural examinado, y los de calificación y sentencia que se dictan en anualidades posteriores.

No se tienen en cuenta al computar las causas incoadas y los delitos asociados a las mismas las que se tramitan por sumario ordinario y por procedimiento ante el Tribunal del Jurado, al provenir en una inmensa mayoría de diligencias previas que luego se transforman, por lo que su contabilización independiente supondría duplicar las cifras.

Por último y como reflexión común a otras memorias anteriores recogiendo asimismo lo reflejado en las de muchas Fiscalías, no se puede perder de vista el hecho de que la incoación como diligencias previas como origen de la mayoría de los procedimientos origina una distorsión en cuanto a la determinación del delito que las origina, y sobre todo una disparidad que llega a cifras muy llamativas en algún caso, entre las incoaciones por un delito concreto y las calificaciones que se formulan por el Fiscal.

1.2.1 Delitos contra la vida e integridad física

Bajo este epígrafe común, se estudian por separado los resultados estadísticos de la actividad procesal de los distintos órganos judiciales y de las Fiscalías. Se siguen ofreciendo juntos ambos grupos, ya que comparten Título dentro del Código Penal, aunque sus escenarios presentan claras diferencias.

En los delitos contra la vida, que el Código Penal recoge bajo el epígrafe Del homicidio y sus formas, la información sobre causas abiertas en el curso del año debe ser objeto de reservas, como se viene poniendo de manifiesto en las memorias anteriores, ya que se incluyen las incoadas ante muertes o ataques graves contra la vida, cualquiera que sea su origen; lo que conlleva que se conforme un grupo con elementos tan dispares como suicidios, muertes naturales, accidentes fortuitos y las causadas por imprudencia. Como es sabido, los episodios mortales vinculados a ámbitos de violencia de género y doméstica no están diferenciados en esta materia, al carecer de un tipo específico, frente a lo que ocurre con los delitos contra la integridad física donde se cuenta con los de los artículos 153 y 173,

En el caso de los delitos contra la integridad física (lesiones) la distorsión producida por la enorme diferencia entre las incoaciones bajo la forma de Diligencias Previas y Urgentes, 862.000 y el número de éstas que desemboca en calificaciones del Fiscal, 19.700, es decir menos del 10 %, ambas cifras en números redondos, es el punto de partida de la reflexión a que nos llevan los datos de la estadística.

No es el primer año en el que se llama la atención sobre esta llamativa desproporción entre las incoaciones y las acusaciones finalmente formuladas por el Fiscal, entendiendo el pasado ejercicio que «una mejora en el sistema de registro, a la que no es ajeno el pleno funcionamiento de la nueva oficina judicial, debería traer como consecuencia un descenso en el nivel de incoaciones».

Por un lado es frecuente que un mismo hecho origine varias diligencias que posteriormente se acumulan en un solo procedimiento, dejando un rastro estadístico sobredimensionado. También son abundantes las diligencias previas que se incoan en función de partes remitidos por los Centros sanitarios en cumplimiento de su obligación legal de comunicar a los órganos judiciales cualquier hecho presuntamente violento. Muchas de estas lesiones son accidentales o fortuitas y por tanto desprovistas de trascendencia penal. Son muy numerosas las lesiones imprudentes producidas en el ámbito de la circulación viaria que se dilucidan como juicios de faltas, en la vía civil o acaban archivándose. Esto altera profundamente la valoración de las estadísticas relativas a procedimientos incoados por lesiones imprudentes. De hecho, Es difícil determinar con exactitud el porcentaje de procedimientos de esta clase que son archivados directamente o transformados en falta, sin duda muy numerosos.

Teniendo en cuenta que los datos de incoación están endémicamente afectados por tales circunstancias, el valor relevante que pueden aportar es el de su evolución interanual y el de referirse a hechos acaecidos durante el ejercicio estadístico.

En tal sentido, cabe señalar que el grupo de los delitos contra la vida aumenta en un 3 % y el de los delitos contra la integridad física se incrementa en un 12 %.

La evolución de las incoaciones en los delitos contra la vida es la siguiente:

Delitos de homicidio y sus formas	2013	2014	Evolución
Diligencias previas	1.799	1.856	+3 %
Diligencias urgentes	14	4	–71 %
Total	1.813	1.860	+6 %

Como se viene haciendo en textos anteriores dentro del grupo, distinguimos las formas intencionadas de las imprudentes, según el parecer del órgano que incoa y agrupamos homicidio y asesinato por la escasa concreción con que se hace la calificación en esta fase inicial del proceso.

	2013	2014	Evolución
Homicidio + Asesinato	1.176	1.245	+5,87 %
Homicidio por imprudencia	531	499	–6,02 %

La evolución de las incoaciones en los delitos de lesiones es la siguiente:

Delitos de lesiones	2013	2014	Evolución
Diligencias previas	722.195	790.526	+9,5 %
Diligencias urgentes	47.787	72.111	+51 %
Total	769.982	862.637	+12 %

En este grupo distinguimos las intencionadas, entre las que se cuentan las lesiones ordinarias, las cualificadas, las acaecidas en riña tumultuaria y las enmarcadas en episodios de violencia familiar, de las inicialmente consideradas imprudentes debido a la escasa precisión que tal calificación tiene en esta fase inicial.

	2013	2014	Evolución
Lesiones intencionales	644.063	624.164	–3 %
Lesiones por imprudencia	125.907	102.223	–18 %

Al abordar la información sobre las causas calificadas en este tipo de delitos hay que advertir que los homicidios intencionales y asesinatos en su mayor parte son calificados fuera del ejercicio estadístico en que se producen; solo las conductas que se tramitan como diligencias urgentes se califican en el año en que suceden los hechos. La misma regla cabe aplicar a las sentencias, ya que solo las que dimanan de estas diligencias se refieren a hechos con esa coincidencia temporal.

Se ofrecen a continuación los datos comparativos de las categorías delictivas más relevantes en relación con el año anterior.

Calificaciones MF	2013	2014	Evolución
Homicidio + Asesinato	877	762	–13 %
Homicidio por imprudencia	414	342	–17 %
Totales	1.291	1.104	–14 %

Calificaciones MF	2013	2014	Evolución
Lesiones	18.411	17.398	–5,5 %
Lesiones cualificadas	983	939	–4,5 %
Lesiones por imprudencia	2.414	1.358	–43,75 %
Totales	21.808	19.695	–9,70 %

En el caso de las lesiones calificadas, no se hace referencia a las que se enmarcan en el ámbito de la violencia doméstica y de género, que son objeto de tratamiento específico en el correspondiente apartado de la Memoria.

La situación resume un descenso generalizado, que tiene mayor peso e importancia en las conductas imprudentes en las que se produce una reducción de casi el 44 %. Su habitual conexión con los ámbitos de la seguridad vial y la siniestralidad laboral hace que se analice en el apartado respectivo de cada especialidad, pero se podría señalar, con las debidas reservas, como situación coyuntural propiciadora de dicha disminución el momento económico tan complicado, que disminuiría de un lado el uso de vehículos particulares, y de otro el de personas con trabajo, en situación por tanto, de sufrir percances laborales.

A continuación, los gráficos presentan el reflejo de estos delitos en las sentencias dictadas. Los delitos de homicidio y asesinato aparecen en las de los procedimientos sumarios y jurados, mientras que los demás delitos son susceptibles de aparecer en cualquier procedimiento. La disminución es notable en las conductas dolosas, mientras que se aprecia un repunte en el valor de los homicidios por imprudencia.

En el cómputo global, los delitos contra la vida e integridad física son el 8 % de los que se incluyen en las sentencias que se dictan, produciéndose un ligero aumento con respecto al 6 % del anterior ejercicio, dato del que no cabe sacar conclusiones de valor dado que, salvo raras excepciones, las sentencias se producen en años diferentes a la producción de los hechos.

1.2.2 Delitos contra la libertad

En el estudio de los resultados estadísticos de estas conductas, es razonable seguir utilizando la cifra de calificaciones por delito, que es mucho más significativa que la de incoaciones para exponer conclusiones acerca de la evolución y tendencias.

Como se observa la disminución es la tónica general excepto en las coacciones. Resulta más acusado el descenso de calificaciones en los delitos de amenazas, precisamente los más numerosos del grupo.

Centrándonos en el estudio de las amenazas, incluyendo las condicionales, y analizando las cifras debemos destacar que algo más del 50 % de las calificaciones proceden de la incoación de diligencias urgentes. Ello implica que se enjuician dentro del mismo periodo examinado.

Estos delitos representan el 5 % de las sentencias que se dictan, aumentando un punto porcentual respecto al año anterior.

1.2.3 Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales

Los delitos contra la libertad sexual constituyen una de las formas delincuenciales que mayor alarma despiertan en la sociedad, a pesar de que en números globales no superan el 1 % de las acusaciones formuladas en el periodo anual, debido al grado violencia que suele acompañar a estos ataques y la particular consideración del bien jurídico protegido a lo que hay que sumar el grado de dificultad para que se denuncien dado el ámbito familiar o mundo marginal en el caso de la prostitución y una vez denunciados lograr acreditarlos, por el ámbito de intimidad en el que se producen.

En este apartado se agrupan diversos tipos del Código Penal, si bien diferenciando entre conductas que se cometen teniendo a menores o a mayores como víctimas. Una vez más hay que señalar que dada la variedad de los tipos que se incluyen en estos delitos y la necesaria actividad selectiva que acompaña el etiquetado delictivo de las incoaciones hacen que no quepa extraer de estas, consecuencias criminológicas precisas, por lo que éstas deben concluirse de las calificaciones, donde la exigencia de concreción del tipo hace que la conducta quede penalmente definida.

La información sobre las calificaciones se representa en el siguiente gráfico:

Contra la tendencia manifestada en años anteriores, se produce una involución en la referida a los delitos con víctimas menores, que se reducen casi a la mitad, mientras que los cometidos contra los mayores suben ligeramente rompiendo la tendencia de ligero descenso.

El análisis de los distintos delitos calificados tiene el siguiente reflejo:

Hay un incremento de calificaciones en las agresiones y violaciones, abusos y exhibicionismo y un ligero descenso en prostitución y algo mayor en las conductas relacionadas con la pornografía.

Se aprecia un generalizado descenso en todo el conjunto donde las conductas más caracterizadas son las agresiones y abusos sexuales.

La gran mayoría de las calificaciones tiene lugar en el marco de los procedimientos sumario ordinario siendo su presencia en las diligencias urgentes y jurados muy residual.

Estos delitos constituyen el 1 % de los sentenciados, siendo los abusos y agresiones sexuales a mayores los que ocupan más de la mitad de los delitos por los que se condena.

Su representación gráfica sería la siguiente:

1.2.4 Delitos contra las relaciones familiares

Las figuras delictivas que se agrupan en esta rúbrica se pueden dividir en dos grandes grupos: por un lado, aquellas que atacan a la familia como institución jurídica civil y, por otro, el incumplimiento de los deberes de asistencia que incumben recíprocamente a los miembros integrados en la esfera familiar.

El primer grupo recoge delitos que se producen muy escasamente, tales como el matrimonio ilegal, la suposición de parto o la alteración de la paternidad, estado o condición del menor. El otro grupo acoge, con diferencia, el mayor número de incoaciones y calificaciones. Los más de 32.000 delitos recogidos en diligencias previas y urgentes del segundo grupo contrastan con los poco más de 120 que se producen en el primero; de este limitado conjunto solo se derivan 17 delitos calificados y 8 sentenciados, mientras que se cuentan por miles los delitos calificados y sentenciados en los ámbitos de protección.

Como se ha reflejado ya en las sucesivas memorias la conducta más caracterizada es el impago de pensiones, con gran diferencia respecto a las demás. Por la falta de precisión en la incoación, el quebrantamiento de los deberes de custodia y los abandonos de familia y niños responden en muchos casos a un mismo conjunto de hechos que circunstancialmente se incardinan en uno u otro delito; incluso algunos impagos de pensiones son etiquetados en su incoación de esa manera.

Se aprecia un cierto descenso de incoaciones en el impago de pensiones y abandono de familia, que puede tener su origen en una estabilización de la situación económica tras el gran impacto de los peores años de la crisis.

Los casos de presunta sustracción de menores para su entrega a familias distintas de la propia, sobre cuyo progresivo incremento en los últimos años se venía comentando, en este se marca claramente el punto de inflexión a la baja, habiéndose incoado 757 diligencias frente a las 780 del año 2013.

En cuanto a las calificaciones, el cuadro representa una situación, que se concreta en la evolución a la baja de todos los delitos, incluido el de impago de pensiones y en la consolidación del hecho de que las sustracciones de menores han ido disminuyendo hasta alcanzar una cifra de calificaciones que escasamente supera el 4 % de las incoaciones, lo que da idea de la cantidad de archivos que se están produciendo, a lo que se suma lo que antes se dijo sobre el punto de inflexión que supone el descenso de incoaciones.

Las calificaciones de este grupo de delitos contra las relaciones familiares solo tienen una presencia relevante en los procedimientos abreviados, donde constituyen el 5 % de las mismas, habiendo experimentado la baja de un punto porcentual en este ejercicio.

Estos delitos constituyen el 2,5 % de los sentenciados y su distribución está claramente dominada, casi a la par, por los delitos de impago de pensiones y los de abandono de familia.

No se puede dejar de destacar que siguiendo el descenso del impacto criminológico de este grupo, apenas una sexta parte de las causas incoadas han sido calificadas, lo que sin duda pone de manifiesto que ya la instrucción está dejando en el camino una parte muy relevante de los asuntos planteados.

Se puede por tanto insistir en lo deseable que sería la oportuna reforma legislativa sobre la materia que derivase a procedimientos de mediación penal reparadora que propiciara el cobro de las deudas debidas, eludiendo así el procedimiento penal.

1.2.5 Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico

Este apartado recoge un grupo de conductas de un enorme impacto en la sociedad y ocupa el primer puesto en cuanto al volumen cuantitativo en todos los aspectos, tanto en incoaciones como en calificaciones. Aunque también hay que destacar que se conforma agrupando diversas conductas heterogéneas que sobredimensionan esta categoría.

Las mismas consideraciones que se hacían con respecto a los delitos contra la integridad física, acerca del enorme volumen de incoaciones de diligencias de ambos tipos, que son automáticamente archivadas, caben con respecto a este grupo, dado que no pocas de las conductas que tienen entrada con esta denominación están incorrectamente denominadas.

El pulso anual se plasma en las incoaciones registradas en las diligencias previas y las urgentes, aunque la definición delictiva que se hace en las primeras está falta de calidad y no pocas de las conductas que tienen entrada por esta vía carecen en realidad de cualquier significado penal o tienen un fulminante recorrido judicial hacia el archivo por su difícil acreditación. Hurtos, robos con fuerza, estafas o apropiaciones indebidas, que tan abundantemente engrosan la incoación de las previas, son claro ejemplo de ello. Como el año anterior, las Fiscalías avisan de que incluso conductas más depuradas como el robo violento se pueden haber visto incrementadas artificialmente en virtud de simulaciones que, movidas por un clima de penuria económica, llevan a la presentación de denuncias buscando el eventual cobro de indemnizaciones a través de pólizas de seguro.

DISTRIBUCIÓN DE DELITOS CALIFICADOS

* Bajo la denominación de Orden Socioeconómico se han agrupado Estafas, Apropiaciones indebidas, Alzamientos de bienes, Quiebras, Concursos y Suspensiones fraudulentas, Alteración de precios en subastas públicas, Descubrimiento de secretos empresariales, Contra el mercado y los consumidores y Delitos societarios.

** Bajo la denominación de Daños se agrupan todos los daños dolosos e imprudentes, así como los informáticos.

*** Bajo la denominación Robos con violencia se incluyen estos y las extorsiones.

Las calificaciones se formulan tanto en diligencias urgentes como en otros procedimientos, con la particularidad de que las del primer grupo se refieren a hechos que suceden durante el año. La distribución porcentual se refleja en el siguiente gráfico.

Se reproducen las agrupaciones anteriores.

1.2.5.1 Delitos de hurto y robo con fuerza en las cosas

Una vez más hay que destacar el gran número de incoaciones frente al número final de los delitos calificados, habiéndose producido un descenso en las incoaciones de los hurtos respecto al ejercicio pasado de casi el –11 % cuando curiosamente las calificaciones aumentan un +3,6 %, lo que podría indicar cierta corrección del defecto ya tantas veces achacado al automatismo de la incoación, si no fuera por el gran desajuste con los calificados que apenas sí llega este año al 1,8 % de los incoados.

En el caso de los robos, las cifras de incoación son sensiblemente menores a los hurtos (–100.000) y sin embargo las calificaciones superan en 18.000 a las respectivas, y suponen un fuerte aumento respecto al año anterior, no sólo numérico (10.000 más) si no también proporcional, habiéndose calificado en 2013 el 3 % y subiendo este año al 5 %.

Además de las anteriores apreciaciones sobre los resultados numéricos, procede alguna reflexión sobre el porcentaje reflejado en los gráficos precedentes acerca de las calificaciones en los distintos tipos de diligencias. Así mientras en los hurtos un 41 % de las acusaciones ha tenido lugar en diligencias urgentes, produciéndose por lo tanto en el mismo periodo anual el hecho y su calificación y enjuiciamiento, sin embargo en los delitos de robo con fuerza en las cosas, sólo el 26 % de las calificaciones fueron formuladas en procedimientos de enjuiciamiento urgente, mientras el 74 % restante se redactaron en procedimientos abreviados, que superan como media el año de tramitación, no pudiendo por tanto atribuirse el hecho generador al año examinado.

Hay que volver a destacar como se tiene extendida conciencia de que grupos con distinto nivel de organización se mueven por el territorio nacional cometiendo estos delitos, actuando en función de la localización de centros comerciales y polígonos industriales o agrupaciones residenciales. Ello dificulta la investigación y el esclarecimiento de estos ilícitos.

Un factor al que hay que prestar atención y seguimiento es el de la existencia de una gran población de edad avanzada en el medio rural o que, aun en el urbano, vive con un importante grado de aislamiento. Este elemento viene favoreciendo la consumación de hurtos al descuido y determinadas estafas. La edad de las víctimas, e incluso de los potenciales testigos, favorece su embaucamiento y dificulta el posterior reconocimiento de los autores.

1.2.5.2 Delitos de robo con fuerza en casa habitada o local abierto al público

En este año han aumentado las incoaciones y al tratarse de una conducta más especializada, la información tiene menor margen de error, aunque se puede seguir produciendo el equívoco de incoación por meros robos con fuerza. La evolución de incoaciones y calificaciones es la siguiente:

Solo el 21 % de las causas incoadas terminan siendo calificadas habiendo aumentado en un 19 % respecto a las calificadas el año anterior.

De estas calificaciones sólo un 15 % se incoan como diligencias urgentes debiendo corresponder a aquellos supuestos de detención en flagrante delito.

Estos delitos causan gran alarma social, por lo que implican de violación de la más estrecha intimidad siendo fácil la identificación con las víctimas, y a que en no pocas ocasiones se ve acompañado por comportamientos especialmente violentos, ejecutados al encontrarse las viviendas habitadas, e incluso siendo buscada esa presencia de los moradores para obtener la máxima información de la ubicación del dinero o los objetos de valor.

Cabe aquí reiterar cuanto en el apartado anterior se señaló sobre actuaciones grupales y delincuencia organizada, habiéndose detectado en los más sofisticados grupos la utilización de mecanismos de apertura de cerraduras por medios electrónicos sin causar daños aparentes a la vivienda.

En un país con nuestra infraestructura turística y de ocio, con las connotaciones económicas que ello supone y las negativas que la delincuencia comporta para tal sector, no debe perderse de vista la incidencia de esta forma de delincuencia en edificios sitos en zonas turísticas, donde la mayor parte de las viviendas constituyen segunda residencia y solo están habitadas los fines de semana o durante la época veraniega, además de los robos en habitaciones de establecimientos turísticos.

1.2.5.3 Delitos de robo con violencia o intimidación

También se trata de una conducta especializada en la que la información asociada a las previas tiene menor margen de error. La evolución de incoaciones y calificaciones es la siguiente:

Solo el 9 % de las causas incoadas son finalmente calificadas. Los pequeños incrementos de incoaciones y calificaciones que se experimentaron el año anterior se cambian en el presente por cierta bajada no significativa.

1.2.5.4 Delito de usurpación

Aunque los delitos de usurpación sean de comisión relativamente poco frecuente, la situación de dificultades económicas que se viene atravesando, así como su evolución, justifican esta referencia. La evolución de incoaciones y calificaciones es la siguiente:

El incremento del 92 % en las incoaciones y del 131 % en las calificaciones de este ejercicio modifica la anterior situación de estabilidad.

Se ha de seguir poniendo de manifiesto que muchas conductas se dirigen contra los numerosos pisos que permanecen sin ocupar y que se han ido acumulado por algunas entidades financieras, ya sea por quiebra de la promotora que financiaban, o por ejecuciones hipotecarias sin detectarse que respondan a actuaciones grupales u organizadas, sino que se trata de familias que desalojan la vivienda por propia iniciativa tan pronto como se realiza el requerimiento judicial.

1.2.5.5 Delitos de estafa y apropiaciones indebidas

El dato de incoaciones asociado a las estafas y apropiaciones indebidas tiene un pobre valor como dato criminológico ya que, por un lado, se suman hechos carentes de cualquier tinte penal, mezclándose con disputas por incumplimientos contractuales de índole civilista y, por otro, no se es demasiado estricto a la hora de etiquetar la incoación. Tratándose de una actuación repetida, solo la evolución porcentual de las incoaciones puede tener algún significado, aunque con las máximas reservas.

En las calificaciones se repite el incremento del 8 % del año anterior. Solo el 6 % de las incoaciones generan calificación.

1.2.5.6 Delitos de defraudación de fluido eléctrico y análogos

Si años atrás sería claramente anecdótico referirse a una figura tradicionalmente marginal como esta, sin embargo en los últimos años su reaparición denota cómo la crisis socioeconómica tiene reflejo en el ámbito penal, tan sensible a la sociedad en la que se desarrolla. Las Fiscalías han traído a colación esta circunstancia, lo mismo que se han hecho eco de la reaparición de dinámicas delincuenciales que se tenían por caducadas.

El panorama de incoaciones y calificaciones es el siguiente:

Si en el ejercicio anterior se produjo un incremento del 20 % en las incoaciones y del 43 % en las calificaciones esta progresión no sólo se mantiene, si no que aumenta muy llamativamente, y así los actuales porcentajes de evolución son del 44 % en las incoaciones y de más del 36 % en las calificaciones. Si en el año 2009 apenas se estaba en las 1.067 incoaciones, hoy estas se han cuadruplicado, si bien no debe dejarse de notar que solo el 16 % de las incoaciones generan calificación.

1.2.5.7 Delitos contra la propiedad intelectual

La evolución de estos delitos está marcada en gran medida por la reforma operada en el Código Penal en 2010, que degrada a falta los actos de distribución al por menor de obras y productos ilícitos cuando el beneficio reportado al culpable no exceda de los 400 euros, conducta que se concreta principalmente en el fenómeno del tráfico callejero de estos productos. Su consideración como falta en la mayoría de ocasiones ha hecho que disminuyan las actuaciones policiales. En el ámbito de la propiedad intelectual, tampoco cabe ocultar que la autodescarga por los particulares ha llevado a que estos ya no acudan a tradicionales fuentes de provisión callejera.

Sigue preocupando la persistencia de estructuras bien organizadas para la distribución de artículos de acreditadas marcas (principalmente, ropa y complementos) que imitan con gran similitud los fabricados por sus legítimos titulares. Se trata de un fenómeno asentado, en el que el comerciante de géneros falsos se enriquece en perjuicio de los consumidores, de los comerciantes legalmente instalados y de las empresas fabricantes y distribuidoras.

El panorama de incoaciones y calificaciones es el siguiente:

Se observa una clara desproporción entre incoaciones y calificaciones, que limita las últimas al 24 % en la propiedad industrial y al 21 % en la intelectual, a pesar de que sería difícil concebir una incoación que no implique la identificación de posibles sujetos responsables. Si en el año 2009 se estaba en 3.834 incoaciones en propiedad intelectual, ha habido un descenso del 73 %; las que fueron 3.745 en propiedad industrial han experimentado un descenso del 41 %. Es como si la sociedad se hubiera acomodado a convivir con una cierta forma de ilegalidad respecto a la cual el derecho penal en todas sus dimensiones (reproche social, atención por parte del aparato de seguridad…) no se ha mostrado como una herramienta eficaz. A ello se suma el que si cuando se concibieron las diligencias urgentes se pensó en las mismas como un vehículo idóneo para la tramitación de estos procedimientos, se observa hoy que prácticamente han desaparecido de los mismos, muy posiblemente porque la modificación de la tipicidad ha derivado a falta muchas de las conductas que entonces eran delitos, mientras que la forma en que se producen e investigan estos ya no les hace tan idóneos para un trámite rápido como el de las urgentes.

1.2.5.8 Delitos contra los consumidores

Se hace desde aquí una somera referencia a un grupo de delitos que, aun tan presentes en la conciencia colectiva, resulta paradójico que solo hayan sumado 19 incoaciones y las mismas 19 calificaciones entre los delitos especialmente encuadrados en el capítulo que así se nomina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ataque al colectivo de consumidores se pueden encontrar en conductas delictivas de lo más variopinto, hasta el extremo de que las diligencias previas que se etiquetan como delitos contra el mercado y los consumidores son minoría.

En los años anteriores en esta Memoria se trataban específicamente varias modalidades de estos tipos como la problemática de los afectados por los productos financieros conocidos como preferentes, así como en el apartado que esta Memoria dedica a la Delincuencia Informática se abordan desde ese punto de vista comportamientos que tantas veces afectan a los consumidores. Estafas, daños, apropiaciones, defraudaciones de las propiedades especiales son figuras delictivas en las que la herramienta informática se ha especializado. Su aumento sigue siendo importante por la gran cantidad de estafas que se producen a través de Internet, otro ejemplo se da por la liberalización del mercado de suministros telefónico, eléctrico y de gas dio a luz una modalidad de fraude basado en el hecho de que la subcontratación por las grandes compañías de la captación de nuevos clientes, con incentivos económicos por las nuevas altas, generó que algunas de estas empresas subcontratistas llevaran a cabo toda una gama de conductas fraudulentas que tienen como nota característica la desigualdad de fuerzas entre las partes contratantes, de un lado grandes multinacionales y del otro los consumidores con sus respectivos contratos de adhesión.

1.2.6 Delitos de falsedad

Los delitos de falsedades suelen ser medio para la comisión de otros delitos, en general, estafa y apropiaciones indebidas. Si bien los tipos delictivos están muy definidos, no suele realizarse una adecuada calificación jurídica en el momento de la incoación de las diligencias previas. Lo más relevante es, por tanto, la comparación interanual de las diligencias previas y urgentes incoadas por estos delitos

Por ello se presenta en el siguiente gráfico la incoación para ofrecer una imagen más gráfica.

Las calificaciones presentaron la siguiente evolución:

Las sentencias condenatorias dictadas por delitos de falsedades en el año 2014 fueron 4.764 y en el gráfico siguiente se representan delitos de esta clase que dieron lugar a mayor número de sentencias condenatorias.

1.2.7 Delitos contra la Administración Pública

En este apartado se hace referencia al reflejo de la criminalidad en el conjunto de delitos que más específicamente recogen comportamientos atentatorios contra la rectitud e indemnidad de la Administración, algo que la corrupción suele afectar pero que no es sino una parte del escenario en que aquella se mueve. El apartado de esta Memoria que recoge la actividad de la Fiscalía Anticorrupción es indispensable para una visión completa de estos delitos.

El Código Penal define una serie de delitos bajo esta rúbrica que o bien tiene una mínima presencia en la realidad o su especificidad hace difícil asegurar su correcto registro en la incoación. Por ello se ofrecen a continuación unos gráficos con los datos que tienen una mínima presencia en calificaciones y sentencias, lo que garantiza una cierta calidad.

1.2.8 Delitos contra la Administración de Justicia

En el año 2014 se incoaron 70.297 procedimientos por estos delitos, siendo el más numeroso el delito de quebrantamiento de condena, con un total de 54.221 procedimientos incoados, lo que representa el 77% del total de las incoaciones por los delitos comprendidos bajo esta rúbrica.

Con gran diferencia numérica respecto al quebrantamiento de condena, tuvieron también una cierta presencia los procedimientos incoados por simulación de delito, 7.507, por acusación o denuncia falsa, 3.725, y por falso testimonio, 2.173. La evolución de incoaciones estos delitos en relación con el año 2013 es muy estable, por cuanto el año anterior se contabilizaron 71.720 incoaciones.

La comparación interanual de calificaciones por estos delitos se representa en el siguiente gráfico.

Los delitos de quebrantamiento de condena presentan por tanto una evolución estable con una presencia muy importante en este grupo de delitos tanto en incoaciones como en calificaciones y sentencias condenatorias. Es un fenómeno asociado en su gran parte a asuntos de violencia de género doméstica y, en menor medida, a asuntos de seguridad vial.

1.2.9 Delitos contra el orden público

En el año 2014 se incoaron un total de 27.762 procedimientos penales por delitos contra el orden público, lo que supone un descenso en relación al año 2013 en el que se incoaron por esta clase de delitos 34.754 procedimientos. Ello supone un descenso del 20%.

Como se viene diciendo, el dato de las calificaciones es el que ofrece una calidad comparativa más precisa y arroja a nivel nacional un descenso en calificaciones por este tipo de delitos del 21%. En el gráfico siguiente se realiza la comparación interanual entre los tipos penales por los que se emitieron un mayor número de calificaciones.

Las sentencias condenatorias dictadas en el año 2014 por los delitos más frecuentes contra el orden público se representan en el siguiente gráfico.